De acuerdo con el último reporte de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), este año se reportaron mil 648 viviendas con daños severos, 26 mil 155 daños moderados y cuatro mil 401 con daños leves. Además, 348 escuelas resultaron afectadas y 20 carreteras y 51 puentes quedaron destruidos.
Estos daños son recurrentes todos los años dado que Guatemala es uno de los países más vulnerables a los eventos climáticos y el Estado no ha mostrado la capacidad de mitigar el riesgo a desastres.
El Índice de Riesgo Climático Global (ICG, en inglés) del Germanwatch, el cual analiza en qué medida los países se han visto afectados por los impactos de fenómenos como tormentas, inundaciones, olas de calor, entre otros, posiciona a Guatemala en el puesto 16 de países más vulnerables al riesgo climático entre 2000 y 2019.
Ante esto, es necesario poner en práctica la política nacional y centroamericana de gestión de riesgo, así como los instrumentos en los cuales Guatemala es signataria como el Marco de Acción de Sendai, advierte Alejandro Maldonado, exsecretario ejecutivo de Conred.
Concretamente, hay que invertir esfuerzos en cuatro líneas de acción, dice el entrevistado. La primera consiste en conocer el riesgo. “Tenemos que hacer una evaluación no solo de la amenaza, que es básicamente en lo único que se ha trabajado en Guatemala. Pero no es suficiente porque el componente crítico del riesgo es la vulnerabilidad”, refirió.
En segundo y tercer punto hay que trabajar en la prevención y la gobernanza.
“Esto no puede ser trabajo de solo una institución, tiene que ser un eje transversal de todo el Estado en todos sus componentes. Incluye a la iniciativa privada y autoridades locales”, comenta.
Finalmente, se debe reconstruir la infraestructura que ha sido dañada, pero no solo erigirla de nuevo, sino evaluar las razones por las que colapsó y estructurarla de tal manera que no sea vulnerable ante un evento climático.
“He expresado mi preocupación de que se ha perdido el ímpetu que se tenía en materia de prevención y reducción de riesgos de desastres. Es necesario retomar ese camino, poner realmente en práctica lo que está establecido, no solo en la política nacional, sino centroamericana de gestión de riesgo”, dijo Maldonado.
Por su parte, Manuel Mota, geólogo y consultor en temas de reducción de riesgo y desastres, considera que es importante revisar las normativas existentes en Guatemala y revisar en qué medida estas se aplican o no.
“Lo primero que hay que revisar es el tema de la ley y reglamentación de Conred. Se debe verificar si se cumple o no y qué hace falta cumplir. Hay un gran problema en el tema de responsabilidades. Cuando colapsa una carretera o se cae un puente, hay que revisar si se pudo evitar o no. Y hay que ver dónde queda la responsabilidad de personas y de las instituciones”, explicó Mota.
Daños
El pasado 9 de diciembre el Gobierno de Guatemala presentó un informe que cuantifica el impacto económico tras el paso del ciclón Julia en Q1 mil 697 millones. En el sector público las pérdidas fueron de Q1 mil 195.9 millones, mientras que en el sector privado de Q483.8 millones.
Esta evaluación se hizo con información que proporcionaron distintas instituciones gubernamentales, bajo la coordinación de la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan).
Tras encuestas realizadas en hogares, se concluyó que las zonas rurales fueron las más afectadas, principalmente aquellas con mayor presencia de población indígena y con altos niveles de pobreza y desigualdad.
Para mitigar los daños, el Organismo Ejecutivo decretó el 9 de octubre estado de Calamidad Pública por 30 días en todo el territorio nacional. Este fue el segundo puesto que se había decretado otro en junio por el paso de la tormenta Celia.
Los estados de Calamidad fueron propuestos por el presidente Alejandro Giammattei y respaldados por la alianza oficialista como una medida para atender con celeridad los daños a viviendas e infraestructura; sin embargo, fueron cuestionados por especialistas en compras públicas ya que liberaban ciertos controles de transparencia y facilitaban la corrupción.
En total, este año se efectuaron compras por excepción que suman los Q2 mil 855 millones. Entre estas hay 24 adjudicaciones que son por trabajos relacionados a dragados y protección de ríos, las cuales suman Q317 millones 678 mil 333.43.
Este tipo de obras han sido cuestionadas ya que la misma Contraloría General de Cuentas (CGC) ha reconocido que fiscalizar y supervisarlas es casi imposible. Por lo tanto, no hay garantía que las mismas se realicen.
