El pulso entre el Ministerio de Educación (Mineduc) y el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Guatemala (Steg) para que se haga pública la negociación del pacto colectivo sigue sin resolverse.

El Gobierno Central y la sociedad civil han elevado recursos legales a las distintas cortes para que la confidencialidad se levante; algunos están pendientes de resolverse.

Pablo Guerra, coordinador de Formación Ciudadana del Movimiento Cívico Nacional (MCN), conversó con Prensa Libre sobre las acciones que desde la institución han realizado con el propósito de que la población conozca el proceso y que se terminen los privilegios de los sindicalistas.

¿Por qué debe levantarse el secretismo en la negociación?

El objetivo es la publicidad en los actos públicos, porque es fundamental que los ciudadanos tengamos acceso a esta información; es un derecho humano. El MCN ha hecho varias solicitudes al Mineduc para conocer qué se negocia en el pacto colectivo del magisterio.

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Hicimos la primera el 31 de enero, y pedimos el pacto que estaba vigente y el expediente administrativo que se conformó durante esa negociación, hace dos años. La información nos la dieron fácilmente, porque el proceso ya había sucedido.

En la segunda, que es la del 27 de febrero, se solicitó la propuesta del pacto colectivo, las fechas de inicio de la negociación y los nombres de los integrantes de las comisiones de negociación. Recibimos un aviso de prórroga. Después, nos dieron la respuesta de denegatoria, argumentando la cláusula de confidencialidad.

Frente a estas negativas, ¿qué acciones legales han llevado a cabo?

La Ley de Acceso a la Información Pública establece un proceso administrativo que hay que agotar antes de utilizar la vía del amparo. Presentamos un recurso de revisión, que es puramente administrativo. Este sube al despacho superior de la ministra de Educación —Anabella Giracca—, que lo resuelve con el mismo argumento: no podían otorgarnos la información.

Acudimos, entonces, a la Corte Suprema de Justicia (CJS) a presentar un amparo —27 de mayo—, solicitando que el Ministerio de Educación nos dé la información.

¿Han interpuesto más recursos?

El lunes 15 de julio, presentamos dos acciones más. En la Corte Suprema de Justicia, un memorial para reiterar la solicitud de que nos otorguen el amparo provisional lo más pronto posible y que el ministerio nos dé la información. La segunda acción fue una solicitud ante el ministerio para que nos diera las actas de las reuniones que tienen semanalmente —el Mineduc y el Steg—, ya nos las entregaron y estamos en un análisis de los artículos que han sido aprobados.

Joviel Acevedo dijo que la ministra avaló, con una firma, la confidencialidad del pacto colectivo, ¿fue eso correcto?

Quizás no fue una decisión tomada pensando en las consecuencias o que hubiera un grupo de ciudadanos que fueran a pedir el pacto colectivo. Creemos que es una decisión política; sin embargo, no consideramos que sea correcta y apegada a derecho, porque las autoridades de todos los ministerios deben tomar en cuenta que todos sus actos son públicos.

¿Por qué mantener esa confidencialidad?

Beneficia y ha beneficiado a Joviel Acevedo como representante del Steg y a su séquito, porque les permite solicitar al Ministerio de Educación privilegios.

El permitir la confidencialidad, desde un punto de vista administrativo, evita las consecuencias de funcionamiento del Ministerio de Educación. Lo que queremos evidenciar es que hay cuotas de poder dadas al sindicato, específicamente a Joviel Acebedo, que coacciona al Gobierno de turno con paralizar la educación.

¿Cuáles serían esos privilegios?

La inamovilidad de los dirigentes sindicales, que no pueden ser destituidos de sus cargos durante su administración sindical y les otorgan cierta inmunidad 24 meses después de dejar el cargo. Pueden hacer y deshacer, cometer faltas administrativas, no ir a dar clases y no los pueden remover. Esos son privilegios absurdos e ilegales.

El otro privilegio son las licencias con goce de salarios.

Esto afecta a la calidad educativa, porque pausa el proceso de aprendizaje de los niños y esa meta de los 180 días de clases se resume a menos días.

