Estos fondos fueron solicitados por el Ministerio de Salud, con la expectativa de alcanzar hasta 11 millones de guatemaltecos con las jornadas de inmunización, lo que representaría una población del 70% vacunada contra el covid durante el 2021.
Para que se puedan adquirir los fondos, tanto los provenientes de los Bonos como utilizar los remanentes del año pasado, el Congreso deberá conocer y aprobar la iniciativa de ley presentada por el Ejecutivo, la cual incluye modificaciones a la Ley Orgánica del Presupuesto.
A decir de la ministra de Salud, Amelia Flores, según su plan de vacunación se pretende vacunar entre el 60 y el 70 por ciento de la población para este 2021. Esto quiere decir, 11 millones de personas según el censo 2018.
“Hemos planificado vacunar al 60 o 70 por ciento de la población para eliminar el virus del país. Hay una población que sale de estos esquemas que es la menor de 18 años y embarazadas”, explicó.
El 7 por ciento de estos 11 millones son personas de la tercera edad que también deberán ser vacunados como parte de la población prioritaria y según Flores, el plan también contempla iniciar con el personal médico de primera línea de atención de la pandemia, aunque no específico de cuántas personas se trata.
A decir de Flores, a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en octubre dieron un anticipo de US$10.13 millones que equivale a Q85 millones.
A pesar de que el país ha mostrado interés para obtener la vacuna Moderna, también están negociando con la de Oxford AstraZeneca, que, según Flores, es la más conveniente para Guatemala por su precio y porque cuenta con sistemas de refrigeración más adaptados para el país.
“Si se logra comprar la de Oxford AstraZeneca no se necesita más equipo de refrigeración, pero se tiene contemplado la contratación de vacunadores y el proceso previo de capacitación”, dijo Flores al explicar por qué necesitan los Q1 mil 500 millones extras a su presupuesto.
Por su parte, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (Igss), que conforma también el Comité Nacional de Vacunación, tiene contemplado vacunar a 2.4 millones de personas.
A decir del presidente del Igss, Carlos Contreras, para ello tienen un fondo de reserva de Q200 millones para comprar 1 millón 300 mil vacunas y, de ser necesario, tienen a su disposición Q800 millones más en caso deban comprar más dosis.
Pero, aunque el Igss tenga los fondos, depende de las negociaciones que realice Salud a las diferentes casas farmacéuticas.
Facilitar compras
La iniciativa de ley, que debe ser todavía aprobada en el Congreso, también incluye un cambio a la Ley de Contrataciones del Estado, de manera que pueda facilitar a Salud la compra directa de la vacuna a farmacéuticas internacionales.
“Esta iniciativa de ley incluye disposiciones normativas para garantizar la transparencia y control tanto en la adquisición de las vacunas como en la fase operativa, con el objeto de promover y facilitar la auditoría social y la adecuada fiscalización de los órganos correspondientes”, señala la propuesta enviada ayer por el Ejecutivo.
Los cambios
La Ley para el Financiamiento y Adquisición de Vacunas contra el Coronavirus Covid-19, faculta al Ministerio de Finanzas para que los recursos del Decreto 13-2020 aprobados por el Congreso en marzo del 2020 tengan una readecuación y se puedan utilizar los fondos no utilizados para la compra de vacunas por parte del Ministerio de Salud.
Se autoriza también al Ministerio de Finanzas para que pueda utilizar los saldos de caja de Bonos del Tesoro de la emisión aprobada en el Decreto 13-2020, en la Ley de Rescate Económico a las Familias por los Efectos Causados por el Covid-19 y de esta forma pueda obtener los Q700 millones para completar los Q1 mil 500 millones necesarios para comprar la vacuna.
La propuesta de ley también autoriza, tanto al Ministerio de Salud como al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (Igss) a comprar las vacunas, el equipo necesario para la conservación de estas y hacer las compras de manera directa con los fabricantes sin estar sujetos a la Ley de Contrataciones del Estado, bajo la responsabilidad de las autoridades y sus unidades administrativas financieras que deben velar por la conveniencia de los precios.
De aprobarse esta iniciativa como la propone el Ejecutivo, permitiría a Salud y al Igss a realizar pagos de anticipos o el pago por adelantado de las compras, según la negociación que se haga con las empresas fabricantes de la vacuna. Las vacunas también deberían quedar exentas del pago del Impuesto al Valor Agregado, de Importaciones, así como los insumos necesarios para su transporte y conservación.
