Además, la alta vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático, los bajos niveles de saneamiento y falta de infraestructura para disponer de embalses desencadenan escasez del vital líquido en el país, además de la extracción del recurso de manera desmedida y falta de recarga hídrica.
La disponibilidad anual del agua en el país se calcula en 97 mil 120 millones de metros cúbicos (m³), y de agua subterránea renovable, en 33 mil 699 millones de m³ , indica Luis Rodolfo Castro García, viceministro del Agua, del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn).
Wener Ochoa, doctor en Cambio Climático y Sostenibilidad, investigador de la Usac, refiere que el agua superficial, como ríos, lagos o arroyos, representa 100 mil 599 millones de m³, y de agua subterránea, 33 mil 699 de m³, lo que da una disponibilidad total de 134 mil 298 millones de m³, que evidencia la abundancia de agua en el país. No obstante, según encuesta realizada por CID Gallup, en septiembre y octubre del 2022, en Guatemala un 67% de la población no tiene agua potable en sus casas, añade.
Por las condiciones fisiográficas y climáticas del país, el agua está distribuida de manera irregular y ciertas áreas tienen mayor disponibilidad que otras, expone Sharon van Tuylen, bióloga con especialización en Hidrología y Gestión de Recursos Hídricos, vicepresidenta de la Asociación Guatemalteca de Limnología y Gestión de Lagos.
Las principales fuentes de agua para consumo humano son los manantiales —fuente superficial de buena calidad— y cada año se explotan más las aguas subterráneas mediante la perforación de pozos, dado que ríos y lagos evidencian diversos grados de contaminación, señala Norman Siguí Gil, ingeniero sanitarista y presidente de Asociación Guatemalteca de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (Agisa).
La Organización Mundial de la Salud señala que entre cien y 200 litros al día por persona es una cantidad óptima para la hidratación, alimentación, usos personales y domésticos. Sin embargo, el uso de agua en hogares guatemaltecos equivale a cerca de 79 litros diarios por persona, en promedio, por lo que está por debajo de dicho nivel, refiere Daniela Herrera, ingeniera ambiental e investigadora del Instituto de Investigación en Ciencias Naturales y Tecnología (Iarna), de URL. Además, considerando aspectos como la inequidad en la distribución y las deficiencias en la calidad, gran parte de la población ni siquiera accede al volumen mínimo diario para cubrir sus necesidades.
La dotación media de litros por habitante diariamente es de 180, para el área urbana —65 mil 700 m³ al año—, y de 125 para área rural -45 mil 625 m³ al año—, según recientes cálculos hechos por el Iarna. La extracción anual de agua en Guatemala es de 5 mil 140 millones de m³.
Siguí aclara que no hay datos precisos de cuánta agua utiliza cada persona, pues la mayoría de sistemas de agua carecen de medición —uso de contadores—. La cantidad de agua que se asigna por habitante también varía según sus características socioeconómicas y clima del lugar.
Así mismo, de la oferta total disponible, debemos tomar en cuenta que la naturaleza y los ecosistemas necesitan también del agua —caudal ecológico— y que la mayoría de las aguas superficiales contienen altos grados de contaminación, por lo que la cantidad real disponible para otros usos es de 33 mil 791 millones de m³, refiere Van Tuylen.
Las fuentes superficiales y subterráneas proveen entre 3.8 y 4 m³ por segundo de agua cruda a la ciudad capital. La variación de afluentes se debe a la temporalidad que podría reducirse aún más en temporada seca, señala Carlos Flores, subgerente de Empresa Municipal de Agua (Empagua). Se calcula que cada habitante capitalino consume unos 7.75 m³ al mes, es decir, 93.3 m³ al año. La oferta hídrica actual es de 4 m³ y la demanda es de 6 m³.
La disponibilidad de agua per cápita es entre 5 mil 983, 6 mil 230 y 9 mil 930 m³ por habitante al año en el país, dependiendo del valor utilizado. En todo caso, están por arriba del umbral de estrés hídrico —1700 m³/habitante/ año— y de escasez hídrica —1 mil m³/habitante/año—, se lee en el artículo Recursos Hídricos, de Álex Guerra y Manuel Basterrechea, del Primer reporte de evaluación del conocimiento sobre cambio climático en Guatemala (2019).
