En Guatemala se cuentan cerca de dos millones de niños menores de 5 años, según el Censo Poblacional del 2018, que representan el 14% de los guatemaltecos, quienes en poco más de 10 años formarán parte de la población productiva.
El futuro no es esperanzador. Uno de cada dos menores padece desnutrición crónica, según la Encuestas Nacional de Salud Materno Infantil 2014-2015 (Ensmi), lo que coloca al país en el primero de América Latina y el sexto del mundo con la tasa más elevada de estos casos.
Esto es grave, pues afecta la supervivencia, la salud, limita la capacidad de aprendizaje y la productividad de la población. La baja talla es la señal más visible de esta condición ligada a la alimentación inadecuada e insuficiente durante los primeros dos años de vida, pero el peligro más severo es que afecta el desarrollo de las funciones cognitivas de los niños, y aumenta 16% el riesgo de reprobar al menos un grado escolar, lo que conlleva menos ingresos y mayor probabilidad de ser un adulto pobre.
La situación no es nueva. Este problema lleva décadas incrustado en el país. En los años 60 comenzó a visibilizarse, cuando se conocieron, por primera vez, los datos de cuántos niños estaban desnutridos. La primera Evaluación nutricional de la población de Centro América y Panamá de 1966, publicada por el Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (Incap), mostró la gravedad del flagelo.
Aquellos primeros datos revelaron que seis de cada 10 guatemaltecos menores de 5 años tenían desnutrición crónica o retardo del crecimiento, y evidenciaron una marcada diferencia entre las poblaciones rurales y urbanas.
El avance es poco, transcurrido medio siglo. De acuerdo con la Ensmi, el 46.5% de los infantes padece dicha condición. Pero los datos son de seis años atrás, así que la cifra actual podría ser mayor, debido al crecimiento de la pobreza, aunado a los constantes estragos del cambio climático que afectan principalmente a las poblaciones rurales, y la reciente crisis generada por la pandemia.
En el llamado Corredor Seco, del 2016 al 2019, la desnutrición crónica aumentó 6.9%, según un monitoreo antropométrico realizado por Oxfam a 20 mil menores, y que es citado en el informe Desnutrición crónica infantil en Guatemala: Una tragedia que el debate político no debe evadir, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).
El retardo de crecimiento es una condena de por vida, pero la desnutrición aguda es una sentencia de muerte. El año pasado hubo un crecimiento desmedido de casos en el país, 27 mil 913 niños menores de cinco años estaban en esa condición, de los cuales medio centenar falleció.
Historias agudas
Cuando Sandra llegó al Centro Nutricional de Dolores, Petén, su cuerpo era frágil y la piel pegada a sus huesos, a simple vista enfrentaba un cuadro severo de desnutrición aguda. Era el 2006 y tenía 8 meses. Alfredo, su hermano, con el mismo diagnóstico, tenía un año y medio.
Su recuperación tomó semanas, y permanecieron en el centro por casi tres años porque eran huérfanos.
Fue ahí donde Trinidad, una nutricionista recién graduada, conoció a los niños. Era su primer trabajo, atendió muchos casos, pero los hermanos marcaron su corazón, así que comenzó el proceso de adopción.
“Los niños que sobreviven a cuadros de desnutriciones aguda repetidamente en su infancia, lo más seguro es que cuando llegan a su edad adulta tengan retardo de crecimiento”, señala la nutricionista Olga Fuentes. Esto pasa con Sandra y Alfredo.
Las secuelas de la desnutrición durante sus primeros años de vida eran notorias. La baja talla para su edad fue la señal más visible, pero no la única. El desarrollo del lenguaje era lento, principalmente en el niño, que a los 3 años y medio tenía trastornos del habla que lo acompañaron a la escuela.
En el 2009, los hermanos fueron trasladados del centro en Petén a una casa hogar en Salamá, Baja Verapaz, donde vivieron ocho años. “Allí estaba siguiéndoles la pista”, cuenta Trinidad, quien durante todo ese tiempo los visitó, pendiente de su desarrollo y proceso de aprendizaje.
“A él le ha costado más, tenía problemas de comprensión, para memorizar. Sacaba malas notas y perdió primero primaria, tenían problemas del habla en los primeros años de estudio. Ella tenía menos dificultad para aprender. Creo que le afectó menos porque estaba más pequeña —que su hermano- cuando detectaron que tenía desnutrición, y se recuperó más rápido”, dice Trinidad.
La desnutrición crónica es consecuencia del desequilibrio nutricional sostenido en el tiempo y ocasiona dificultades en el aprendizaje, pues es en los primeros dos años de vida cuando el cerebro se desarrolla. Al interrumpirse este proceso, la capacidad cerebral puede ser afectada hasta 40%, han advertido entidades como Unicef y el Banco Mundial.
Hace dos años, Trinidad recibió la noticia de que sería la madre adoptiva de Sandra y Alfredo, que para ese entonces habían cumplido 13 y 14 años. Los adolescentes tienen ahora un hogar, pero las consecuencias de la desnutrición los acompañarán toda su vida, la baja talla y el deterioro en el área cognitiva son irreversibles.
