También se les hizo saber, añadió, que debían entregar su certificación de áreas pobladas durante julio pasado, pero solo 160 de las 340 municipalidades lo hicieron.
Agregó que también se informó a las municipalidades que, de acuerdo con la nueva metodología, cuando una comuna no enviara ninguna certificación la opción técnica era tomar los datos del censo del 2002.
No obstante, Gómez expuso que las municipalidades aún pueden entregar sus certificaciones; de hecho, varias ya lo han proporcionado y hasta este viernes, el INE reporta que cuenta con los expedientes de 233 alcaldías.
El INE continuará con la recepción de documentos, por lo cual hizo un llamado a los alcaldes para que provean la información de sus lugares poblados en las oficinas centrales de la institución.
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Gómez indicó que las certificaciones de al menos cinco municipios se analizan debido a que presentaron datos “más altos de lo que esperábamos” y erán técnicamente inviables.
Al respecto, Carlos Ortiz, asesor de estadísticas del INE indicó que los expedientes una vez ingresan deben pasar por un proceso de verificación.
El subgerente del INE no quiso proporcionar el nombre de los municipios para no “etiquetar a las municipalidades” de si alteraron las estadísticas de los lugares poblados.
“Se analizan si hay casos que por algún error algún documento mal ingresado que por poner 10 aldeas ponen 100 se analiza si esta información está dentro de los parámetros estadísticos aceptables”, afirmó.
Según la información provisional del INE en Guatemala hay 11 mil 653 lugares poblados, tres mil 203 aldeas y ocho mil 503 caseríos.
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Acusa a institución
Consultado el presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), Edwin Escobar, sostuvo que tomar el censo del 2002 como base para levantar el RLP es ilegal y advirtió que presentarán una denuncia penal en contra de las autoridades del INE si insisten en utilizarlo.
Según Escobar, quien también es alcalde de Villa Nueva, el Código Municipal establece que cuando un municipio no actualiza sus datos deben tomarse en cuenta los del año inmediato anterior.
Reclamó por qué el INE no valida los datos recientes cuando desde hace 16 años esa misma institución los ha tomado como certeros.
El presidente de la Anam aseguró que se reunió con las autoridades del INE y de Segeplan el jueves pasado y acordaron que se utilizaría como base para la distribución del situado constitucional el registro que se usó para el 2018, por lo cual pensó que en la conferencia de prensa el INE iba a aclarar que se utilizaría la base de datos de este año para las asignaciones del 2019.
“No se puede distribuir el dinero a nivel nacional con un censo del 2002 cuando muchos centros poblados no existían, ahora existen y no lo pueden desconocer”, precisó Escobar.
“Si insisten en hacer la distribución con el censo del 2002 la denuncia que no pusimos ayer —el jueves— la ponemos la próxima semana porque es ilegal distribuir con un censo de hace 16 años”, subrayó.
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