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¿Es posible aliviar la congestión vial en Guatemala? Esta ley busca mejorar la manera en que nos movilizamos los guatemaltecos
¿Es posible mejorar la forma en que nos trasladamos de un lugar a otro? Un grupo de guatemaltecos trabaja en un proyecto para propiciar cambios que modifiquen formas actuales.
Un grupo de la sociedad impulsa un proyecto para garantizar la seguridad de los peatones, fomentar el transporte colectivo y promover un nuevo modelo. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
En Guatemala se reportan cinco personas arrolladas por semana y ocho ciclistas al mes, 16 automóviles volcados cada 30 días y 40 colisiones diarias, según datos obtenidos de la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito y sus Áreas de Influencia Urbana (Emetra). Esto se traduce en personas y familias afectadas, muertes e impactos económicos.
¿Es posible tener espacios más seguros de movilidad que permitan menos incidentes como los mencionados y que impacten de otras maneras en Guatemala? Las tendencias actuales buscan un sistema accesible y eficiente que optimice la infraestructura existente, entendiendo la demanda de viajes y las opciones de transporte disponibles para satisfacerla. Fortalecer el transporte público y promover la movilidad multimodal, integrando caminatas y modos no motorizados, son pasos esenciales y podemos avanzar hacia ciudades más amigable, asegura el arquitecto y diseñador urbano Manfredo Corado.
Es fundamental priorizar estos enfoques para aliviar la congestión vial en Guatemala, comenta Corado. “Debemos aspirar a un momento en el que nuestras ciudades cuenten con un plan de movilidad con una visión clara a corto, mediano y largo plazo a nivel país. Esto permitirá a las personas moverse eficientemente y alcanzar su máximo potencial, un derecho inherente para todos”, añade.
Dificultades en el país
Celia Morales, presidenta de la Asociación de Prevención y Atención de la Seguridad Integral en el Tránsito (Apasit) y miembro de la Federación Iberoamérica contra la Violencia Vial, explica que su organización estudia, aboga y propone acciones para mejorar la seguridad en el tránsito y atender a las personas afectadas por los siniestros asfálticos.
Apasit ha comparado modelos de seguridad vial en varios países y ha llegado a la conclusión de que uno de los factores más complicados en Guatemala es la dispersión de funciones. Hay cerca de 12 instancias que tienen una función en el control de esta seguridad. Por ejemplo, más de 70 municipalidades cuentan con delegación de tránsito. El Ministerio de Gobernación tiene en cuarta categoría el control del tránsito y recursos insuficientes para cubrir las 266 oficinas municipales que no cuentan con PMT, ni para supervisar las 74 que están aplicando la Ley de Tránsito y su reglamento bajo su propia comprensión, asegura Apasit.
Morales también menciona la necesidad de trabajar en eliminar la corrupción y fomentar la educación para que las personas conozcan las leyes y las cumplan. “Un gran número de conductores jamás ha leído la Ley de Transito, y eso haría una gran diferencia”, agrega. Sumado a lo anterior, Corado insiste en la necesidad de más diseñadores urbanos para transformar los distintos proyectos de país.
Henry Castañeda, ingeniero civil con estudios de desarrollo urbano, jefe de Movilidad Urbana y Transporte de la Municipalidad de Mixco, explica que es importante hablar de movilidad, pues todos nos desplazamos y es parte del avance económico y social del país. “A todos nos afecta de una manera u otra, y por eso se requieren soluciones”. El 5 de noviembre se entregó el plan integral de Mixco 2032, una planificación en transporte que define lineamientos y que genera modelos de movilidad y reestructuración del transporte colectivo.
¿Nueva iniciativa?
En junio recién pasado se reunieron instituciones del Organismo Ejecutivo, instituciones autónomas, descentralizadas y municipalidades como parte de un llamamiento de la sociedad civil, específicamente, de un movimiento que empezó a surgir desde Biciudad, que engloba a usuarios de bicicletas, pero también a personas que trabajan en encontrar soluciones más inclinadas a la sustentabilidad.
La finalidad de esta reunión fue empezar el borrador de una iniciativa que logre una ley de movilidad. Ricard Hernández, de Biciudad, y Alfredo Maúl, de G-22 —ambos promotores de este movimiento—, conversaron con Prensa Libre y explicaron que, en el marco legal guatemalteco, existen dos leyes que se enfocan en regular el tránsito y la seguridad vial. Estas son el decreto 132-96, Ley de Tránsito, y sus reformas, y el decreto 45-2016, Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Vial, y sus reformas. Aunque se abordan aspectos del tránsito vehicular, se omiten otros como las condiciones óptimas de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.
