Esta decisión podría ser un retroceso al trabajo de un grupo científico y técnico que por cuatros años impulsó la ley, que fue aprobada en el Congreso el pasado 1 de febrero.
Por medio de un mensaje difundido en redes sociales, Giammattei señala que una de las razones del veto es que la norma “no observa los principios de igualdad y equidad regulados en la Constitución”, sin embargo, la infectóloga Nancy Sandoval, quien junto a otros profesionales contribuyó a dar forma desde la parte técnica-científica a la norma aprobada, rechaza ese argumento, pues son precisamente dichos principios los que mueven la Ley de vacunación, para garantizar la cobertura de la población.
Mientras que el presidente menciona que la vacunación se vuelve obligatoria, Sandoval indica que la norma es clara al establecer que vacunarse es un acto voluntario, y la única obligatoriedad que se menciona es para el Estado, de proporcionar las vacunas que los guatemaltecos necesitan.
“Una parte medular de la ley es asegurar el presupuesto para vacunación de manera permanente, lo que es bueno, pues el Ministerio de Salud no ha tenido constancia en asignar lo necesario para vacunar a todos”, refiere Alicia Chang, presidenta de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas (Agei) y que desde la parte técnica y científica también contribuyó en darle forma a la ley.
Dicho financiamiento, como fue aprobado, debe ser suficiente y no usarse para otro fin, pero el veto deja ahora el tema a discreción de las autoridades de gobierno.
“Pareciera que no ha tenido (el presidente) el tiempo o la asesoría para revisar detenidamente de lo que se trata la ley, porque esta busca la asegurar la vacunación equitativa para el país. No es una vacuna para emergencia ni para covid, es algo más amplio, equidad para vacunación, dar un salto de calidad en Salud Pública, es así como lo hemos visto, como se trabajó la ley”. Nancy Sandoval, infectóloga y presidenta de la Asociación Centroamericana y del Caribe de Infectología (Acecai).
A través de la aprobada ley se da al Ministerio de Salud la rectoría en el tema de vacunación fortaleciendo al Programa de Inmunizaciones, pero a criterio de Giammattei esto implica una modificación a la estructura orgánica y presupuestaria de la cartera. Lo que Sandoval menciona es una interpretación errónea de la norma, y más bien pareciera que no quieren asumir dicha responsabilidad.
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“La otra parte importante es la del Consejo Nacional de Prácticas en Inmunizaciones (Conapi), ya reconocido como un ente técnico, cuyo dictamen había que escuchar, este no puede ordenar que se haga nada, pero puede emitir su juicio y eso era respaldado por la ley. No era forzar al Ministerio a hacer las cosas, más bien era darle una asesoría”, dice Chang, un apoyo técnico-científico independiente que no es vinculante, pero Giammattei lo señala como “falta de certeza jurídica” al darle derecho de voz al consejo.
El presidente @DrGiammattei informa sobre el veto del Decreto Número 6-2022, Ley de Vacunación. https://t.co/aHGWM5rBld
— Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) March 2, 2022
Un retroceso
Tanto Sandoval como Chang opinan que la acción de veto del presidente Giammattei es un sin sentido, y pareciera, más bien, que el documento no se leyó apropiadamente para tomar tal decisión, y es un serio retroceso en el tema de inmunización, pues a la fecha son escasos los países que no cuentan con una Ley de vacunación, y de nuevo Guatemala está en esa lista.
La presidenta de la Agei indica que esta ley no es lesiva para el país, más bien era un avance en materia de Salud, y “es mejor tener una ley que no es perfecta, pero que nos da cierto marco para fortalecer la institucionalidad”.
Carmen Salguero, de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), dice que es preocupante que “un movimiento antivacunas por el tema covid se esté mezclando con la importancia que adquiere esta ley, enfocada en garantizar el acceso a vacunas de calidad, seguras y gratuitas para la niñez guatemalteca”.
Fueron cuatro años que la iniciativa de ley 5342 estuvo engavetada en el Congreso y fue sometida a varias discusiones y modificaciones para llegar a su aprobación, pero previo a ello hubo un trabajo de la sociedad científica, académica y civil, para presentarla a ese nivel, y fue aprobada por mayoría de diputados, lo que no es usual.
A criterio de Salguero lo que se expresa en el veto presidencial es lo que el Ministerio de Salud debió hacer en la etapa de formulación de la norma, y en las enmiendas que se hicieron, lo que no ocurrió.
“Tenemos 10 años de estar empujando esta ley para que finalmente salga, por qué hasta ahora se manifiestan en contra, con argumentos que mencionó el presidente que tiene que ver con duplicidad de funciones e inconstitucionalidades, roles no claros”, dice Salguero, de Fundesa.
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Si bien la ley pudo estar mejor redactada y considerar otros aspectos, tal como fue aprobada plantea el fortalecimiento al Programa Nacional de Inmunizaciones, el financiamiento asegurado para la compra de vacunas y el fortalecimiento de la logística para llevar el biológico hasta la población, puntos esenciales.
“Pensando de manera positiva quizá esto (el veto) plantea una oportunidad para mejorar la ley, en algunos aspectos. Como Fundesa, opinamos que pudo haber salido mejor, pero la aprobaron por mayoría. Si es como dice el presidente que hay áreas de mejoras habrá que trabajar en ellas”, menciona Salguero. De esa cuenta harán el análisis de los puntos que el presidente indicó que lo llevaron a regresarla al Congreso.
Para las médicas este revés es desalentador y les preocupa que no se ponga ni la ciencia ni la evidencia en la toma de decisiones relacionadas a la salud de los guatemaltecos. Sin embargo, están dispuestas a trabajar hasta que el país tenga una Ley de vacunas.
La ley de nuevo tiene que llegar al Congreso, y la diputada Lucrecia Hernández Mack menciona que van a contra argumentar cada una de las razones que el presidente dio para vetarla, y que no será difícil desmontar cada uno de los puntos que Giammattei señala.
“Con una firma echó a la basura años enteros de construcción técnica de una discusión de muy alto nivel, en la que participó gente del Ministerio de Salud, el Conapi, la OPS/OMS, expertos e instituciones especializadas en el tema. Esta ley era muy robusta, muy sólida técnicamente, y en temas de derecho administrativo muy clara”, agrega, por lo que está segura que podrán desbaratar cada uno de los puntos del veto, que a su criterio no tienen ningún argumento.