Se calcula que el 73.8 % de los hogares tiene acceso a agua entubada a través de la red dentro y fuera de la vivienda —58.9 % y 14.8 %, respectivamente—, según datos del Censo de Población y Vivienda 2018, expone Melany Ramírez, investigadora del Centro de Estudios Ambientales y Biodiversidad (Ceab) de UVG. Este dato cambia de manera significativa entre el área rural y urbana, pues en esta última, el 84 % de la población tiene acceso por red de tubería, y 59 %, en el área rural.
Se puede suponer, dice Siguí, que es probable que el 41% de la población acarrea agua, compra toneles o tienen pozo manual. En estos casos, la calidad del agua es dudosa.
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Se calcula que solo el 15 % de las fuentes de agua son desinfectadas antes de su distribución —con sistemas tradicionales, como cloro—, indica el mencionado artículo científico. De toda el agua utilizada en el país, se genera al año unos 1 mil 540 millones de m³ de aguas residuales, de las cuales, el 95 % son vertidas sin tratamiento a cuerpos de agua receptores.
El volumen de agua contaminada que se descarga a las cuencas proviene en un 40 % de los municipios; otro 40 %, de las actividades agropecuarias; 13 % de las industrias y el 7%, de las agroindustrias.
Las descargas de la ciudad de Guatemala perjudican en gran medida los cuerpos de agua de las cuencas norte y sur; en esta última, llegan al lago de Amatitlán, donde existe un grave proceso de eutrofización —exceso de fitoplancton—, debido a esa contaminación, dicta el Informe del estado del agua de la Región Metropolitana 2022. El agua nos une, de Funcagua. Únicamente existen 121 plantas de tratamiento en la cuenca, pero no todas operan o finalizaron su construcción, y de las que operan, sus sistemas son deficientes. Cada año se extraen unos 39 mil 855 m³ de basura del lago, arrastrada por el río Villalobos.
La Región Metropolitana es altamente dependiente de fuentes de agua subterránea y del abastecimiento por servicios privados, lo que reduce la posibilidad de que familias con menos recursos tengan agua de buena calidad.
Gestión incipiente
En el país, aunque intenta avanzar en la consolidación del sector agua, aún persiste una debilidad institucional por la gran dispersión actual de funciones en distintos ministerios. La gestión del agua se divide en cuatro instituciones: Ministerio de Salud, Segeplan, Infom y Marn, y la provisión de los servicios de agua por red y saneamiento es descentralizada bajo la responsabilidad de las municipalidades.
Sin embargo, hasta la creación del Viceministerio del Agua —mediante el Acuerdo Gubernativo 73-2021—, no existía una institución que asumiera la rectoría mediante la formulación de políticas y el ordenamiento para el uso del vital líquido, indica Ramírez.
La razón por la que no todos los municipios tienen su planta de tratamiento de aguas residuales, según lo estipula el artículo 24 del Reglamento de las descargas y reúso de aguas residuales y disposición de lodos, se debe, en gran medida, a que este supera la capacidad de los gobiernos municipales.
El referido reglamento no se ha cumplido en los 16 años desde su creación, con cinco prórrogas, que establecen la obligatoriedad de las 340 municipalidades de construir sus plantas.
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Hasta finales del año pasado, muchos de ellos no habían iniciado con la caracterización para planificar sus plantas y eso retrasa el cumplimiento de dicho acuerdo. Por su parte, el Marn no ha aprobado la operación de todas estas, principalmente, porque no cumplen con los requisitos. Generalmente, las plantas ya establecidas tienen problemas de diseño, de operación y de mantenimiento; por lo tanto, la capacidad instalada no es suficiente para cubrir las necesidades de cada municipio, afirma Ramírez.
Al respecto, Castro indica que según el acuerdo gubernativo 285-2022, se estableció el 2 de mayo del 2025 como fecha para el cumplimiento de las municipalidades. También añade que, según datos del Marn, 642 plantas están en operación y 240, sin operar.
