De acuerdo con el médico Miguel Garcés, con maestría en Salud Pública y especialista en Patología, el cáncer que más mata en Guatemala es el gástrico, este afecta principalmente a personas de escasos recursos. La dieta inadecuada sumado a que son más vulnerables a la infección de helicobacter pylori hace que la incidencia de la enfermedad sea mayor en este grupo.
Junto al de cérvix, son conocidos como cánceres de la pobreza, pues afectan a quienes tienen menos posibilidades económicas. Se detecta tempranamente al practicar un Papanicolau, pero el examen no está al alcance de la mayoría de las guatemaltecas, principalmente en el área rural. Se estima que solo una de cada cuatro mujeres tiene acceso a la prueba.
Hay otros cánceres que se pueden prevenir con un diagnóstico oportuno, como el de mama por medio de una mamografía, el de próstata a través de exámenes en sangre, con el de colon se pueden hacer otros estudios.
“Cuando se diagnostican tempranamente la cura muchas veces es del cien por ciento, como el de cérvix. En Guatemala, lamentablemente, no hay un programa nacional de prevención de cáncer”, refiere Garcés.
De esa cuenta, surge la iniciativa 6114 Ley para la atención integral del cáncer que fue presentada al Congreso de la República el pasado 25 de julio, y busca ordenar la respuesta de las instituciones públicas a las víctimas de la enfermedad, que se fortalezca la red de servicios de salud, y mejorar las capacidades de la red para reducir la morbilidad y mortalidad de este padecimiento que ya es un problema de salud pública.
Con la emergencia del covid-19, médicos han referido que hubo un incremento acelerado de pacientes hematológicos o con problemas de cáncer, las razones de este repunte son diversas, entre ellas, el limitado acceso a los servicios de salud debido a las restricciones de movilidad que impidieron no solo el diagnóstico de la enfermedad sino también recibir el tratamiento.
Para un paciente con cáncer el tiempo es el peor enemigo, por lo que la atención debe ser inmediata e integral, lo que no ocurre en el país. Además, la carga económica que la enfermedad representa para las familias tiene un impacto que está en franco incremento.
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La iniciativa también amplia la vigilancia epidemiológica, la prevención de la afección, promoción de la salud, detección temprana de casos, así como la atención integral, tratamiento oportuno, rehabilitación y cuidados paliativos, de manera indiscriminada para la población.
Lucrecia Hernández Mack, médico, exministra de Salud y actual diputada del Congreso, señala que los recursos económicos que se tienen para la atención de la enfermedad en el Sistema de Salud Pública son insuficientes, como también lo es el recurso humano enfocado a pacientes con cáncer. “Los servicios son realmente precarios”, agrega, pues el presupuesto que se tiene y las acciones que se implementan están dispersas y no llegan a los enfermos.
“Necesitamos más quimioterapias, más radioterapias, más terapias innovadoras, pero de nada sirve si los pacientes están llegando a los servicios en fase 3, en un estado avanzado. Allí lo que necesitamos es fortalecer el diagnóstico temprano. El cáncer de cérvix, por ejemplo, se puede prevenir con la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH)”, indica Hernández Mack.
Fortalecer el primero y segundo nivel de atención es vital para esa detección temprana de casos, lo que la iniciativa expone. En este punto también es vital la intervención del Instituto Guatemalteco de Seguro Social (IGSS), a través del cual un buen número de pacientes es diagnosticado y reciben tratamiento.
Tercer nivel de atención
Para la atención especializada se plantea la creación de un hospital contra el cáncer, que cuente con área de radioterapia, ya que el Ministerio de Salud subcontrata el servicio al Instituto Nacional de Cancerología (Incan) para los pacientes referidos de hospitales como General San Juan de Dios y Roosevelt. Son Q45 millones los que tiene la institución para dar este tratamiento, sin embargo, no todos los pacientes tienen acceso, y tampoco es inmediato, hay lista de espera, lo que compromete la vida de las personas.
Una posibilidad es aprovechar las instalaciones del Hospital Especializado de Villa Nueva. Por ahora recibe pacientes con covid-19, pero este fue creado como un espacio para atender especialidades, que bien podría ser el cáncer. La otra opción sería construir un edificio destinado para este fin, y los recursos pueden salir del presupuesto público, según Hernández Mack. Por aparte se tendrían Q600 millones para la especialización del personal de salud, así como para fomentar la investigación y estudios de la enfermedad, fortalecer la infraestructura de la red nacional de servicios oncológicos, medicamentos y tecnología.
Las autoridades de Salud serían las que definirían dónde ubicarlo, pero a criterio de la diputada, lo importante es que quede en ley la obligación de tener un hospital de este tipo.
“Eso nos saldrá menos caro de que lo que está costando ahorita, pues las personas se están endeudando, perdiendo su trabajo, haciendo coperacha para pagar su tratamiento. Otros están muriendo. Estamos perdiendo a personas que podrían estar trabajando, generando ingresos, entonces, los costos de la desatención (a la enfermedad) ya los estamos asumiendo”, agrega Hernández Mack.
Un apartado que no contemplaba el primer borrador de la iniciativa de ley era el de protección social, para atender los efectos económicos y sociales del cáncer, como apoyo monetario y psicológico, logística, alimentación, traslados y alojamiento de los pacientes, familiares y cuidadores para que continúen con su tratamiento. También apoyar la reinserción laboral a los sobrevivientes de la enfermedad y educación continua para los pacientes en edad escolar. Esto estaría a cargo del Ministerio de Desarrollo Social.
“La atención del cáncer tiene que pasar por un sistema de atención primaria de calidad, con gente educada e interesada en la prevención, en el diagnóstico y seguimiento, es todo un sistema integral, la ley es buena por eso, y es necesaria”, refiere Garcés.
