Mavélita recibía cuidados en cumplimiento a una orden de juez de Zacapa en 2013 que ordenaba al Estado el resguardo de su vida puesto que se habían violado los derechos a la vida, la salud, la educación, la alimentación y la vivienda.
Tanto la nena como otros cuatro niños habían sido beneficiados con esa resolución judicial, la cual ordenaba que la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) ayudara en la coordinación de los esfuerzos interinstitucionales para resguardar la vida de los menores.
Según la PDH, el Estado está cumpliendo a medias la orden judicial de protección de los infantes y sus familias.
El 47 por ciento de niños guatemaltecos tienen desnutrición crónica.
Con información de Geldi Muñoz