La potabilización implica costos operativos que muchas municipalidades prefieren evitar, por lo que optan por invertir más en perforación de pozos, que suele presentar bajos o nulos grados de contaminación, dice Siguí.
La mayor queja de los alcaldes, añade, es que no tienen terrenos o financiamiento para construir sus plantas. Otro problema es que adquieren un terreno con viviendas cercanas, y los vecinos se oponen a la construcción de la planta, por posible emisión de olores, mosquitos o tránsito de vehículos pesados.
“Como falta rigurosidad por parte del ente rector para exigir el cumplimiento de los plazos establecidos, y constantemente se otorgan prórrogas, las municipalidades se ‘relajan’. No ven el tema del saneamiento como algo fundamental para el bienestar de su población”, Van Tuylen.
Falta ley general de aguas
- Los primeros intentos para que se aprobara una ley específica de aguas datan de la mitad del siglo XX.
- Desde entonces, se han introducido más de 50 iniciativas para regular el vital líquido. Sin embargo, ninguna ha prosperado.
- En ausencia de una ley general y/o política nacional del agua, según mandato constitucional establecido en el artículo 127, rige una legislación dispersa que regula el sector, indica Melany Ramírez, del Ceab.
- Es necesaria una actualización del acuerdo gubernativo del Reglamento de las descargas y reúso de aguas residuales y de la disposición de lodos (2006), en donde se establezcan los parámetros permisibles en función al contexto nacional.
- También, una ley integradora para regular el uso del agua a nivel domiciliario y de otros sectores.
- Además, una política nacional que garantice la gestión integral del recurso hídrico y la promoción de mecanismos de mitigación y adaptación del cambio climático en su gestión y una política nacional de agua, saneamiento e higiene.
- En el contexto actual es muy poco probable que se llegue a aprobar una ley que armonice todas las necesidades de uso y que priorice el bienestar de la mayoría de la población, dice Daniela Herrera, de la URL.
- El acuerdo gubernativo 117-2012 Política de Estado en materia de cursos de aguas internacionales regula el tema de cuencas transfronterizas.
Las autoridades deben entender que también tendrán que invertir en nuevos alcantarillados o ampliación y mejora de los existentes, para conducir las aguas negras lejos de las viviendas. Marn debe darle acompañamiento a las municipalidades para que esta vez sí cumplan y no haya excusa para luego ser sancionados por incumplimiento. “He visto varios proyectos nuevos de tratamiento de aguas residuales municipales que en menos de un año dejan de funcionar de manera adecuada, por falta de operación y mantenimiento”, señala Siguí.
A su criterio, la escasez de agua se debe, en gran parte, a una deficiente inversión en proyectos de agua, pues las poblaciones crecen y lo sistemas de agua no se mejoran o amplían de manera correcta.
La mayoría de estas plantas no tienen la infraestructura idónea, pues las municipalidades hacen la construcción, operación y mantenimiento sin mayor conocimiento técnico especializado, y se dejan llevar por comerciantes o constructores, y consultan a pocos científicos e ingenieros sanitarios ambientales, quienes realmente tienen el conocimiento requerido para ello, afirma Ochoa.
Además de la escasez estacional para algunos sitios, la extracción insostenible para fines económicos o lugares con una alta densidad poblacional genera escasez del recurso. Las políticas formales e informales favorecen una jerarquía de usos en la que los intereses de la economía extractiva se priorizan sobre el bien común, señala Herrera.
Los vertidos de desechos sólidos y líquidos, en mayor proporción, provienen de actividades agrícolas e industriales, los cuales introducen componentes que cambian las propiedades de los cuerpos de agua por tiempos prolongados, incluso, subterráneos. Se deben implementar medidas para regular las descargas de las actividades, para asegurarse de que los parámetros estén por debajo de los límites permisibles, enfatiza Herrera.
