Ayuda temporal
El PMA entregó un carné de identificación a los beneficiarios, con el cual deben acudir a un banco en una fecha determinada del mes para hacer su retiro.
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Según Philppe Degernier, jefe de misión del PMA, el objetivo de la intervención es prevenir una crisis alimentaria luego de la tragedia, debido a que los cultivos de los que dependen estas familias están dañadas por la erupción.
Los delegados del PMA trabajaron con los Cocodes de ocho comunidades para identificar a la población más vulnerable, con prioridad en niños, mujeres y personas de la tercera edad, explicó Degernier.
En este sentido, se contó con la colaboración de la delegación departamental de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan).
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“De acuerdo con la experiencia internacional, lamentablemente, las donaciones de alimentos dejarán de llegar y esta transferencia no condicionada a las familias ayudará a los más necesitados y vulnerables a mediano plazo”, explicó Degernier.
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El PMA explicó que esta es la primera etapa de los desembolsos y está contemplado que se sumen otras mil familias que viven en Alotenango, Sacatepéquez, que igualmente sufrieron daños por la caída de material volcánico.
Para que esas familias se incorporen a este beneficio debe concluir el proceso de focalización.
La agencia de las Naciones Unidas invertirá US$1.6 millones para atender a las comunidades.
Las familias beneficiadas viven en las comunidades La Rochela, Unión Maya, La Lucerna, Chuchu, Ceilán, San Vicente Los Cimientos, San Felipe y Níspero.
Desde occidente
En la comunidad de La Rochela viven 101 familias. Se establecieron en las faldas del Volcán de Fuego hace 33 años, provenientes de Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango.
“Nosotros migramos hasta Escuintla por la tierra. Pedimos al Gobierno y nos dieron aquí. En Todos Santos teníamos, pero eran solo unas cuantas cuerdas, acá hay mucha más”, comenta el líder comunitario Sanselmo Pérez.
El idioma de la comunidad es el mam.
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Actualmente, la segunda generación de La Rochera es la que trabaja la tierra. Sin embargo, hay un temor latente de que el volcán vuelva a hacer erupción.
Sanselmo no sabe nada del subsidio aprobado por el Congreso y mucho menos de los programas a los que podría aplicar por haber perdido cultivos y fuentes de agua luego de la caída de ceniza.
“Aquí del Gobierno no se ha sabido nada, no tenemos ningún tipo de apoyo de parte de ellos”, dice Pérez, de 57 años.
El hombre explica que para abandonar esas tierras primero deberían llegar a un acuerdo con las autoridades, quienes deberían asegurarles un sitio con la misma extensión y que les garantice fuentes de agua para poder asegurar su alimento y les permita vender su cosecha.
La situación es similar para los habitantes de la Unión Maya, comunidad que se encuentra a ocho kilómetros de San Miguel los Lotes, que fue devastada el 3 de junio por la erupción. Sus siembras también fueron destruidas.
Según cuenta Felipe Tekún, vicepresidente del Cocode local, el asentamiento está conformada por 50 familias provenientes de Chichicastenango. “Nosotros vinimos desde hace 11 años, después de que a nuestros papás el Fondo de Tierras les otorgara terrenos en esta zona para venir a trabajar”, dice Tekún.
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El líder de Conred les ha notificado que esa aldea se encuentra en una zona de alto riesgo, pero no los han evacuado y tampoco han tenido noticias de si recibirán tierra en otro lugar.
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