Interiano Amador era una de las tres niñas y dos niños de cuatro familias, originarios de Cañón Tisipe y Lelá Chancó, Camotán, Chiquimula, que fueron amparados por un juez de Zacapa en el 2013, para que el Estado les garantizara varios derechos, entre ellos la vida y la alimentación.
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Según la cuenta de tuiter del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el ministro Galicia estuvo en Camotán, Chiqumula, con Sebastiana Amador, madre de Mavélita, para darle las condolencias de parte del presidente Jimmy Morales.
En los tuis se indica que le reconstruirán la cocina y darán alimentos a la familia de la niña fallecida. Además publicaron otros mensajes que muestra que visitaron y entregaron un tanque para agua a la familia Amador Raymundo, de otra de las niñas beneficiadas con la orden de juez.
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El pasado 26 de julio, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) dio a conocer que Mavélita Interiano Amador, de 8 años, pesaba 35 libras, estaba internada en el Hospital Roosevelt.
Según el Mides, la visita a Camotan y comunidades por parte del ministro fue ordenda por el presidente Morales, para verificar las condiciones en que se encuentran actualmente las familias de las niñas y los niños de Camotan y de otras familias de alrededor.
Doña Sebastiana mamá de Mabelita, niña fallecida en Camotán, ahora Mides recontruirá cocina y dará alimentos para su familia. #ParaServirte pic.twitter.com/gqtrXa0W4i
— Mides (@midesgt) August 26, 2017
“El martes de esta semana, fueron autorizados Q872 mil para seguir ayudando a las familias mencionadas así como a otras familias de la comunidad, entre ellas está la familia de la niña fallecida Mabelita.
El ministro expresó las condolencias del señor Presidente a la mamá de la niña fallecida, ante su sensible fallecimiento”, se indió por medio de Comunicación Socidal del Mides.
Zulma Calderón, supervisora de Hospitales, señaló que es una situación bastante penosa la muerte de la niña.
“Hablando como guatemalteca es un caso que llena de indignación y frustración porque el caso de Mavélita es algo que viene desde 2012 y es algo que por donde se analice es una situación que se pudo haber evitado. Es una muerte evitable si se hubiera cumplido con todas las medidas que están descritas en la sentencia”, indicó.
Agregó que el Estado, a través de todas las entidades que están involucradas en esa tendencia, desperdició tiempo muy valioso en estar intentado, por medio de medidas legales, quitarse esa responsabilidad, en vez de haber invertido el tiempo y todos los esfuerzos en cumplir la sentencia y garantizar los derechos fundamentales a esos niños y familias.