Falta control
A estos factores hay que agregar que las tarifas no cubren los costos de administración, operación y mantenimiento y que no hay oficinas especializadas de agua y saneamiento en la mayoría de municipalidades; la continuidad y presión de los servicios no es regular y se carece de catastro de usuarios actualizados. Sin embargo, el Marn, junto con la Comisión Presidencial de Asuntos Municipales, desarrollan un plan para crear oficinas municipales de agua y saneamiento, que ha permitido que en más de un centenar de comunas ya tengan esa entidad, explica Castro.
Siguí agrega que perjudica también la falta de educación ambiental en la sociedad y que las comunidades no quieren contadores de agua y, en muchos casos, hay desperdicios. En países desarrollados es usual tener pérdidas por fugas de un 15 a 20% del total de agua. En Guatemala, este porcentaje es considerable, debido al bajo mantenimiento y monitoreo que recibe el proyecto de agua, pues las fugas ocurren en la tubería, y si está enterrada, es difícil detectarlas. Así mismo, una significativa pérdida del líquido se produce en los hogares.
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Flores añade que la sobreexplotación de los acuíferos subterráneos y las conexiones ilícitas a la red de agua potable causan escasez, así como el robo de agua cruda previo al ingreso a las plantas de tratamiento. Debido al crecimiento poblacional, el consumo supera la recarga hídrica de las fuentes subterráneas, propiciando una reducción del líquido en estas, además de que se perfora cada vez a mayor profundidad.
“Se puede deducir que en Guatemala, más que escasez, hay falta de gestión inteligente y transparente del agua, para que se respete la normativa actual y se implemente de manera urgente la Ley de Aguas, con financiamiento adecuado”, puntualiza Ochoa. La causa de esta gestión inadecuada son intereses económicos de algunos actores, poca consciencia social del cuidado, intereses políticos, escasa investigación científica y corrupción, pues entre el 20 y 40% de las inversiones en sector agua, se pierden por prácticas deshonestas”, dice.
“Necesitamos romper el paradigma de que el agua después de utilizarla se convierte en desecho. El agua residual puede ser reutilizada y se pueden desarrollar proyectos interesantes de economía circular en los que se cierra el ciclo del uso del agua —conducción-uso-reúso-recarga hídrica—”, señala Van Tuylen.
¿Y la lluvia?
En Guatemala se distinguen dos temporadas marcadas: la lluviosa —durante seis meses, de mayo a octubre— y la seca. La precipitación media anual del país se mantiene en un rango de los 1 mil 400 a 2 mil 400 mm, con un promedio de 1 mil 790 mm, según datos del Insivumeh, refiere Castro.
En las zonas de la boca costa, las tierras bajas del Petén y Franja Transversal del Norte se acumula la mayor cantidad de precipitación. Los valores menores se registran en las áreas del valle semiárido de Zacapa y Chiquimula, indica Van Tuylen.
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La precipitación pluvial anual asciende a 213 mil 62 millones de m³ al año, por lo que existe un potencial significativo para la captación del agua, ya sea directa, cuando llueve, o cuando se incorpora a corrientes superficiales, expone Herrera.
Para aprovechar el agua de lluvia, explica Diego Incer, investigador del Ceab, se necesita crear embalses o infraestructura gris que permita capturar esa agua para que luego pueda ser distribuida en las regiones donde se encuentren estos reservorios artificiales durante la época seca. El principal obstáculo, considera, sería la inversión pública y privada para construirlos, coinciden Herrera e Incer.
Castro asevera que esta práctica la implementa el Marn con el proyecto de adaptación al cambio climático en el corredor seco, y mediante el canje de deuda para la adaptación al cambio climático.
Siguí señala que en Guatemala no se efectúan proyectos como embalses, por temas legales de propiedad privada. Por otro lado, recomienda invertir en sistemas urbanos de drenaje sostenible como techos verdes, zanjas y pozos de infiltración. Sin embargo, no todos los hogares tienen depósitos para almacenar el agua pluvial por el costo que conlleva la instalación, expone Flores. En la actualidad, no se dispone de infraestructura en la ciudad para aprovechar la captación y conducción de agua de lluvia hacia plantas de tratamiento para su posterior distribución.
