El cardenal y obispo de Huehuetenango, Álvaro Ramazzini, que gran parte de su trabajo pastoral lo desarrolló en San Marcos, en medio de la oposición comunitaria a la explotación de recursos naturales, responsabiliza al Estado de haber dejado varios territorios sin atención, lo que fue aprovechado por el narcotráfico.
Ramazzini, aunque condena los hechos en Semuy 2, también insiste en la importancia de un diálogo, antes de alimentar la polarización ideológica en el país.
¿Cómo ve lo sucedido en El Estor y la respuesta del Gobierno a esta crisis?
Nadie tiene derecho a quitarle la vida a otro, nadie. Peor del modo en el que lo hicieron. Yo estaba leyendo que le destrozaron la cara, le cortaron la cabellera, espero que esa información sea verídica, pero nadie tiene derecho a quitar la vida a nadie. Hay dos maneras de quitarle la vida: una es el asesinato directo, el homicidio; y otra es hacer morir de hambre a la gente porque no hay fuentes de trabajo, porque no hay presencia del Estado de Guatemala.
¿Considera correcta la decisión del Ejecutivo de declarar estado de Sitio en cinco departamentos por el control del narcotráfico en la región?
En el tema de la presencia de los narcos, que sabemos que están en la zona nuestra de Huehuetenango, que están en la zona de San Marcos, que están en Zacapa, etcétera, lo que ha faltado es un control estricto del Estado. Es decir, tomar ahora una decisión de imponer un estado de Sitio es como, perdone que utilice la expresión, es como patadas de ahogado; porque ese control de las fronteras es una responsabilidad del Ejército de Guatemala, es una responsabilidad de la institución armada, mandada indudablemente por el Ejecutivo, porque sabemos que aquí el Ejército debe ejecutar lo que el presidente de la República manda, o el presidente y el ministro de Gobernación, por el tema de seguridad.
¿Se debería ver más integral el control del narcotráfico para ser más eficiente en su contención?
No ha habido un control efectivo de la presencia de estos grupos. En otros tiempos fueron los guerrilleros, los ilegales armados, etcétera… ahora son los narcos. Entonces, si no hay un control estricto de las zonas fronterizas, que yo no sé hasta donde el Ejército sea capaz de hacerlo, no lo sé, no puedo hacer un juicio sobre eso, entonces, qué sucede, pues que es tierra de nadie, es tierra del que tiene más poder, pero por otro lado también está el hecho que son regiones donde la pobreza es muy grande y en donde los servicios básicos no se dan y eso hace que las mismas comunidades se sientan desprotegidas, se sienten abandonadas y cuando vienen los narcos y dicen: ‘les vamos a dar esto, les vamos a proteger, no se preocupen, les vamos a dar dinero’, la gente se pone del lado de ellos y es lo que ha pasado.
Cuando han tratado de ir a quitar cargamentos de droga, avionetas que se han caído ¿quiénes son los que defienden esos cargamentos?, la misma gente pagada por el narco, pero son, repito, comunidades abandonadas, que no han sido tomadas en cuenta en programas de desarrollo integral, enfocados directamente para solucionarle sus problemas de pobreza y sus problemas de deficientes servicios públicos.
¿Es decir que las comunidades sí trabajan con el narcotráfico en algunos lugares?
Lo que sucede es que en este país tenemos que reconocer que el narcotráfico se ha metido por todas partes, y con el tema que dan dinero logran que las comunidades mismas se vuelvan como cómplices, al protegerlos y al impedir que muchas veces las mismas fuerzas de seguridad entren. Es decir, por un lado, ha habido una ausencia real del Estado, que ha dejado esa zona en manos de los más fuertes, y en ese sentido los más fuertes son los que tienen más armas y los que tienen más armas y dinero son los narcos.
¿Los campesinos a los que se refiere son seducidos, entonces, por el dinero del narcotráfico?
