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No hay una estimación precisa para Guatemala, pero lo cierto es que el impacto del nuevo coronavirus en el país traerá más pobreza, la cual por ahora se calcula alcanza a seis de cada diez guatemaltecos.
“El coronavirus agrava lo que se vivió el año pasado con los efectos de la sequía; preocupa su impacto sobre los hogares que ya tienen complicación alimentaria, pero también la extensión del problema, porque hogares que no llegaban a ese nivel de gravedad van a comenzar a experimentarlo en las próximas semanas, por esa reducción tan dramática en los ingresos y del incremento de precios de los alimentos”, dice Iván Aguilar, jefe del Programa Humanitario de Oxfam.
Las restricciones implementadas por el Gobierno para contener el virus en el país, y que son necesarias, han tenido un efecto colateral en los hogares, principalmente los dedicados al trabajo informal, como los vendedores ambulantes y pilotos de buses, que han visto colapsadas su fuente de ingresos económicos desde hace siete semanas -comienzo de la cuarentena-, y que están sintiendo la escasez de alimentos de manera drástica.
Con ellos está sucediendo lo mismo que ya ocurre con los habitantes del Corredor Seco, se están quedando sin recursos y pronto entrarán en inseguridad alimentaria severa, y para Aguilar, una evidencia de ello son las banderas blancas que desde hace unas semanas se asoman en las casas y por las calles como un llamado de auxilio de quienes viven en penuria.
Aumenta el número de afectados
Al comienzo de este año se sabía que 2.3 millones de guatemaltecos necesitaban ser atendidos con alimentos, de ellos, siete de cada diez ubicados en las áreas rurales, según datos de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesán).
Maritza Méndez, secretaria de Sesán, señala que previo al covid-19 la inseguridad alimentaria y nutricional ya venía exacerbándose y por las medidas de contención ahora abarca a población más allá del Corredor Seco, como en los departamentos de Huehuetenango, San Marcos, Quiché o Alta Verapaz, así como también en las ciudades.
“Es una situación totalmente atípica y nueva para el país, está afectado no solo las áreas rurales como usualmente sucede sino también al área urbana, particularmente comenzado en el área urbana, porque hay más concentración de personas, mayor posibilidad de contagio, y que comiencen a ver más personas en cuarentena, y por lo mismo no están saliendo a trabajar”, dice Méndez.
Del total de personas en seguridad alimentaria, 0.5 millones están en una condición severa, pues muchos ya vendieron sus pertenencias para tener algo de dinero para poder comer, hoy no tienen ingresos y están comiendo una o dos veces al día.
Un incremento en casos de desnutrición aguda
“Esta crisis de covid-19 puede agravar la situación de inseguridad alimentaria y nutricional de las familias, y la consecuencia al final se verá en más casos de desnutrición aguda principalmente”, señala Andrea Aldana, Defensora de Seguridad Alimentaria Nutricional de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH). Esta condición afecta principalmente a los niños menores de cinco años, a quienes les necesario ubicar para que sean atendidos.
A esta fecha no se descarta que los casos por desnutrición aguda se hayan incrementado en el país, sin embargo, no puede saberse, ya que desde enero pasado el Ministerio de Salud no actualiza dichos datos.
Para el diputado Jairo Flores, coordinador regional del Frente Parlamentario contra el Hambre, no tener esta información actualizada es como caminar a oscuras, y más en un momento de crisis como la provocada por el nuevo coronavirus. Por esa razón y para atender el tema de la desnutrición, el hambre estacional y los efectos del coronavirus en los pequeños agricultores, este jueves citarán a personal de la Sesán, del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación (MAGA) y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para conocer el trabajo que se realiza para atender a esta población vulnerable.
“Cada semana las áreas de salud tienen que reportar estos casos a nivel central y son datos importantes, porque estos orientan en la toma de decisiones, más ahora que la situación de inseguridad alimentaria y nutricional de la población se puede ver más afectadas por la crisis sanitaria del covid-19”, refiere Aldana.
Ante la falta de actualización de estos datos, la PDH envió el pasado 20 de abril una solicitud por escrito al Ministerio de Salud para que diera información de la sala situacional de morbilidad y mortalidad de desnutrición aguda desagregada por edad, sexo, municipio y departamento. Según Aldana, culminó abril y no llegó la respuesta por parte de la cartera.
La Instancia de Consulta y Participación Social (Incopas) también requirió que los datos estén al día, y pidió que el informe fuera presentado en la pasada reunión del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conasán) celebrado el 22 abril, sin embargo, el punto no fue presentado. Además solicitó que se informara qué tan abastecidos están los servicios de salud con insumos para el tratamiento médico y nutricional de acuerdo a los protocolos del Ministerio de Salud, información que aún está pendiente.
Pedirá, además, que se haga un Conasán extraordinario para tratar puntos como el convenio entre el Ministerio de Salud, la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesán) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) para la entrega de alimento complementario a la población infantil.
En este punto, Méndez indica que como Sesán se han enviado varios oficios al Ministerio de Salud para obtener la cantidad de casos de desnutrición aguda que hay hasta la fecha, pues afecta el no saber dónde están los niños y quiénes son para darles asistencia inmediata.
Con el fin de solucionar el problema esta semana se reunirán con representantes de la cartera de Salud y con aliados para planificar una búsqueda activa de los niños con de desnutrición aguda en cada municipio y así atenderlos lo antes posible.
“Debido a las mismas medidas de contención muchas familias no están sacando a sus niños ni llevando a los centros de salud, tememos que hayan niños con desnutrición aguda que están en sus casas”, dice la secretaria de Sesán. Por ello, es necesario hacer visitas domiciliarias para encontrar los casos.
Programas de atención
Para atender a la población en inseguridad alimentaria y nutricional, Méndez indica que la Sesán trabaja junto con el MAGA y Mides en el programa de asistencia alimentaria con el cual se hará entrega de alimentos a la población vulnerable.
La secretaría se ocupa en validar los listados de los beneficiarios, en ver el contenido de las bolsas de víveres que se darán, para que estos llenen los requerimientos nutricionales de una familia promedio de cinco miembros, para cada día.
Son Q700 millones los que se invertirán en este programa, y son el Maga y el Mides quienes, según Méndez, tienen a cargo la compra de los productos. La entrega de alimentos aún se está coordinando, y según la hoja de ruta se estima que esto tomará alrededor de cinco semanas para ejecutarse.
Este es uno de los programas para atender la emergencia del covid-19, pero hay otros que el gobierno implementará en los próximos días para apoyar a la población a frenar el impacto en los hogares, sin embargo, para el jefe del Programa Humanitario de Oxfam tienen puntos ciegos que dificultan que la ayuda llegue a los más necesitados.
Con respecto al bono familiar de Q1 mil que se entregará por tres meses de acuerdo al consumo de energía eléctrica en las casas, señala que hay 388 mil 675 hogares que no tienen ese servicio en el país.
Otro inconveniente es que entre el 40% a 60% de los hogares en inseguridad alimentaria no tienen un teléfono, ni mucho menos internet, otro de los mecanismos establecidos para acceder a ese beneficio.
“Para estos hogares es urgente que se manejen mecanismos más aterrizados a esta realidad, donde haya procedimientos de registro que les permitan acceder de manera ágil a este subsidio”, agrega.