También es importante la infraestructura natural o verde —soluciones basadas en la naturaleza—; por ejemplo: humedales artificiales, jardines de infiltración o techos verdes, entre otros, dice Van Tuylen. Hay múltiples posibilidades para captar y aprovechar agua de lluvia, sin necesidad de hacer grandes inversiones, dice.
Las laderas de las montañas expuestas al tránsito de los vientos húmedos reciben las mayores cantidades de lluvia, continúa Castro; sin embargo, en áreas como el altiplano la lluvia que cae es significativamente menor.
Además, en las regiones localizadas en las partes altas de las cuencas, y que reciben menor precipitación, la ocurrencia de agua como flujo superficial es menor, y es ahí en donde se asienta la mayor cantidad de la población del país, como la Región Metropolitana (RG),
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Los obstáculos para cosechar agua de lluvia son la falta de voluntad y capacidad política de las instituciones relacionadas con el agua; el avance de la deforestación e impermeabilización del suelo, lo cual impide que el agua se infiltre, percole y recargue los acuíferos, enfatiza Ochoa.
A pesar de que hay suficiente agua proveniente de la lluvia, hay escasez temporal y espacial, además de que la precipitación es variable, expone Gabriela Fuentes, directora del Ceab. Esta variabilidad se acentúa con el cambio climático y mayor frecuencia de fenómenos como el Niño y la Niña, que propician que la lluvia se concentre en menor cantidad de días al año, lo cual causa precipitaciones intensas que derivan en inundaciones, deslaves, erosión o sequías prolongadas. Estas últimas, en regiones como corredor seco.
Según el Sistema Guatemalteco de Ciencias de Cambio Climático (Sgccc), durante los últimos años, Guatemala se ha visto afectada con mayor intensidad por canículas severas y prolongadas, retraso en el establecimiento de la temporada de lluvias y aumento de precipitaciones intensas. Se espera que en el país la temperatura aumente entre 3 y 6 grados centígrados a finales de siglo, y que la precipitación se reduzca en 30 %.
Derivado del crecimiento de la población y de las zonas urbanas, la vegetación en el suelo ha ido disminuyendo y se incrementan las ciudades grises que no permiten la recarga de las aguas subterráneas, provocando una reducción de agua disponible para consumo humano. Esta problemática aumenta al extraer agua almacenada sin moderación/regulación por parte de las autoridades nacionales, señala Ramírez.
Hasta hoy, solo hay un embalse de regulación anual en el país: la presa de la hidroeléctrica Chixoy. El lago de Amatitlán es utilizado también para almacenar agua durante la época de lluvia, por lo que tiene compuertas en su salida hacia el río Michatoya. Las demás presas y embalses de regulación de las centrales hidroeléctricas son de regulación diaria.
La única forma en que el país puede almacenar agua es mediante los sistemas subterráneos, los cuales se utilizan en la RM. En relación con la capacidad instalada, el índice estacional de almacenamiento equivale a un 1.5 % del capital hídrico del país —475 millones de m³ de agua-. Por lo tanto, no hay condiciones para asegurar la dotación de agua hacia todos los sectores.
La reducción de la lluvia se acentuará a partir del año 2050 con disminuciones arriba de 10% de la precipitación promedio anual actual y la demanda aumentará, ya que la población del país llegará a 28 millones de habitantes, se expone en el informe Calidad del agua en las Américas. Riesgos y oportunidades, Unesco e Ianas (2018), sección Guatemala.
Mala calidad de agua
En entornos agrícolas, urbanos e industriales, se hace la descarga de agua con contaminantes. Sin embargo, estos llegan a cuerpos de aguas naturales por la falta de sistemas de tratamiento. Las descargas difusas de contaminantes son difíciles de manejar porque están muy extendidas. Una solución al problema serían los programas de educación dirigidos a la industria y la comunidad, dice Ramírez. “Cualquier uso del agua tiene el potencial de contaminar. Incluso el protector solar puede ensuciar el agua en áreas particularmente sensibles”, añade. Es importante el monitoreo constante de los cuerpos de agua, para conocer los avances y carencias en el manejo adecuado.
Las fuentes de agua se deben proteger y mantener con un marco regulatorio que penalice o sancione a los entes que las contaminen, pues esto incide en la mala calidad de los afluentes, debido a descargas de los desechos, dice Flores.
