“En junio se empezó el trámite y los fondos se depositaron hace unos días. Todos piensan que los Q10 millones se entregaron para el estado de Calamidad, y no es así. El monto servirá para pagar los salarios del personal que está en el régimen 029”, refirió Cabañas.
Agregó que aproximadamente el 40 por cierto de lo recibido en el presupuesto extrordinario será utilizado para abastecimiento en materia de asistencia humanitaria; es decir, compra de catres, frazadas y raciones frías —comida— que serán almacenados para abastecer algunos de los 304 albergues habilitados en el país, en prevención de alguna emergencia.
Gasto independiente
El secretario de la Conred afirmó que espera que el Congreso y el Ministerio de Finanzas pongan candados para ejecutar ese gasto; sin embargo, indicó que aunque no se ratifique el estado de Calamidad, los Q10 millones se invertirán como parte de las funciones de la entidad. La única diferencia es que el proceso será más ágil si la respuesta del Legislativo es positiva.
“El problema es que vamos a tener ciertos candados del Congreso, y otros de Finanzas, y no es tan fácil la compra, y si se saca por Guatecompras se lleva como tres meses”, indicó.
Recelo legislativo
Diputados de algunas bancadas decidieron incluir algunas restricciones para avalar el estado de Calamidad, con el objetivo de garantizar la transparencia en el uso de recursos.
El jefe de la bancada de Visión con Valores (Viva), Juan José Porras, indicó que es necesario establecer controles.
Walfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, considera que es necesario asegurarse de que los gastos que se ejecuten utilicen cotización, para que las compras se hagan de acuerdo con precios favorables en el mercado y se verifique si las compras son congruentes con la emergencia que se pretende atender.
“Hay un concepto de que el estado de Prevención significa hacer discrecionalmente todo, pero cualquier proyecto debería tener aunque sea un concurso de cotización”, señaló.
Al respecto, David de León, de la Conred, invitó a la sociedad civil a que sea garante de este proceso, así como a la Procuraduría de Derechos Humanos, la Contraloría General de Cuentas y la Procuraduría General de la Nación.