¿El que Joviel Acevedo insista en el secretismo del pacto colectivo es para mantener sus privilegios? 

Sí, hay muchas cosas que se manejan esas negociaciones. Un tema muy sonado fue el seguro médico escolar, que no debería ser responsabilidad de un pacto colectivo de condiciones de trabajo, porque el pacto colectivo establecido en el Código de Trabajo es para regular las condiciones entre empleador y empleado, no para hablar sobre un programa de salud para los niños, porque no sabemos a nombre de quién están negociando. 

Tenerlo oculto le permite a Acevedo hacer estas negociaciones, le permite esa cuota de poder que ha tenido desde hace 15 o 20 años, que ha sido capaz de obligar a los Gobiernos, se ha convertido en un dictador de la educación. No importa qué ministro esté, él logra la foto de la firma del pacto colectivo con el presidente de turno y los ciudadanos no nos involucramos, cuando realmente tenemos que pensar en el futuro, que son los niños, y la educación es un derecho vital.

¿El sindicato dice que este es un derecho adquirido?

Aquí lo que debe prevalecer es la Constitución en la punta de la pirámide, después la Ley de Servicio Civil. No puede ser que se le sigan otorgando estos privilegios, alguien les tiene que poner el alto y tiene que empezar por la autoridad, por el ente rector que es el Ministerio de Educación, por la ministra, que debe tomar decisiones correctas, hacer que se cumpla la ley y los 180 días de clases.

¿Cuál debe ser la ruta para hacer público este pacto colectivo?

Desde el inicio hemos considerado que la ministra de Educación tiene la potestad para decidir en qué condiciones se va a negociar el pacto colectivo.

En la primera acta se menciona que Joviel Acevedo quiere mantener fuera a los medios de comunicación, para evitar un desgaste innecesario, cuando el desgaste lo vive la ministra con todas estas acciones, con el recurso de revisión, con denuncias en la PDH, en la Comisión Nacional contra la Corrupción, por un amparo de Corte de Suprema de Justicia.

Un primer paso es hacerlo público, tener un diálogo nacional sobre el futuro de la educación y no cerrar las puertas. El interés superior del niño tiene que prevalecer.

No estamos en contra de la sindicalización, ni a que exista un pacto colectivo, sino en contra de los privilegios, de las ilegalidades y de las cuotas de poder dadas a personas que no deberían tener poder, pues esto afecta el proceso de aprendizaje.

En Alta Verapaz un grupo de sindicalistas no deja tomar posesión al director Departamental que fue elegido por la ministra, ¿qué opinan al respecto?   

En qué cabeza cabe que un ministro no pueda contratar y dar nombramiento a las personas que considera son las adecuadas para ciertos puestos porque hay un grupo que no los deja. Es una irresponsabilidad el que se le hayan dado estas cuotas de poder, son abusos de autoridad, son coacciones y afecta los procesos administrativos el que no haya un director departamental.

Por las cuotas de poder dadas a los sindicatos es que suceden estas cosas, que se sienten con impunidad, con poder que no deberían de tener, es una estructura de corrupción, que viola el derecho a la educación de los niños, la Constitución y la Ley Orgánica del Organismo Ejecutivo. 

¿Cómo esperaran que la CSJ resuelva los recursos que han presentado? 

Urge que nos otorguen el amparo provisional para realmente conocer el pliego de peticiones del sindicato, para hablar de que se caen sus privilegios, para mostrar esa transparencia que el Gobierno central ha dice tener y que los guatemaltecos tengamos acceso a la información. 

¿Se corre el riesgo de que la CSJ resuelva cuando ya se haya firmado el pacto?

Sí, por eso presentamos el memorial, para reiterar esa solicitud del amparo, para que resuelva lo antes posible. Vamos a cumplir dos meses sin una respuesta, y existe el riesgo de que nos quedemos sin materia.

¿El Mineduc tiene que mantenerse firme en hacer pública la negociación? 

Sí, y es lo correcto y es lo que tienen que hacer, apegarse a Derecho. La ministra ha mostrado voluntad de hacerlo público y tiene que mantenerse firme.