Afortunadamente ellos fueron intervenidos a tiempo y contaron con el apoyo de Trinidad, por lo que el daño no es tan drástico, pero su otra hermana, la mayor, no corrió con la misma suerte. La joven tiene 22 años, apenas alcanza 1.50 metros de altura y solo cursó tercero Primaria. Los encargados de la niña desistieron de que continuara en la escuela, ya que su capacidad de aprender era lenta. Sin estudios, solo aspira a ser mano de obra barata.
Es allí donde se dice que no atacar la desnutrición crónica antes de los dos años —la Ventana de los Mil Días— es una condena de por vida, pues trunca el aprendizaje, acarrea deserción escolar y se perpetua el círculo de la pobreza, realidad a la que está expuesta la mitad de los niños guatemaltecos.
desigualdades
Guatemala tiene las cifras más altas de desnutrición crónica en la región y lleva décadas sin avances significativos para erradicarla, al contrario del resto de países.
En 48 años, El Salvador logró un descenso de 42.7 puntos porcentuales, mientras que Honduras redujo la tasa de niños menores de 5 años con retardo del crecimiento 29 puntos en 45 años; Nicaragua, en el mismo período de tiempo, bajó 22.9. Mientras que Costa Rica en 38 años disminuyó 22.5 puntos, indica el informe Evolución de la Nutrición en Centroamérica y República Dominicana: Temas de la agenda pendientes y problemas emergentes, del Incap.
La reducción en Guatemala alcanzó 17 puntos en 49 años. Del 63.5% de los infantes desnutrido en 1966 pasó al 46.5% en el 2015, disminución de 0.34 puntos por año.
La condición del país está por encima del promedio en Latinoamérica, incluso de Haití, considerado el más pobre, en donde, con una renta per cápita cinco veces menor que Guatemala, la desnutrición crónica afecta a 22 de cada cien menores de 5 años. Con esas cifras, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la prevalencia del retardo de crecimiento entre los guatemaltecos es “muy alta”.
El crecimiento físico de los niños es un indicador claro del bienestar general de la población, lo contrario está asociando a la pobreza, exclusión y marginación social, como dice el documento ¿Ha crecido Centroamérica?, del Programa Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Centroamérica (Presanca), que ha analizado el monitoreo antropométrico desarrollado por décadas en la región.
Las brechas de desigualdad en Guatemala son notorias, y en la desnutrición la regla se mantiene. En las áreas rurales el retardo de crecimiento es elevado, son las regiones del nororiente, suroccidente y norte del país las más vulnerables, donde las condiciones de pobreza se exacerban.
En Totonicapán, Quiché y Huehuetenango, siete de cada 10 niños tienen desnutrición crónica; la prevalencia es menor en Guatemala, Izabal, Escuintla y El Progreso, donde la condición alcanza a tres de cada 10, según la Ensmi más reciente.
Miguel Ángel García Arias, director regional para Centroamérica de Acción contra el Hambre, señala que el retardo de crecimiento es multicausal. Si bien la baja talla está relacionada con un consumo de proteínas deficiente, esto pasa por las limitaciones de las familias de poner un plato de comida en su mesa, pues seis de cada 10 guatemaltecos viven en condiciones de pobreza, mientras que uno de cada cuatro en pobreza extrema.
Las zonas rurales son las más vulnerables, donde los ingresos en los hogares son insuficientes. La mayoría depende de la agricultura de subsistencia o de un jornal que no supera los Q40 diarios. Con los años, las cosechas menguan y con menos nutrientes, porque la tierra está agotada.
La inseguridad alimentaria afecta actualmente a 2.7 millones de guatemaltecos, lo que aumentará, sin dudar, los casos de desnutrición.
El problema también pasa por la desigualdad en la educación. En los hogares donde la madre alcanza mayor escolaridad, la incidencia en el retardo de crecimiento en los infantes es menor. Si llegó a un nivel superior es del 19.2%, mientras que, al no tener educación formal, la desnutrición crónica en sus hijos es de 67%.
Las poblaciones indígenas también están en desventaja. El 58% de los infantes indígenas está desnutrido, mientras que en las no indígenas la prevalencia es de 34%. Esto es más evidente entre las mujeres.
Hay una brecha de 4.8 cm de estatura entre una mujer indígena —145.9 cm promedio— y una ladina (150.7), de acuerdo con el informe Guatemala un siglo atrás, el cual evidencia que en 50 años las guatemaltecas crecieron solo un centímetro, y están a la cabeza de las mujeres con más baja talla del mundo.
En la desnutrición también entran en juego factores como la falta de agua, saneamiento y servicios de salud.
“La OMS recomienda que los Estados inviertan un 6% del PIB en salud. En el país la inversión es apenas es del 1%, es una brecha enorme de servicios que no se brindan. Guatemala es el país de América Latina con la menor inversión”, dice García Arias.
