La Comisión de Gobierno Abierto y Electrónico afirmó que trabaja en un proceso mediante el cual para fin de año todas las instituciones de Gobierno habrán puesto a disposición de la sociedad toda la información pública de oficio actualizada y en formato de datos abiertos.
Esto significa que toda la información que esté en los sitios oficiales de las instituciones, y que ordena la Ley de Acceso a la Información Pública, como mínimo estará disponible en un formato de excel o algún otro que sea editable.
Actualmente, la mayoría de la información que publican en su sitio web las entidades de Gobierno está en formatos pdf que no se pueden editar, o peor aún en fotografías lo cual hace prácticamente imposible armar bases de datos, una simple comparación y mucho menos hacer estudios.
“Las instituciones tienen sus portales, pero la información publicada ahí está de tal forma que no es accesible, son fotos, PDF’S o algún formado que no se puede leer y si uno quiere hacer un análisis con varias instituciones es una locura”, aseveró Enrique Cossich, director ejecutivo de la Comisión.
Mal calificado
Guatemala no suele ocupar buenas posiciones cuando se evalúan a los países en transparencia. El Indicador Mundial de Datos Abiertos posiciona al país en el puesto 56 de 94 naciones evaluadas.
Mientras que en el Barómetro de Datos Abiertos que de una calificación de 0 a 100 puntos, Guatemala obtiene un resultado de solo 24 y se ubica en el puesto 63 de 114 países.
Contar con datos abiertos permitiría avanzar en estas listas y posicionaría mejor al país en clasificaciones de transparencia y lo haría más competitivo y como resultado más inversionistas se podrían interesar en venir a Guatemala.
Pero más que eso lo importante es que habría en internet toda la información a disposición de expertos, analistas o tanques de pensamiento para hacer una diversidad de análisis sobre la situación de país para aportar soluciones a las múltiples problemáticas.
“El Estado debería ser el primer interesado en que la data esté disponible”, dice Cossich al respecto.
“Nosotros como funcionarios puede que no se nos ocurran qué hacer con los datos, pero en la calle la gente puede hacer maravillas y es nuestra obligación como funcionarios poner a disposición esa data y es lo que muchos no entienden”, añade.
Al ser consultado de si la Comisión ha encontrado resistencia en las instituciones gubernamentales para publicar su información en formato de datos abiertos, Cossich cree que lo que sucede es que las personas se han acostumbrado a hacer las cosas de cierta forma porque “así lo han hecho toda la vida” y no entienden por qué motivo deben hacerlo distinto, por lo cual “hay que cambiar el paradigma”.
“Hay quienes piensan ‘no voy a dar esa información’, y nosotros somos empleados del pueblo, tenemos que servirles bien. El funcionario debe aprender a hacerle la vida más fácil a las personas que servimos, pero no es resistencia sino falta de conocimiento”, puntualizó.
A manera de ejemplo, el director de Gobierno Electrónico de la Comisión, Rolando Alonso, cuenta cómo en Reino Unido el Gobierno se ahorró 22 millones de libras esterlinas cuando un ciudadano tomó los datos abiertos sobre medicamentos y recetas y notó que en ciertas regiones del país solo se recetaban medicamentos más caros.
Al hacer el análisis y publicarlo el Gobierno lo adoptó y se ahorró esos recursos. “Esto no tiene límites”, destaca Alonso.
No es sinónimo de transparencia
Para Gabriela Ayerdi, investigadora de Acción Ciudadana, es positivo que por fin las instituciones publiquen su información en datos abiertos puesto que ello significa que se cumple con un mecanismo de rendición de cuentas; no obstante, aseveró que esto “no quiere decir que las instituciones sean más transparentes”.
“Para efectos de transparencia esto no es todo. Porque no hay una receta para ello, es cuestión de cultura, por ejemplo, de tener mayores canales de participación ciudadana”, añadió Ayerdi.
Respecto a la disponibilidad de la información también consideró oportuno hacer un llamado a la población para hacer un uso responsable de estos datos, cuando estén listos y no utilizarlos para tergiversar y desinformar a la población.
Sería por voluntad
Los funcionarios de la Comisión reconocen que estos procesos no son obligatorios por ley por lo cual su cumplimiento sería “por voluntad”.
En ese sentido, Ayerdi considera que, al no contar la Ley de Acceso a la Información Pública con un reglamento, se podría trabajar en uno que incluyera la obligatoriedad de que las instituciones publiquen su información en datos abiertos.
Capacitaciones
Por el momento, la Comisión trabaja en la capacitación de los 14 ministerios. Posteriormente se integrará un comité que tendrá representantes de todos las carteras y cuyo objetivo será comenzar a transformar la información en datos abiertos, uno de los principales objetivos de la Política Nacional de Datos Abiertos.
Además, se trabaja en la instalación de un sitio web de datos abiertos donde se agruparía a todas las instituciones gubernamentales —que se había lanzado en el gobierno pasado, pero que se quedó estancado—, también se busca la homologación de los sitios web de todos los ministerios.
Guatemala se adhirió en mayo pasado a la Carta Internacional de Datos Abiertos, con lo cual se adoptaron los compromisos de que los datos deben ser: abiertos por defecto, oportunos y exhaustivos, accesibles y utilizables, y comparables e interoperables.
Finalmente, también deben procurar mejorar la gobernanza y participación ciudadana y el desarrollo incluyente y la innovación.
Sin embargo, aparte de estas características expertos creen que los datos abiertos deben ser accesibles para la mayor cantidad de usuarios, es decir, no requerir formularios web o navegadores específicos.
Además, tienen que ser automatizables, incluyentes y que permitan el acceso anónimo. Estar en formatos libres y no deben contar con licencia de propiedad o sea no deben estar sujetos a ningún reglamento de derechos de autor, patente, marca registrada o secreto comercial.
Trámites sencillos
Posteriormente la Comisión le apunta a dinamizar todos los procesos y servicios que las instituciones gubernamentales prestan a la ciudadanía, ya que Guatemala es uno de los países con mayor cantidad de trámites, según instituciones financieras internacionales.
La mayoría de estos servicios no están disponibles por medios digitales y para completarlos las personas todavía deben ir en persona a hacerlos y cuando el proceso involucra a varias instituciones todo se complica.
“El Estado tiene que ser más eficiente en la forma cómo entrega los servicios a los ciudadanos y eso implica que se debe usar la tecnología para poder hacerlos desde la casa” mediante el uso de firmas electrónicas, explica Cossich.
El funcionario critica que las instituciones todavía piden fotocopias legalizadas del DPI (Documento Personal de Identificación) lo que implica costos y pérdida de tiempo, cando con este documento al ser escaneado debería contener toda la información en línea.
Al hablar de plazos, Alonso explica lo ideal es que fuera rápido, pero “hay que comprender que la infraestructura —informática— como computadoras y equipo adecuado”.
