La puntuación que recibe es de 2.86 puntos de un total de 10, lo que marca un descenso paulatino desde que comenzó a publicarse este índice en 2020, cuando aparecía con un puntaje de 4.04.
En el ranking las primeras posiciones las ocupan Uruguay con una calificación de 6.99, seguido de Costa Rica (6.76) y de Chile (6.67), estos, según el análisis, “tienen más probabilidades de que los actores corruptos sean enjuiciados y sancionados”.
Pero en el otro extremo de la lista es donde se ubica a Guatemala solo por delante de Bolivia (2.56) y Venezuela (1.46). En estos países que tienen el puntaje más bajo la probabilidad de que la impunidad continúe es mayor.
Son 14 variables las que se miden en el CCC distribuidas en tres grandes temas: Capacidad legal, Democracia e Instituciones Políticas, además de Sociedad Civil y Medios de Comunicación. En general las puntuaciones cayeron en 10 de los países estudiados, Guatemala se encuentra en ese grupo.
De acuerdo con Valeria Vásquez, de Control Risks que publica el informe, la calificación que obtiene Guatemala adquiere mayor relevancia en el contexto del presente proceso electoral.
“Es indicativo de que el país llega a las elecciones en un estado bastante frágil, tanto de democracia como de falta de transparencia. Esta caída también toma más relevancia dado que desde el comienzo de la campaña electoral ha habido varias irregularidades que provocan más desconfianza en el sistema electoral y político del país”, agregó.
El caso guatemalteco
El informe refiere que hay un retroceso en variables claves que influyen en el deterioro democrático de Guatemala en los últimos años, como la relacionada con los procesos legislativos y de toma de decisiones, que descendió 56%, la eficacia e independencia de los organismos anticorrupción tiene un 38% menos y la independencia del Ministerio Público disminuyó 50%.
Vásquez menciona que efectivamente la persecución a jueces y fiscales independientes y a periodistas es un síntoma del menoscabo del país en la capacidad de combatir la corrupción, y el riesgo de que se intensifique es alto.
“Hoy en día no existe voluntad política para combatir la corrupción. Este deterioro se puede intensificar a un más. En Guatemala, el blindaje a las voces críticas ha provocado que varios jueces, fiscales y periodistas independientes huyan del país”, mencionó, y pese a que el país no ha llegado a un estado como el de Nicaragua, en donde no hay ningún tipo de libertades, incluida la libertad de expresión, sí se encamina a una situación similar, como agregó.
Hay dos variables en las que el país mejoró, la relacionada a los avances en la movilización de la sociedad civil contra la corrupción, que tiene 8% más, y la de las comunicaciones digitales y las redes sociales, que aumentó un 5%.
En este punto el análisis hace hincapié en la exigencia de los ciudadanos por la rendición de cuentas, con las manifestaciones que se dieron entre agosto y septiembre pasado por la corrupción percibida y la falta de independencia judicial.
“La población está demandando más responsabilidad por parte de las autoridades. Sin embargo, el factor de la represión y persecución contra voces críticas probablemente este generando cierto temor a salir a las calles. En este contexto, es poco probable que al menos en el próximo año suceda lo que pasó con Baldetti y Pérez Molina (manifestaciones), sobre todo porque en el primer año del siguiente gobierno todavía – al menos en discurso – habrá cierta intención de mejorar la situación”, indica Vásquez.
Nada alentador
La falta de capacidad de Guatemala para perseguir la corrupción viene de tiempo atrás. “No nació con el gobierno de Giammattei, pero si se intensificó. El problema es de raíz y es bastante difícil que una nueva administración logre mejoras sustanciales en el marco institucional. Probablemente el camino debería iniciar en eliminar a ciertas personas de cargos públicos, sobre todo en la Fiscalía”, dice.
Para remediar este escenario se necesita voluntad política por parte de las autoridades, incluido el Ejecutivo, como dijo Vásquez.
“Desde que se publicó la primera edición del Índice, hemos visto como oficiales de alto rango e instituciones claves en el combate contra la corrupción e impunidad han menoscabado la integridad y transparencia del sistema judicial. Sin una voluntad política para mejorar esta situación será poco probable una mejora, e incluso podríamos presenciar un deterioro o estagnación en la próxima edición”, sentenció.
El puntaje más bajo que se observa para Guatemala en las 14 variables medidas es el asignado al independencia y eficacia de los organismos anticorrupción que aparece con 0.83, la independencia y recursos de la Fiscalía General y de los agentes de investigación 0.83, y procesos legislativos y de gobierno 0.53.
En la región
El informe menciona que las puntuaciones cayeron a nivel general, por lo que la corrupción es un reto en toda América Latina, pues el 70% de los participantes en este índice señalaron que está entre las principales preocupaciones de los habitantes de los países, junto a la delincuencia violenta, la pausada recuperación económica como daño colateral de la pandemia del covid-19 y el retroceso de la democracia. Mientras que el “entorno anticorrupción” se observa menos activo y movilizado que en años anteriores, es un retroceso que no se da de golpe, sino que desarrolla con el tiempo.
Este índice se basa en datos públicos y privados y en una encuesta hecha entre expertos en anticorrupción de Control Risks, del ámbito académico, sociedad civil, medios de comunicación y del sector privado. La primera edición se hizo en el 2020 y se incluyó a 15 países que en conjunto representan el 96% del PIB de América Latina.
