Eso resultados se daban mientras el Congreso rarificaba con 92 votos a favor el estado de Sitio por 30 días, el cual fue instaurado por los “actos violentos” ejecutados por “habitantes y grupos armados” de la zona que han atacado “a la población y fuerzas de seguridad”.
“La primera fase de las operaciones proyectadas para este estado de Sitio consistió en la toma de todos los puntos clave del terreno en estas dos comunidades, estamos hablando de aproximadamente nueve búnker o edificaciones que se estaban empleando como tal, así como otras elevaciones en el terreno desde las cuales se efectuaban disparos entre ambas comunidades y mantenían en zozobra a la población”, dijo Rubén Téllez, portavoz del Ejército.
Téllez agregó que durante esa operación no se reportan heridos y que, además, se localizaron indicios como bombas de feria que (…) son utilizadas para generar daño o bien para generar temor”.
“También hay indicios de que se pudo haber estado utilizando maquinaria para la construcción de trincheras o bien para dañar algunas tuberías de abastecimiento de agua, pero estos son extremos que deberá confirmar el Ministerio Público como parte de sus diligencias de investigación”, reiteró el portavoz, quien agregó que el control de la seguridad ahora está a cargo del Ejercito y la PNC.
“A partir de este momento se podría decir que se cuenta con condiciones certeras de seguridad, las cuales permitirían al Ministerio Público realizar sus respectivas diligencias judiciales, como allanamientos y otras acciones que tengan previstas, sin el riesgo de que puedan sufrir ataque desde puntos clave”, reiteró Téllez.
Hallan vehículo blindado
Téllez también confirmó el hallazgo de un vehículo blindado, propiedad de la empresa Forza Cash Logistics, la cual denunció el martes 7 de junio en un comunicado que dos de sus colaboradores se encuentran desaparecidos luego de que su unidad fuera incendiada por supuestos pobladores entre Ixchiguán y Tajumulco.
“Se reporta la localización y confirmación del vehículo reportado como extraviado. Es un vehículo blindado, el cual se encontró incinerado en cercanías de estas comunidades y a simple inspección visual no se reporta la presencia de ningún cuerpo dentro o alrededor del vehículo, ya se ha asegurado el área y se está esperando que el Ministerio Público inicie con las diligencias que le corresponden”, afirmó Téllez.
Por último, el portavoz dijo que a partir del viernes se contará en el lugar con la presencia del jefe del Estado Mayor, quien se integrará a una mesa multidisciplinaria en la que se terminará de coordinar las acciones en el área y “hacer los acercamientos nuevamente para restablecer el diálogo entre los líderes comunitarios”.
Agregó que también se definirán las acciones a seguir para “el desarme y la desintegración de los grupos o también de personas que puedan dedicarse a los hechos vandálicos que mantienen zozobra a la población de estos dos municipios”.
Grupos del narcotráfico
Horas antes, auxiliar de la Procuraduría de los Derechos Humanos en San Marcos, Luis Enrique Morales, dijo en una radio local que el conflicto en esas dos poblaciones no deriva de un problema limítrofe, sino que se sabe que dos grupos del narcotráfico mexicanos han dividido a las poblaciones.
Además, comentó que el objetivo del viernes será localizar a los dos trabajadores de Forza desaparecidos y que espera sean localizados con vida.
El Gobierno de Guatemala decretó el miércoles pasado un estado de Sitio en Tajumulco e Ixchiguán cuando la Secretaría de Comunicación Social del presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, indicó en un comunicado de prensa que el estado de Sitio obedece a la “vulnerabilidad de la zona”, tras un informe emitido por el Ministerio de la Defensa.
El Gobierno de Giammattei explicó que la decisión tiene como origen los “actos violentos” ejecutados por “habitantes y grupos armados” de la zona que han atacado “a la población y fuerzas de seguridad”.
Dichos ataques, añadió la nota de prensa, ponen “en riesgo la vida, libertad, justicia, seguridad, paz y desarrollo” de la región.
Precisamente, la Procuraduría de los Derechos Humanos exigió la aparición de dos personas secuestradas el pasado 3 de junio en San Marcos, específicamente trabajadores de una empresa que traslada dinero en efectivo en carros blindados.
El secuestro fue confirmado por la misma empresa privada en un comunicado en el que señalan que desconocen el paradero de sus trabajadores y que al momento de lo acontecido no llevaban objetos de valor.
Con información de EFE y Henrry Montenegro
