Comunitario

|

Suscriptores

Gremiales empresariales y transportistas advierten desabastecimiento y alza de precios por colapso del puente Nahualate

Los daños en el puente construido en 1930 se detectaron desde el 2012 y el colapso en este momento coincide con la temporada alta de distribución de ciertos productos, dicen afectados.

El puente Nahualate se cerró al tránsito por el deterioro que presenta, ante la falta de mantenimiento en su estructura. (Foto Prensa Libre: Marvin Túnchez)

El puente Nahualate se cerró al tránsito por el deterioro que presenta, ante la falta de mantenimiento en su estructura. (Foto Prensa Libre: Marvin Túnchez)

El cierre del puente Nahualate, en el kilómetro 137 de la ruta CA-2, en Chicacao, Suchitepéquez, ya comenzó a provocar pérdidas en el transporte de diferentes productos, debido a que se incrementa el consumo de combustible y no se cumplen los tiempos de entrega, por lo que se dañan los alimentos y puede haber desabastecimiento en algunas regiones, refieren transportistas y empresarios.

Cámaras empresariales y transportistas ya adelantan un incremento de hasta el 35% en los costos de logística de los productos que se comercializan desde y hacia México; lo que también redundará en el precio al consumidor final.

La noche del martes 22 de octubre, las autoridades informaron que la estructura del puente tiene daños y era necesario prohibir el paso de vehículos, por lo que el transporte de carga ha tomado rutas alternas. Sin embargo, debido a la cantidad de vehículos que transitan, estas colapsaron.

Héctor Fajardo, director de la Cámara de Transportistas Centroamericanos (Catransca), dice que transitar por rutas alternas se vuelve complicado desde la topografía, puesto que implica mayor rendimiento de los vehículos de carga y aumentan los costos de traslado por consumo de combustible.

“Se nos complicó, porque ese puente —Nahualate— comunica con una ruta principal para el comercio con México y viceversa. Nos afecta para llegar a zonas importantes como Suchitepéquez, San Marcos, Quetzaltenango, que ya están cerca de la frontera”, afirmó.

Fajardo agregó: “Llevamos dos días desde que se cerró el paso, pero si eso no se resuelve pronto vamos a tener pérdidas millonarias”.

Julio Orozco, director ejecutivo de la Gremial de Alimentos y Bebidas (Gremab), adscrita a la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), refiere que están preocupados por el cierre del puente Nahualate, pero también por el estado general de la red vial, que según él, este año ha provocado que los costos logísticos de transporte se eleven en un 35 por ciento y que se triplique el tiempo de espera para la llegada de los productos.

“Somos un sector que tiene el compromiso de llevar a los diferentes puntos del país las bebidas y alimentos, pero esto nos impacta en cuanto a atrasos, y nos implica sanciones por no cumplir con los tiempos de entrega”, señaló.

Orozco afirma que las condiciones en que se encuentran las principales carreteras también les ha provocado desperdicio de alimentos, porque tienen tiempo de caducidad.

“Estamos cuantificando el impacto económico que esto nos causa, porque tampoco queremos que el incremento en los costos se traslade al consumidor final”, acotó.

El empresario sostiene que el gobierno debe replantear los modelos para invertir en la infraestructura vial y se debe reparar en su totalidad.

Tráfico lento en la ruta alterna que se habilitó para evitar el paso por el puente Nahualate, en el kilómetro 136 de la CA-2 suroccidente. (Foto Prensa Libre: Marvin Túnchez)

Desbastecimiento

Enrique Lacs, director ejecutivo de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas (CGAB), lamenta que el colapso del puente Nahualate sea otro obstáculo vial que impide entregar los productos en los departamentos fronterizos y en México.

Por el puente Nahualate transita el 40 o 45 por ciento de los productos que van a occidente, dice Lacs, que considera que, aunque hay vías alternas, estas presentarán daños por la cantidad de transporte que las utiliza en este momento. Para el directivo, los problemas de abastecimiento dependen de lo que las distribuidoras tengan en bodega.

“Si esto tarda más de cinco días estamos en un problema, porque ya estamos frente a las festividades del 1 de noviembre y hay demanda de los productos que fabricamos, si se atrasan en habilitar el puente habrá una posible ruptura de abastecimientos y aumento de precios”, advirtió el director de la Cámara.

