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Los encargados de realizar la supervisión son ocho inspectores técnicos, que deben vigilar las 6 mil 719 farmacias -839 cada uno- que tienen registro sanitario en el país, pero hay más que no están autorizadas, lo que complica el trabajo.
“No se dan abasto”, dice Erica Cohobón, jefa del Departamento de regulación y control de productos farmacéuticos y afines del Ministerio de Salud.
Ellos llegan a los departamentos y seleccionan los establecimientos, a través de un muestreo al alzar, pues el personal es insuficiente para hacer la revisión a cada farmacia. La semana pasada el trabajo se centró en Izabal.
Cohobón menciona que los encargados de los negocios están obligados a llevar un informe interno de los medicamentos que tienen en existencia y cada venta debe estar respaldada con una receta extendida por un médico, tal como lo establece la Normativa para la regulación de medicamentos de prescripción médica, antimicrobianos (antibióticos de vía oral y parental) y esteroides oftálmicos -Acuerdo 181-2019) publicado el pasado 7 de agosto.
Si no llevan ese control y han vendido antibiótico sin prescripción médica primero se les apercibe por escrito. De incurrir en la falta el siguiente paso es la multa monetaria, que puede ir de dos hasta 150 salarios mínimos (el salario mínimo es de Q2 mil 742). Luego el cierre del negocio.
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Desde que entró en vigencia el acuerdo, diez farmacias han sido amonestadas por escrito. La mitad incurrió nuevamente en la falta, por lo que son investigadas y podrían ser clausuradas.
“Llamamos a los representantes legales de la empresa y les indicamos que era la última vez que se les permitía que una farmacia estuviera vendiendo sin receta, de lo contrario, se les quitará la licencia sanitaria y se cerrará el establecimiento”, indica Cohobón.
En las tiendas también
Pero el problema va más allá de controlar las farmacias. Según el ministro de Salud, Carlos Soto, durante las inspecciones han detectado que laboratorios farmacéuticos están abasteciendo de antibióticos a tiendas de barrio, lo que aumenta el riesgo para el paciente de crear resistencia a estos medicamentos. Amoxicilina es uno de los fármacos que suelen vender.
Cohobón indica que este acuerdo ministerial vino a evidenciar dicho problema, pero el departamento a su cargo no tiene control sobre las tiendas. La cadena de distribución que supervisan es del laboratorio a las droguerías, y de estas a las farmacias.
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En este proceso cada eslabón del canal está obligado a mostrar su licencia sanitaria, y es el director técnico de cada laboratorio el encargado de velar porque los establecimientos a los cuales vende sus productos estén autorizados.
“No podemos controlar a todo el mundo pues no tenemos todo el personal para ello, pero en cada lugar hay un área de salud y les vamos a pedir su colaboración para que también vayan a controlar (la regulación de antibióticos)”. Carlos Soto, ministro de Salud.
En contra de la normativa
El próximo 7 de noviembre la normativa que regula la venta de antibióticos cumplirá tres meses de vigencia. La medida, dice el ministro, tiene como fin evitar el uso indiscriminado de estos fármacos, lo que produce resistencia bacteriana; es decir, que las bacterias mutan al punto que los tratamientos para combatir las enfermedades infecciosas ya no son efectivos. Es necesario usar medicamentos más fuertes y más costosos.
Aunque su cumplimiento beneficia a los guatemaltecos, menciona Soto, el acuerdo ha generado controversia. La Comisión de Derechos Humanos del Legislativo fue la primera en manifestarse en contra de esta restricción y argumentó que la población del área rural y de escasos recursos no tiene recursos económicos para pagar una consulta médica y obtener una receta, y que la red de salud pública es deficiente para atender a los pacientes.
La primera quincena de octubre, el diputado Pedro Méndez presentó ante la Corte de Constitucionalidad (CC) una acción de inconstitucionalidad contra el acuerdo ministerial, al aducir que violenta el derecho a la vida y a la salud.
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Soto señala que en dos semanas deberá presentar un informe ante la Corte. “La CC dio una constitucionalidad parcial negativa, que no nos afecta. Tenemos 15 días para hacer nuestro informe y explicar la necesidad de regular la venta de antibióticos bajo prescripción médica (…). Respetaremos la resolución que dé”, agrega.
A criterio de Cohobón, era necesario restringir la venta de antibióticos, cuando Guatemala ocupa el cuarto lugar de Latinoamérica con mayor farmacoresistencia y de esteroides oftálmicos (su uso desmedido puede causar glaucoma), y recomienda a la población no automedicarse y consultar al médico para que recete el fármaco más oportuno para tratar el padecimiento.
Además, sugiere comprar estos medicamentos solo con receta y acudir a farmacias que estén autorizadas. “Deben tener a la vista su licencia sanitaria. Evitar adquirirlos en tiendas y ventas callejeras, pues eso no ofrece ninguna garantía de que el producto tenga registro sanitario; muchas veces son falsificados”, concluye.
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