El gobierno anterior había sugerido que el tramo sería finalizado por el Cuerpo de Ingenieros de la institución armada. Para octubre del 2018 el exvicepresidente Jafet Cabrera indicó que ya se trabajaba en una hoja de ruta.
Luego afirmó que en febrero del 2019 los trabajos deberían comenzar. Sin embargo, el año pasó, y hoy lo único seguro es que el proyecto sigue suspendido y que los pobladores siguen pasando penas para salir de las comunidades cercanas.
“En este momento no estamos involucrados, ni hay planes. Normalmente -para ese tipo de proyectos- siempre hay acercamientos y uno se entera, pero en este caso no”, afirmó el portavoz del Ejército, el coronel Juan Carlos de Paz.
“En el gobierno anterior hubo pláticas ya que Caminos (Dirección General de Caminos) estaba interesado en que el Cuerpo de Ingenieros apoyara. Tuvieron acercamientos, pero al final no quedaron en nada”, añadió.
Una de las razones por las cuales se habría decidido no continuar con el proyecto es por lo mismo que la empresa Solel Boneh tuvo que suspenderlos: la inseguridad en el área. En el 2014 los inconformes quemaron la maquinaria que se encontraba en la zona para impedir el avance de la obra, desde entonces los conflictos han sido recurrentes.
“Si nosotros entrábamos ahí tendríamos que hacer un despliegue de seguridad muy amplio, mucho más grande que la cantidad de personas que trabajaría en el proyecto y como que el costo beneficio era poco rentable”, explicó De Paz.
Decisión del Congreso
Prensa Libre intentó comunicarse con la Dirección General de Caminos para saber cuáles son los planes para concluir la obra, pero no se obtuvo una respuesta.
Sin embargo, en agosto del 2018, el exministro de Comunicaciones, José Benito, indicó que la empresa exploraba la posibilidad de dejar fuera del contrato la construcción del tramo cuatro, que va de Tres Ríos a finca La Trinidad, un total de 84 kilómetros, donde hay mayor conflictividad, sobre todo en aldeas de San Mateo Ixtatán, Huehuetenango.
Aparte, en el tramo que atraviesa un área del Parque Nacional Laguna de Lachúa están pendientes algunos estudios ambientales.
No obstante, el mismo funcionario aclaró en esa oportunidad que solo el Congreso podía modificar el contrato porque el proyecto se aprobó a través de una ley.
Tampoco fue posible obtener comentarios de la empresa Solel Boneh. Una recepcionista indició que avisaría de la llamada de Prensa Libre para que el encargado del proyecto devolviera la llamada, pero al cierre de esta nota no se habían comunicado nadie. En el 2018 un representante de la firma aseguró que tenían “terminantemente prohibido” hablar del tema.
Piden finalizar trabajos
Pobladores de las comunidades cercanas claman porque se culmine finalmente el proyecto por lo dificultoso que resulta, no solo sacar sus productos para ser comercializados en la zona, sino también porque es muy difícil obtener atención médica cuando alguien se enferma.
Bernardo González, representante de una plataforma que aglutina a 23 comunidades del norte de San Mateo Ixtatán, aseveró que el Gobierno no se ha acercado a ellos para saber qué van a hacer para concluir el proyecto que se quedó paralizado desde el 5 de mayo del 2014 cuando se produjo el primer atentado en contra de la maquinaria de Solel Boneh.
“No ha habido ningún acercamiento con autoridades. El año pasado llegaron algunos, se firmó un memorial donde se dijo al Gobierno que le diera continuidad a la Franja”, pero ya no hubo seguimiento, añadió González, quien dio a conocer que el área pendiente de trabajo es de aproximadamente 900 metros de montaña virgen.
El líder comunitario asegura que quienes se oponen al proyecto han manipulado a personas que en el pasado “los obligaron a hacer cosas malas”. Ahora, afirma, son los mismo que “contrabandean productos”.
“Queremos, no solo la carretera, sino energía eléctrica, escuelas, salud y que todo el Estado esté presente en el área porque somos guatemaltecos y tenemos derechos”, concluyó González.
Supuestas coimas en proyecto multimillonario
La construcción de la FTN ha sido un proyecto polémico no solo por las dificultades que ha enfrentado para finalizar la carretera, sino también por los señalamientos de corrupción para que la obra fuera adjudicada.
Una investigación del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) dio a conocer supuestos pagos que hubo en favor de Alejandro Sinibaldi cuando fue diputado y luego ministro de Comunicaciones por parte de Solel Boneh.
Estos sobornos se habrían extendido hacia otros legisladores en montos que variaron de Q50 mil hasta Q300 mil, según una publicación de Prensa Libre.
El proyecto fue adjudicado por Q1 mil 748 millones y que luego de ajustes costará Q2 mil 594 millones, Q845.8 millones más de lo previsto. La construcción de la carretera comenzó en noviembre del 2010 y debía finalizar en tres años, pero sigue inconclusa.