Lacs recomendó que el Ministerio de Comunicaciones invierta en un análisis general de los puentes para evitar que cada cierto tiempo colapsen.

Advertencia

En julio de este año, la empresa Andria S.A., encargada del mantenimiento del puente Nahualate, envió una carta a la Unidad de Conservación Vial (Covial), en la cual advirtió que el puente presentaba daños y debían restringir el paso. Sin embargo, indicaron que ya no podían continuar con los trabajos para remozarlo porque el Gobierno tenía un atraso de pagos de 14 meses en el contrato.

El mismo mes, el tercer secretario de la Junta Directiva del Congreso, César Dávila, solicitó a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, que efectuara una evaluación de dicho puente, debido a que ya presentaba daños en la estructura.

Por parte de la Conred, según el documento de respuesta, se le indicó que los daños en el puente Nahualate —tipo Warren—, que fue construido en 1930, fueron identificados desde el 2012 y se agravaron con el paso de las tormentas Blas y Celia, en el 2022. También se menciona que según la información proporcionada por el CIV, se estableció un contrato con la empresa Andria para que le diera mantenimiento.

“No es competencia de la Conred la supervisión de proyectos que realizan los entes sectoriales”, respondió la Conred al diputado.

Rutas alternas

Mientras el paso continúa cerrado por el puente Nahualate fueron habilitadas rutas alternas. Sin embargo, algunas han colapsado por la cantidad de vehículos livianos y del transporte pesado.

En la ruta alterna en el km 136.5, los pilotos tienen que ingresar por la aldea Nahualate para llegar al centro de Chicacao y luego continuar por la ruta departamental hacia San Miguel Panán, también atraviesan San Antonio Suchitepéquez para incorporarse de nuevo a la ruta al suroccidente.

En estos pasos alternos el tránsito de vehículos pesados ha colapsado porque las vías son carreteras estrechas.

Además, los pilotos pueden utilizar como segunda ruta el ingreso por la aldea Nahualate y luego toman el desvío hacia la aldea Montellano, San Miguel Panán, para llegar al área urbana de ese municipio, posteriormente tienen que continuar su marcha hacia San Antonio Suchitepéquez y salir a la carretera principal.

El paso por San Miguel Panán se ve afectado debido a daños en calles cercanas al puente que comunica con San Antonio Suchitepéquez.

Pilotos del transporte pesado también han optado usar la ruta de la aldea Bolivia de Santo Domingo Suchitepéquez, para esto pasan por la carretera hacia Tiquisate, Escuintla, y desvían hacia la aldea en mención para salir por San José el Ídolo.

En este punto, el tráfico pesado inició a pasar desde la noche del miércoles luego de que pobladores mantuvieran bloqueada la ruta por temor a daños en las vías comunitarias.

Millones adjudicados

En mayo de 2022, mediante el decreto 21-2022, con la descripción “mantenimiento periódico de la red vial”, en el portal Guatecompras, la cartera de Comunicaciones adjudicó Q53.2 millones a la empresa Andria S.A., para que comenzara los trabajos de mantenimiento de las carreteras, incluyendo el puente Nahualate. La normativa legal aprobada aumentaba el presupuesto del CIV por Q3 mil 191 millones más para proyectos viales.

El 22 de junio de ese mismo año y de urgencia nacional, los diputados aliados al entonces oficialista Vamos, aprobaron modificaciones al decreto 21-2022, y disminuyeron Q400 millones a los Q3.1 millardos que fueron ampliados. El monto se destinó al fortalecimiento de un fondo de emergencia solicitado por el Ejecutivo.

La diputada independiente Évelyn Morataya, también en el 2022, interpuso una denuncia verbal ante la Contraloría General de Cuentas para que se investigara a las constructoras Ingeniería y Proyectos Aleisa, S.A.; Andria, S.A., y V&T, S.A., que en conjunto sumaron contratos por más de Q200 millones.

ESCRITO POR:

José Manuel Patzán

Periodista de Prensa Libre especializado en temas de seguridad, con 18 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo. Reconocido con el premio Periodista del Año de Prensa Libre en 2016.