El cambio es posible, y está documentado en el Estudio longitudinal del Incap, en el que por 50 años se monitoreó el desarrollo de poblaciones donde los niños tuvieron una intervención nutricional oportuna en los primeros mil días de vida, que repercutió en su crecimiento físico, desarrollo motor y cognitivo. La escolaridad en los niños mejoró en 1.2 años y su comprensión lectora, 28%. En la adultez, quienes fueron parte del estudio tuvieron un ingreso anual superior al resto, de US$870.
A marcha forzada
La reducción de la desnutrición crónica en el país va a paso lento y, según el Icefi, al ritmo que van las intervenciones actuales del gobierno, podría tomar 90 años llevar la tasa de niños menores de 5 años con retardo de crecimiento a 14%.
Se han puesto en marcha acciones estatales para atacar el problema, pues el Estado debe garantizar la salud física, mental y moral, y la alimentación de los menores de edad, como señala el artículo 51 de la Constitución.
De esa cuenta, en 2005 se aprobó la Política de Seguridad Alimentaria, la ley y el reglamento, y se estableció el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Se dio pie a la creación del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional como el ente rector de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, encargada de poner en marcha los programas y proyectos vinculados al tema.
Ese mismo año se implementó el proyecto Creciendo bien, coordinado por la Secretaria de Obras Sociales de la Esposa del Presidente, que se enfocaba en potenciar la productividad de las familias de escasos recursos. En su primera etapa tuvo apoyo financiero de entidades internacionales y llegó a beneficiar a dos mil 424 comunidades.
Durante el gobierno de Óscar Berger -2006- se diseñó el Programa para la Reducción de la Desnutrición Crónica, que dos años más tarde se transformó en la Estrategia Nacional para atacar el flagelo, que en ese entonces afectaba a 48.1% de la población menor de 5 años.
El movimiento nacional Pacto Hambre Cero apareció en 2012, bajo el mandato de Otto Pérez Molina, que puso énfasis en la Ventana de los Mil Días, con un paquete de intervenciones de salud y nutrición en los primeros dos años de vida de los niños, se planteaba la reducción de la desnutrición en 10% en cuatro años, además de mitigar el hambre estacional para evitar las muertes por desnutrición crónica.
Mientras el compromiso estaba en el papel, el Estado fue señalado como responsable de vulnerar los derechos de alimentación y de salud de Mavelita Lucila Interiano Amador y otros tres niños de Camotán, Chiquimula, que tenían desnutrición severa. Hubo sentencias judiciales orientadas a la protección y restitución de sus derechos, pero nada se logró.
En el gobierno de Pérez Molina se puso fin al programa de extensión de cobertura que daba el primer nivel de atención en Salud en las áreas rurales, la población infantil quedó desatendida poniendo en riesgo el control de peso y talla, la vacunación y las acciones contra la desnutrición.
En el 2016 se creó la Comisión Presidencial para la Reducción de la Desnutrición Crónica y la Estrategia Nacional para prevenirla. Durante la Administración de Jimmy Morales, en el Congreso se aprobó la Ley de Alimentación Escolar, que garantiza la entrega de alimentos saludables en las escuelas, pero para dar ese paso transcurrieron casi tres años, ya que no había interés por parte de los legisladores para aprobarla y así atacar el retardo del crecimiento.
Los esfuerzos del gobierno de Alejandro Giammattei se enfocan en la Gran Cruzada por la Nutrición, que busca reducir 7% la desnutrición, una estrategia en la que pretende articular a diversos sectores del país para mejorar la nutrición de las familias, principalmente de aquellas que están en pobreza.
Jessica Coronado Aguilar, coordinadora de Nutrición y Salud de Acción contra el Hambre, señala que para el abordaje de la desnutrición en Guatemala cualquier estrategia o política de gobierno debe ser integral, las familias deben recibir todas las acciones en el mismo momento. Dado que es un problema multicausal, tiene que ir más allá de atender el tema de salud, y abarcar protección social, agricultura familiar, educación y vivienda.
Hasta ahora no se ha avanzado porque “no es una política de Estado, sino política de Gobierno, y en cada cambio de gobierno vienen y hacen cambios, aunque la fórmula es la misma”, dice.
De acuerdo con el Icefi, el gasto público en seguridad alimentaria y nutricional no ha sido suficiente, lo que dificulta que haya avances significativos en la reducción de la desnutrición infantil en el país. Del 1.78% del producto interno bruto en el gobierno de Álvaro Colom pasó a 0.96% en el de Pérez Molina, evidencia de que la lucha contra el hambre no ha sido una prioridad.
García Arias es de la opinión de que, si bien los recursos son insuficientes, tampoco se ejecutan de la manera apropiada, por lo que puede haber políticas y estrategias que no produzcan frutos.
Para que haya avances también es importante que haya mayor conciencia social y que la población exija bienestar para todos. “Eso obliga a quienes están legislando o gobernando a dar respuesta a esas demandas, si la sociedad no tiene esa conciencia de los derechos que tiene como guatemalteco es difícil que obtengamos cambios, que haya mejoras, que se cambien los presupuestos, nada de eso ocurrirá si la sociedad no ejerce presión”, afirma.
