El magistrado Ranulfo Rojas, presidente de la Cámara Civil, explicó que varios de los menores han sido entregados a familiares, quienes se harán cargo de su cuidado.
“Nuestros jueces van a tomar la decisión de hacer la entrega de los menores a familiares, previa evaluación psicológica y social. Queremos constatar que serán entregados de una manera adecuada”, aseguró Rojas.
El juez de Paz Edilmar Fuentes, quien desde el pasado 9 de marzo permanece en el recinto, indicó que al momento 79 internos han sido entregados a parientes. Otros 300 fueron trasladados a centros de abrigo temporal, mientras 72 continúan en el lugar, esperando a ser entregados a familiares o que los reciban en otros hogares.
Rojas aseguró que durante el fin de semana dos jueces de Paz permanecerán en el lugar para verificar las condiciones en que se encuentran los albergados.
Agregó que la jueza de Paz de San José Pinula, que no hizo las exhibiciones personales en favor de los internos del Hogar Seguro, estará sujeta a proceso interno.
Buscan propiedades
El presidente Jimmy Morales, después de una visita al Hospital Roosevelt, donde revisó la atención que se les brinda a las víctimas, indicó que con los cambios a las leyes del Presupuesto y de Contrataciones del Estado se permitirá la cotización, valuación y compra de propiedades para dar una “solución definitiva” al problema.
En cuanto a los adolescentes que seguían en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, el mandatario dijo que se ordenó llevarlos a distintos hogares temporales, en donde la Procuraduría General de la Nación (PGN) y otras instituciones verifican que las condiciones sean las mejores para que los puedan permanecer un tiempo.
“Un tiempo que nos permita tomar las disposiciones como comprar los inmuebles que hasta este momento se ha discutido, que puede ser entre 10 y 15, para desconcentrar los centros”, explicó Morales.
El gobernante repasó los meses anteriores y mencionó que en octubre pasado la cantidad de niños, niñas y adolescentes albergados en el Hogar Virgen de la Asunción llegó casi a 850, pero que ese número bajó casi a 500 la capacidad del lugar.
“Sin embargo, por orden de juez, muchos niños fueron regresados a ese centro, ya que en marzo se volvía a registrar casi 600”, agregó.
Responsabilidad
Tanto el presidente como el vicemandatario Jafeth Cabrera rechazaron que la tragedia ocurrida el miércoles sea considerada un “crimen de Estado”, pese a que reconocen que el Estado tiene responsabilidad.
“Hay que esperar que los tribunales vean cómo estuvo la situación, quiénes son los responsables, para poder decir que es un crimen de Estado. Creo que es una ligereza también tomar un tema de esta naturaleza cuando nosotros, con el presidente, estamos trabajando en los ejes de desarrollo del país”, expuso el vicegobernante.
Añadió que la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio envió un listado de inmuebles que podrían ser considerados para ser utilizados como hogares, pero muchos, por ser pequeños, no cumplen las condiciones necesarias para ello.