Además, se omiten temas igualmente críticos, como la elaboración de políticas nacionales, planes, programas y proyectos, así como los mecanismos específicos de financiamiento para otros proyectos.
El diputado Ronalth Iván Ochaeta Aguilar comparte que residió en Chile. Su apreciación es que es un país con una ley más desarrollada en este aspecto, y para Guatemala sería un tema urgente de trabajar.
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Por ahora, se ha hablado con otras bancadas y se han creado mesas de trabajo para avanzar.
Ochaeta destaca, asimismo, que esta ley buscaría apoyar no solo el cambio en la metrópoli, sino llegar a los departamentos. Una de las partes destacadas es crear un fondo para la movilidad, dentro del presupuesto, para atender estas necesidades.
Por ahora, el grupo afina un segundo borrador, y se persigue acercar a diferentes sectores para enriquecer la propuesta.
Otra ley en proceso
Por su parte, Juan Carlos Zapata, director de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), menciona que existe otro aspecto relevante en el tema de la movilidad, y es la infraestructura vial.
En la actualidad está en segunda lectura la iniciativa de ley 5431 —Ley General de Infraestructura Vial—.
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“La evidencia demuestra que los países necesitan aumentar su red vial para aumentar su movilidad. En Guatemala, tenemos un metro de red vial por habitante cuando otros países, como Honduras, tiene cuatro; Francia, 19; Estados Unidos, 20, por dar algunos ejemplos”, describe Zapata. “Desde hace 10 años, Guatemala ha tenido un crecimiento lento, al contrario del parque vehicular, que crece. Necesitamos aumentar la inversión en infraestructura; contamos con 18 mil kilómetros de red vial, cuando deberíamos tener por lo menos 40 mil”, complementa.
Por su lado, Morales, de Apasit, agrega que en su organización creen que, efectivamente, son necesarias las reformas y algunas leyes nuevas, pero estas requieren escenarios apropiados, mismos que no ven aún. “Existen procesos de discusión de leyes históricas que nunca han llegado a aprobarse: ley de aguas y ley de servicio civil, por mencionar dos casos típicos. Hay muchos intereses que los impiden”. Concluyó: “En cualquier caso, es importante aprovechar estas propuestas para dialogar y abrir espacios técnicos que involucren a sociedad civil y fortalezcan la participación de las asociaciones en favor de la movilidad, seguridad vial y las respuestas tras los siniestros viales”.
Un ejemplo cercano
Muchas ciudades están intentando abordar estos problemas. Algunas están invirtiendo fuertemente en infraestructura para el transporte público y el ciclismo, mientras que otras están experimentando con nuevas estrategias de precios para reducir las tarifas o están haciendo que la compra de vehículos eléctricos (VE) sea más asequible y conveniente, según la edición 2023 del Índice de preparación para la movilidad urbana del Foro Oliver Wyman en colaboración con la Universidad de California en Berkeley.
Los expertos consultados aseguran que una ley permite cuestiones como las anteriores. México, por ejemplo, ha logrado implementarla movilidad como un derecho, a través de una reforma constitucional.
Se publicó en 2022 la Ley General en Materia de Movilidad y Seguridad Vial, con la que se asegura que todas las personas puedan desplazarse con seguridad, equidad, accesibilidad y, sobre todo, en igualdad. Actualmente, se encuentra en el proceso de implementación de dicha ley.
En una visita reciente a Guatemala, Alejandra Leal, especialista en políticas públicas de movilidad y seguridad vial, compartió que esta normativa nació de la unión de casi 116 organizaciones de la sociedad civil. El proceso comenzó en 2014 y tomó cerca de cinco años para alcanzar su aprobación. “Hablar de esta perspectiva de derechos ofrece un sistema que permite a las personas acceder a los bienes que ofrece la ciudad, como el trabajo y la educación”, expresó.
Además, se creó una estrategia de movilidad y seguridad vial, y se están impulsando temas de presupuesto público específicos. “Ahora es un tema que es obligación del Estado, y esto impulsa que se asignen presupuestos a favor de la movilidad”, agregó.
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