El viernes último, decenas de soldados fueron reubicados a Ciudad Quetzal, San Juan Sacatepéquez, y Mixco, por solicitud de la Policía, informó William García, director general de Prensa del Ministerio de la Defensa.
“Si ellos —PNC— dicen ‘necesitamos en tal zona’, se mueve seguridad ciudadana a apoyar a ese lugar. Ahorita nos estamos manejando en base a lo que la Policía diga, en dónde necesitan respaldo a nivel nacional”, explicó.
La PNC analiza las estadísticas delincuenciales para solicitar a Defensa el apoyo en el lugar donde se necesite la movilización militar.
Aunque el promedio es de 10 a 20 soldados por llamado, el número de efectivos asignados depende del grado de peligrosidad del área.
Nueve escuadrones del Cuerpo Especial de Reservas para la Seguridad Ciudadana están, con los primeros movimientos, en 30 municipios de cinco departamentos y pueden continuar desplegándose, según se requiera.
La segunda fase consistirá en el retiro del 50 por ciento de los escuadrones, en abril próximo; es decir que quedarán dos mil cien de los cuatro mil 200 soldados destinados a esas tareas.
Plan sigue en pie
Los estudios de Gobernación y del Estado Mayor de la Defensa para saber a dónde reasignar a los efectivos no afectan el plan de que en el 2018 ningún militar desempeñe actividades de seguridad ciudadana, comentó García.
“Lo que sí es que un plan es variable, por eso se le llama plan. Usted dice ‘ya no quiero hacer esto’, lo varía y lo hace de otra forma; no es una orden, sino que es un plan para cumplir, pero puede variar en cualquier momento”, explicó García, por lo que habrá que esperar la decisión del presidente Jimmy Morales.
El plan consiste en enviar a toda la fuerza militar de seguridad ciudadana a las fronteras, a la Biosfera Maya y al litoral del Pacífico, con el fin de evitar que narcotráfico, contrabando y pandillas ingresen en el país.
Solo del lado de México hay 962 kilómetros de frontera compartida, en los cuales existen al menos 104 pasos ciegos.
A partir del 2018, una cantidad de soldados también será asignada a la Unidad de Ayuda Humanitaria y Rescate y la otra irá a la protección de aeropuertos y carreteras principales.
Seguridad
Pobladores, líderes comunitarios y autoridades municipales de San Pedro Yepocapa, Chimaltenango, están preocupados porque ya no contarán con el apoyo del Ejército para la seguridad ciudadana.
Los vecinos temen que si los efectivos son retirados los hechos delictivos aumentarán, ya que a pesar de su presencia se han dado asaltos, extorsiones y robos, entre otros hechos.
“Los vecinos les tienen más confianza a ellos —militares—, por lo que esperamos que las autoridades municipales realicen las gestiones para que ellos —soldados— de alguna forma se queden resguardando nuestra seguridad”, afirmó la líder comunitaria Éricka Arana.
Piden presencia
A más de un mes de que el Ejército optó por trasladar a los 500 soldados que permanecían en los destacamentos de Visán, Nebaj; Cotzal, Santa Cruz del Quiché, y Chupol, Chichicastenango, la población exige presencia militar, no obstante el incremento de efectivos de la 71 Comisaría de la Policía Nacional Civil (PNC), con el argumento de falta de credibilidad y confianza hacia las fuerzas policiales.
“En el caserío Visán nos hace falta el Ejército. Los soldados confiaban en nosotros y nosotros en ellos. Recordemos que en Mixco la población también pidió que no se fueran del territorio y lo mismo clamamos en Nebaj, porque ya estábamos acostumbrados a su presencia y apoyo”, expresó Antonio Brito Raymundo, vecino de ese lugar.
Los habitantes de San Marcos tampoco están de acuerdo con la decisión.
Fernando Miranda, del cantón El Mosquito, San Pedro Sacatepéquez, lamentó la medida del retiro paulatino de militares y aseguró que el Ejército, después de la firma de los acuerdos de paz, cumple su misión y ha funcionado la estrategia de que militares resguarden la seguridad de los habitantes de los municipios.
