En esa lista de países donde la vulnerabilidad es alta para los defensores de los derechos humanos, Guatemala figura en el quinto puesto, con 16 muertes. Está por detrás de Brasil, donde se contaron 20; India, con 23, y Colombia, 24. Es Filipinas donde los casos llegan a 30, la mitad de casos están relacionados con la agroindustria.
Global Witness es una ONG internacional que desde 1993 trabaja para romper los vínculos entre la explotación de los recursos naturales, los conflictos, la pobreza, la corrupción y los abusos de los derechos humanos en el mundo.
El caso de Guatemala
“Dicen que somos terroristas, delincuentes, asesinos y que tenemos grupos armados aquí; pero en realidad solo nos están matando”, con esa frase de Joel Raymundo, del grupo Resistencia Pacífica de la Microrregión de Ixquisis, comienza el apartado dedicado a Guatemala, que en el 2017 contabilizó tres decesos de activistas, pero al año siguiente se quintuplicaron con 16.
El documento presenta como ejemplo de la vulnerabilidad de los defensores la muerte de los hermanos Neri y Domingo Esteban Pedro, que fueron ultimados al oponerse a un proyecto hidroeléctrico en la región de Ixquisis, San Mateo Ixtatán, en Huehuetenango.
Pero ellos, señala el informe, no han sido los únicos que han “pagado un alto precio” al oponerse a proyectos que se han apoderado de tierras ancestrales de los pueblos indígenas. Hostigamiento, amenazas, ataques físicos y legales son acciones contra las que han tenido que lidiar los defensores, afirman.
Global Witness anota que el actual gobierno, el de Jimmy Morales, no ha reconocido las preocupaciones de los pueblos indígenas y ha sido “cómplice en la estigmatización de las personas defensoras”.
Insta, además, a las próximas autoridades a tomar “medidas relevantes para enfrentar la rápida escalada de ataques contra las y los guatemaltecos que exigen respeto a sus derechos territoriales y a un medio ambiente saludable”.
La vulnerabilidad de los defensores en el país también se evidencia en el informe que fue presentado en mayo por la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Nacionales Unidos para los Derechos Humanos en Guatemala (OACNUDH) titulado “Situación de las personas defensoras de derechos humanos en Guatemala: Entre el compromiso y la adversidad”.
El documento señaló que durante el 2017 se dieron en el país 493 ataques y agresiones, entre ellos 13 asesinatos hacia quienes abanderan la lucha por los derechos humanos. Al año siguiente los ataques fueron 391, y los crímenes se duplicaron, se contaron 26.
La mayoría de los ataques fueron contra defensores del área rural y podrían estar relacionados con la defensa de tierras, territorios y recursos naturales, situación que afecta principalmente a los pueblos indígenas.
De cuerdo con Jordán Rodas, procurador de los Derechos Humanos, en esta problemática hay intereses económicos en juego y el irrespeto al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales contribuye a ello, pues este manda la consulta a los pueblos originarios previo a que inicie cualquier proyecto. “Es una mala práctica del gobierno, poniendo en riesgo la armonía social y la propia inversión privada”, expresó a Prensa Libre.
Las cifras de ambos informes, a criterio del defensor del Pueblo debe “preocuparnos como país, pues se trata de seres humanos” que han perdido la vida por defender sus tierras y el medioambiente, pero la “indiferencia social” no le da la importancia que merece al tema. “También la inacción de las autoridades gubernamentales es preocupante”, agrega.
Problema global
En el 2018, tres personas fueron ultimadas por semana en el mundo, refiere el informe, mientras que muchas más fueron amenazadas e intimidadas por defender los recursos naturales y sus tierras, mientras que los tribunales y sistemas de justicia son manipulados para criminalizar a las personas defensoras.
“No podemos resolver una crisis sin tratarla como una crisis…si es tan imposible encontrar las soluciones dentro del sistema, entonces… deberíamos cambiar el sistema”, dice la sueca y líder activista climática Greta Thunberg.
Ente las recomendaciones que deja el documento está combatir las causas estructurales, entre ellas la corrupción e impunidad, así como respetar los derechos territoriales de las comunidades. Además de apoyar y proteger a las personas defensoras, y garantizar la rendición de cuentas.
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