Quienes no tienen posibilidades económicas para costear el tamizaje, vuelven a casa con la incertidumbre si están o no infectados, y con el riesgo a cuestas de exponer a su círculo cercano al contagio del coronavirus.
Leonel Mejía, un adulto mayor, llegó el miércoles antes de las cuatro de la mañana al laboratorio móvil que está en el mercado El Guarda, en la zona 11 capitalina. Se trasladó desde la colonia Belén, zona 7 de Mixco, para conseguir un turno y que le hicieran el hisopado, tenía dolor de garganta. Detrás de él, una larga fila de personas esperaba, algunas con síntomas.
Para ser el primero en la lista, César de Paz, la colonia El Milagro, llegó a las tres y media de la mañana, pues necesitaba que le hicieran la prueba para confirmar que ya no es portador del covid-19. El resultado negativo se lo exigen en su trabajo, pero su condición económica le impide ir a un laboratorio privado.
Mientras el virus y sus variantes sigan circulando entre la población, y en tanto el ritmo de la vacunación contra el covid-19 no se acelere, hay urgencia de hacer más pruebas y de ponerlas al alcance de la población, para dar el tratamiento oportuno a los pacientes, pero también para conocer el impacto real del coronavirus en el país.
En la recién aprobada Ley de emergencia nacional para la atención de la pandemia covid-19, en el artículo 5, aparece dentro del listado básico de compras o contrataciones la adquisición de pruebas de detección para el virus.
Al Ministerio de Salud se le dio una ampliación presupuestaria de Q1 mil 878 millones, de esa cantidad Q558 millones 535 mil 479 se destinarán a la compra de oxígeno, pruebas y reactivos que se distribuirán a las direcciones de área de salud, hospitales y el Laboratorio Nacional.
La normativa detalla que se comprarán 1 millón 512 mil pruebas -779 de antígeno y 733 de PCR-, lo que traería alivio de unos meses al desabastecimiento de test en los centros públicos de diagnóstico, a los que únicamente se les estrega entre 30 a 50 pruebas diarias, según reporte de los usuarios y de los encargados de los puestos.
En lo que va de septiembre el Ministerio de Salud ha realizado en todo el país un promedio de 11 mil tamizajes diarios, cuando el Observatorio de Sars Cov-2 recomienda que sean 18 mil. Si se logrará cumplir con esa meta, las pruebas que se comprarán a través de la ley de emergencia alcanzarían para 84 días.
Actualización de lineamientos
La normativa no se queda únicamente en la adquisición de más test, fija que, en un lapso de 15 días a partir de su publicación, el Ministerio de Salud debe actualizar las disposiciones ministeriales relacionadas a los aforos, cordones sanitarios y a las pruebas de diagnóstico para reducir los contagios del covid-19 en el país.
Al respecto, el viceministro de Atención Primaria en Salud, Edwin Montúfar, indicó el lunes en el Congreso de la República que la cartera trabaja en la actualización de los lineamientos para el testeo y la propuesta de un acuerdo ministerial para ponerlos al día.
“Para poder ofrecer las pruebas a todo el que requiera una hay que modificar el lineamiento técnico epidemiológico, donde menciona que se le hará pruebas a toda persona identificada como caso o que haya tenido contacto con un positivo”, dijo el funcionario.
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Los actuales lineamientos del Ministerio de Salud establecen que a los casos sospechosos que estén entre el primero y quinto día de iniciados los síntomas debe hacérseles la prueba de antígeno o PCR, al igual que a los contactos de un caso confirmado que tengan síntomas o no.
Sin embargo, Evelyn Morataya, diputada e integrante de la Comisión de Previsión Social del Congreso, señaló la urgencia de que las pruebas lleguen a toda la población que las requiera, para controlar la cadena de contagios.
“No es posible que alguien que estuvo a la par de un sintomático, el Ministerio de Salud espere a que esté tosiendo, a que tenga fiebre, para aplicarle una prueba, cuando sabemos que no es por falta de recursos, es por falta de voluntad”, señaló.
La persona puede o no presentar síntomas pero al no tener acceso al testeo las no reciben el kit con medicamentos covid-19, corren el riesgo de enfermar de gravedad y requerir hospitalización, agregó.
Hospitales sin pruebas
Las pruebas para detección del covid-19 es un recurso indispensable en los hospitales, pero estos también están desabastecidos.
Un informe elaborado en agosto por la Unidad de Gestión Logística de Medicamentos y Productos Afines, del Ministerio de Salud, detalla el déficit de insumos y de medicamentos para la atención de pacientes con coronavirus en hospitales y área de salud de la red pública.
En materiales de laboratorio y pruebas para pacientes covid-19 el requerimiento asciende a Q314 mil 102 millones, y solo dos centros están abastecidos para el resto del año. Mientras que 45 no cuentan con lo necesario para el último trimestre.
El Hospital Roosevelt presenta la mayor necesidad, requiere Q78.2 millones en ese rubro. De acuerdo con el director Marco Antonio Barrientos, los kits para pruebas de covid-19 y de extracción de ácido ribonucleico (ARN) es el insumo que más necesitan en este momento.
A todo paciente que ingresa al hospital se le hace un hisopado, para garantizar que no está infectado y evitar que disemine el virus a los demás. La prueba también se le hace al personal que está en contacto con gente positiva o que tienen sintomatología.
El fin de semana último, por ejemplo, de las personas que se atendieron en la emergencia seis salieron positivas a coronavirus, de no hacerles el hisopado, habrían ingresado a los distintos servicios e infectado al resto de pacientes y al personal sanitario. Es un riesgo que se minimiza con el testeo.
En promedio el Hospital Roosevelt hace 350 pruebas diarias, ya que también apoya con el procedimiento a otros nosocomios y centros de salud.
Desigualdad en el testeo
Un análisis de la organización no gubernamental Laboratorio de Datos comparó los tamizajes que el Ministerio de Salud reportó del 1 de enero al 31 de julio de este año, y se evidencia que en los municipios con más pobreza y menos educación se hicieron menos pruebas para detectar el covid-19.
Además, la mayoría de los departamentos del país dependen de los test de antígeno, solo en San Marcos, El progreso y Guatemala se superó el 40% de las pruebas hechas por PCR.
La desigualdad en el testeo también se observa en el acceso al hisopado desde el sector público. El 30 por ciento de las pruebas a nivel nacional se hizo en instituciones privadas, esto varía por departamento, como es el caso de Guatemala, donde el 55 por ciento de los test se corrió en el sector privado.
Esto limita que todas las personas tengan acceso a una prueba diagnóstica de covid-19, ya que el precio de una de antígeno oscila entre los Q195 a Q300, mientras que un PCR está entre Q600 a Q800.
Sin la descentralización del testeo, si no se garantiza que el acceso a las pruebas sea universal, no hay certeza de conocer el impacto real que la pandemia en cada municipio del país.
