Los vecinos, en una proporción significativa de niños, se resisten a dejar el lugar alegando que no tienen un área adecuada para vivir, que son de escasos recursos y tampoco podrían pagar un alquiler.
La Procuraduría de Derechos Humanos acompaña las diligencias y busca intermediar ante las autoridades para que desistan de utilizar la fuerza.