De ellos, 13 mil 63 eran menores de edad y cuatro mil 158 hicieron el viaje sin la compañía de ningún adulto, de acuerdo con los registros del IGM.
En total, se reporta un aumento de casi cinco mil deportaciones este año comparado con el 2021, cuando hubo 63 mil 520 guatemaltecos que fueron devueltos al país vía aérea y terrestre.
El aumento consecutivo de deportaciones se ha mantenido en los últimos tres años y se debe a la falta de oportunidades de empleo y desarrollo en el país, lo cual obliga a las personas a viajar en busca de mejores condiciones de vida para ellas y sus familias, coinciden especialistas en la materia.
Esto ocurre en medio de una crisis en la frontera sur de EE. UU. que mantiene varados a miles de migrantes, luego de que la justicia de ese país decidiera mantener en vigor el Título 42 que les impide acceder a un punto fronterizo y solicitar asilo. La política fue iniciada por la administración de Donald Trump, pero Joe Biden la ha mantenido.
“En las deportaciones solo hubo una baja que fue la del 2020. En 2021 repuntó y de ahí volvimos a ver las cifras de los años anteriores, que son de 90 a 105 mil. Los flujos migratorios recobraron dinámica que traían. Algo importante es que México es el que más está deportando, y EE. UU. tiene una contención migratoria fuerte en la frontera por el Título 42”, explicó Úrsula Roldán, consultora en temas migratorios.
Roldán prevé que las deportaciones podrían incrementarse aún más en los próximos meses debido a la crisis social, económica y política. De hecho, la cifra de 2022 crecerá puesto que aún se tienen algunos vuelos de deportados programados para esta semana. El último del año arribará este 29 de diciembre.
“Necesitamos un Estado fuerte y confiable porque la mayor parte de los recursos se despilfarran en la corrupción y esto no permite que existan políticas estables de generación empleo, educación, salud y programas especiales para las juventudes”, dijo.
Además, se necesitan inversiones públicas y privadas, pero esto cada vez se torna más complejo porque en Guatemala el sistema de justicia no funciona. Al contrario, cada vez se deteriora más, comenta Roldán.
En este escenario, parte de la estrategia del gobierno se ha centrado en endurecer las penas contra el coyotaje, pero esto no es efectivo, advierte. Lo ideal sería negociar visas de trabajo temporales, pero esto se torna difícil porque el gobierno guatemalteco no cuenta con la credibilidad que se requiere para hacer estas negociaciones, añadió la entrevistada.
“Lo hemos mencionado, eso no resuelve el problema porque el coyotaje tiene diversas estrategias y está diversificado. Si no fuera con el coyotaje guatemalteco, las familias quedarían en peor riesgo porque se vincularían a estructuras criminales que funcionan en México. Eso va en contra de las estrategias seguras para familias migrantes. Aquí la alternativa es tener gobierno más confiable para negociar visas de trabajo temporales, eso mitigaría mucho la situación que viven las familias y con las cuales se arriesgan”, dijo Roldán.
Por aparte, Fernando Castro, analista en temas migratorios, coincide con que con la pandemia se cerraron fuentes de empleo y por eso la migración ha sido mayor.
“Si las condiciones de falta de empleo y desarrollo no cambian la migración va a seguir escalando. Actualmente lo que vemos son cifras de una crisis humanitaria migratoria sin precedentes en los últimos 20 años”, expuso.
Afirma que en este momento es clave apostarles a programas de desarrollo, como el Plan de Desarrollo Integral que planea una inversión de US$45 mil millones de dólares para implementar 14 programas y 115 proyectos para Guatemala, El Salvador, Honduras y el sudeste de México.
“Esto no se ha implementado inexplicablemente. No se tiene una razón, porque esto mermaría la migración al generar empleo y desarrollo”, explicó Castro.
Esto es importante especialmente en el Occidente, donde viven la mayor cantidad de personas retornadas al país. Además, se debe advertir que cuando las personas son deportadas regresan en condiciones peores que las que salieron porque han adquirido préstamos o vendido sus propiedades.
“La gente regresa, pero vuelve a intentarlo por más de tres veces. Y si fracasan totalmente su intento de migración quedan endeudados y eso deteriora la situación de sus familias. Ponen sus propiedades, pequeños terrenos que tienen o se endeudan”, comentó Roldán.
Campaña de divulgación
En ese sentido, Castro dice que instituciones como el Ministerio de Relaciones Exteriores o el Consejo Nacional de Atención al Migrante (Conamigua) deben incrementar campañas de divulgación sobre las entrevistas de miedo creíble que efectúan oficiales de asilo en la frontera sur de EE. UU. para determinar si la petición de asilo de un migrante a EE. UU. se justifica.
Miles de guatemaltecos hacen el riesgoso viaje hasta la frontera para pedir asilo, pero son rechazados porque deben demostrar que sufren torturas o persecuciones por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenecer a un grupo social en particular por su opinión política en el país de origen.
Argumentar falta de empleo, pobreza o necesidad no se considera como una justificación válida en la entrevista de miedo creíble.
