A la 1.20 en las redes sociales los vecinos y grupos en resistencia denunciaron la presencia de agentes de Fuerza Especial Policial, el temor de los ambientalistas era que se llevara a cabo un desalojo de los vecinos en el ingreso a la mina.
La Procuraduría de Derechos Humanos envió a delegados que mediaron para lograr un acuerdo.
Los camiones ingresaron según la Policía a las seis de la mañana al complejo minero.
Desde el 2 de marzo de 2012 los pobladores de las comunidades tomaron acciones en rechazo la mina y bloquearon la entrada a la compañía pues instalaron chozas en el camino.
Los inconformes piden que se haga una consulta de vecinos para saber si el pueblo acepta este proyecto.
Durante los últimos años se han registrado varios enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los activistas, que no han podido ser desalojados del sector.