En otras palabras, yo creo que esta situación se debe, primero, a la pobreza que afecta a estas comunidades, porque si ellos recibieran dinero por trabajos honrados, etcétera, no caerían en la trampa de lo que los narcos les ofrecen, verdad, aunque también, a veces, utilizan el miedo los narcotraficantes.
También son poblaciones donde la presencia del Estado, en un sentido global, nunca ha existido, es decir, son tierras de nadie, como yo lo veía cuando vivía en San Marcos y como lo veo ahora que vivo en Huehuetenango. La ausencia del Estado es un factor muy serio para paliar realmente la presencia de estos grupos, que lo único que quieren es ganar dinero, y para eso se ganan a la gente y cuando hay operativos como el que hubo ahora, ellos actúan con toda impunidad, porque no hay presencia del Estado.
Lo que quiero decir es que la ausencia del Estado, en términos de proteger a los habitantes, propicia la presencia de grupos armados ilegales, que, con mucho dinero, dinero que les da la droga, hacen lo que les da la gana y resulta lo que ahora resultó.
¿Pero, no solo el narcotráfico genera conflictividad en el país?
Hay otro tipo de conflictividad, la social, por el tema de proyectos que el Estado quiere ejecutar en alianza con la iniciativa privada, pero que la gente no los acepta tampoco, porque nunca han sentido una acción del Estado en favor de sus comunidades.
Digamos, lo que siempre he dicho, voy a pensar en el caso de San Mateo Ixtatán, digamos, está ahí el río, están los dos ríos y se quiere hacer un proyecto hidroeléctrico, llega la empresa y dice ‘vamos a hacer una gran hidroeléctrica’ y la gente dice: ‘¿por qué vienen ahora, por qué no aplicaron el convenio 169?’ pero el tema no es responsabilidad de las empresas, es responsabilidad del Estado que a las empresas les debería decir: ‘van a ir a una zona donde desafortunadamente no ha habido cuidado en salud, en educación formal, en esto y esto, déjennos que primero preparemos el campo y después ustedes puedan entrar’, entonces se da como ese triángulo, de las empresas que tienen el permiso del Estado y pueden comenzar. El Estado que no informa previamente, que no hace las consultas comunitarias en comunidades indígenas y, en tercer lugar, la gente que dice que siempre los abandonaron y ahora llegan a aprovecharse de lo que es nuestro.
La polarización en el país es real ¿cómo se debería entender esta conflictividad sin mezclar matices ideológicos?
El cristiano no puede ni debe caer en la tentación de dos grandes realidades que nos hacen olvidar la ley de Dios que es amar al prójimo y respetarlo, las dos grandes realidades son: el poder, que en este caso tiene que ver con armas y tiene que ver con el uso de armas y el tráfico de armas y la falta de aplicación de la ley estricta de armas, que hay una ley, pero no sé si se cumple; y la segunda realidad es el dinero, es decir, poder y dinero son dos grandes tentaciones. El poder del dinero en las comunidades empobrecidas es grande, porque la gente sobrevive, está luchando para ver cómo sobrevivir y viene gente y les ofrece dinero, pues los compran. Entonces, el mensaje pastoral ha sido siempre: no nos olvidemos ser cristianos, amar a Dios y al prójimo.
¿Sobre lo sucedido en El Estor, cuál debería ser el camino para seguir?
Esa es la tarea del Estado ahora, investigar quiénes fueron los culpables, juzgarlos y que paguen el delito que cometieron. Pero aquí entramos a otro tema, nuestro sistema carcelario debe ser modificado profundamente, para que nuestras cárceles sean lugares de rehabilitación de los criminales y delincuentes y no sean lo que ahora son: foco de mayores crímenes. Entonces, es como toda una cadena de factores que nos llevan de uno a otro, pero que se aplique la ley, porque debe aplicarse.
¿Cuál debería ser ahora la ruta para encontrar soluciones a esta problemática descrita?
Yo siempre sigo diciendo que sin diálogo este país no va a superar las polarizaciones que tenemos. Necesitamos diálogos, con efectos, con conclusiones que se cumplan, y no solo ir a perder el tiempo y hablar por hablar.
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