Únicamente 29% de los sistemas de abastecimiento de agua vigilados en los 22 departamentos presenta niveles adecuados de cloro residual, lo cual es muy bajo. Aún en el departamento de Guatemala el porcentaje es de 63%. Los porcentajes más bajos corresponden a Huehuetenango y Jalapa, con 7%, y Alta Verapaz, con 9%, se expone en el referido informe.
Según el Programa Nacional de Vigilancia de la Calidad del Agua para Consumo Humano, los resultados de la vigilancia de cloro residual en julio del 2019 evidenciaron que solamente el 41% de los sistemas de agua para consumo humano vigilados eran clorados adecuadamente y, en relación con la vigilancia microbiológica, tan solo el 51% de los sistemas estaban libres de contaminación fecal.
Agua transfronteriza
El 77% del total de agua que se produce en el país está disponible como escorrentía superficial, un porcentaje del cual drena a los países vecinos. debido a la composición y orientación del sistema montañoso del país, dice Ramírez. Es decir, los ríos en las cuencas nacen en territorio nacional, pero desembocan en cuerpos de agua de otros países, principalmente, México, Belice y El Salvador, complementa Herrera. Por ello, es importante no solo la captación del agua en las partes altas y medias de las cuencas, además del tratamiento de aguas residuales.
El 55% de las cuencas del país están compartidas con países vecinos. Por ejemplo, la cuenca del río Usumacinta está compartida con México, pues sus aguas desembocan en su golfo. Por condiciones naturales, sus aguas llegan a otro lugar, pero no es algo que se pueda considerar una problemática o se pueda evitar, dice Van Tuylen.
“Al desaprovechar el bien hídrico de manera sostenible en el país, el agua sigue su curso y finalmente va a parar a otros países. La forma de contrarrestar esto es conociendo y aplicando las bases y normativas de estrategia de promoción para gestión de aguas transfronterizas existentes”, expone Ochoa.
“No hay negociaciones bilaterales entre países, a pesar de que alrededor del 75 % de la disponibilidad hídrica anual de Guatemala va hacia los países vecinos”, señalan Guerra y Basterrechea.
Futuro incierto
Según un informe del Iarna-URL (2016), en las proyecciones realizadas para el 2050, se espera un estrés hídrico para 64% y 84% de la población en todo el país.
Los pronósticos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, dice Jackeline Brincker, investigadora de Ceab, prevén reducciones de hasta del 59 % del recurso hídrico para finales de siglo, por lo que se calcula que la disponibilidad per cápita bajaría a un rango de 2 mil a 5 mil m³ anuales, debido al crecimiento de la población y de las actividades productivas.
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La disponibilidad de agua per cápita podría pasar de 12 mil 197 a 1 mil 467 m³ por habitante al año hacia el 2100, dicen Guerra y Basterrechea.
La Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático, del Marn, Sgccc y Pnud (2021), menciona que la combinación del aumento en la demanda y la disminución en la disponibilidad de este recurso, vinculados al cambio climático, aumentaría la intensidad del uso de agua, en un escenario pesimista, de casi 20% en el 2050 y hasta un 251 % en el 2100, si no se toman medidas de adaptación y ahorro. La disponibilidad total de agua en Guatemala podría disminuir un 25 % en el 2030; un 31 %, en el 2050, y un 62 % en el 2100.
La disminución en los recursos hídricos representa un problema transversal, pues tiene repercusiones en otros sectores como el agropecuario y alimentario, la generación de energía y prevalencia de enfermedades, entre otros. En tal sentido, es probable que se desencadene una fuerte presión y conflictos para lograr el abastecimiento de estos sectores, añade Brincker.
A Guatemala le queda un largo camino por recorrer para cumplir con el indicador 6 de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de la ONU, acerca de “lograr el acceso universal y equitativo a agua potable, segura y asequible para todos”, pues tiene una calificación de 21 puntos de cien, según datos del 2020. La necesidad del ordenamiento equitativo de los recursos hídricos resulta impostergable.
