En el numeral 2-55 de la segunda avenida de la zona 4 de Villa Nueva hay una casa que tiene tres cuartos que van seguidos uno después del otro. El primero era la sala-comedor-cocina, el segundo era el dormitorio principal donde dormía la pareja con el niño más pequeño y el tercero era un pequeño rincón que servía de habitación para el hijo mayor que recién había cumplido 18 años.
Ese miércoles santo de 2019 los gritos alertaron a los vecinos y alcanzaron a ser oídos por un autopatrulla que circulaba por el sector. Cuando los agentes llegaron, vieron a un hombre con un cuchillo en la mano. En la segunda habitación yacía el cuerpo inerte de una mujer sobre un charco de sangre, y en el cuarto del fondo hallaron a un niño escondido.
No era la primera vez que Baruc escuchaba a sus padres discutir y alzar la voz. Ocurría a menudo y luego se desquitaban con su hermano mayor, a quien golpeaban con palos, lo empujaban y lo insultaban a gritos.
Él tuvo suerte, nunca lo agredieron, pero tampoco le prestaron la atención que necesitaba. Baruc nació con un retraso cronológico y con 10 años su capacidad cognitiva es de un niño de 3. Sin embargo, aunque no puede hablar comprende todo lo que sucede a su alrededor.
La Policía lo encontró temblando en un rincón, y si bien no pudo decir su nombre, parecía estar consciente de que algo había pasado. Lo cubrieron con una toalla para que no viera el cuerpo de su madre y se lo llevaron a la comisaría más cercana, a la espera de que apareciese un familiar.
Llegó el abuelo, apresurado, con el fin de evitar que la Procuraduría General de la Nación (PGN) llegara antes y se lo llevara. Al verlo, Baruc corrió a abrazarlo y desde entonces es la persona a la que decidió aferrarse.
“Yo sí lo he notado enojado conmigo. No sé si pensará que si yo hubiera estado ahí ese día, tal vez no hubiera pasado nada”, dice Nahum, el hijo mayor, ahora de 19 años.
Ese día sus padres lo despertaron temprano porque tenía que ir a la iglesia a servir. Horas después, como a las 10.30, comenzó a recibir llamadas insistentes de su abuelo, pero no contestó. No atendió el teléfono hasta lo llamó su primo, quien fue el primero en ponerlo al tanto de la terrible situación.
“Me dijo, ‘mirá, es que tu papá mató a tu mamá’. No me lo creí en el primer momento, pensé que estaba bromeando, colgué y no hallaba qué hacer, solo me puse a gritar y a llorar”, recuerda.
Nahum estaba en la zona 5 capitalina y hubiera querido volar hasta su casa. Un amigo lo llevó en moto y mientras iban en camino en lo único que pensaba era en su hermanito. “Mi pena era el nene, si le pasaba algo a él se me acababa la vida”, expresa.
Cuando vio las patrullas afuera de su casa entendió que lo que le habían dicho era verdad. Luego de que los agentes se retiraron pudo entrar para recoger sus cosas. El charco de sangre en la segunda habitación fue su última imagen del lugar.
Aunque dice sentirse liberado porque ya no vive en ese ambiente violento en el que se despertaba cada día, su plan de vida cambió y ahora su prioridad es tener un trabajo que le deje tiempo para cuidar de su hermano pequeño.
Durante los primeros meses después de que su madre fuera víctima de femicidio tuvo que lidiar con el insomnio y también con el enojo de Baruc. A casi dos años del suceso, su vida se reconfiguró y ahora la familia que le queda es su abuelo.
Siempre hay niños
Nahum y Baruc apenas son dos de los miles de menores que la violencia femicida ha dejado huérfanos en el país. La falta de datos en Guatemala no permite conocer una cifra real, pero no es difícil imaginar la magnitud del flagelo.
A estos niños y adolescentes les ha tocado experimentar un doble sufrimiento. Muchos fueron testigos de la violencia ejercida contra sus madres y otros, como Nahum, también la padecieron en carne propia.
Algunos los ven como víctimas colaterales, pero otros señalan que son víctimas directas, puesto que su crianza, tras el desenlace trágico, quedó en un limbo. Mientras lloran la pérdida de sus madres tratan de asimilar que también se quedaron sin padre, porque este se encuentra tras las rejas.
Testimonio de un niño ofrecido mediante una cámara de Gesell —que previene la revictimización de menores— y que reforzó la condena de su padre por femicidio.
La mayoría queda bajo el resguardo de sus abuelos, pero son muy pocos los que reciben algún tipo de seguimiento o terapia psicológica que les ayude a superar los hechos y a reconstruir sus vidas.
Claudia Hernández, directora de la Fundación Sobrevivientes (FS), hace énfasis en que si bien Guatemala ha trabajado para establecer un marco legal que castigue los femicidios y las muertes violentas de mujeres, existe un vacío al que pocos le han puesto atención.
“Algo que ha faltado es el seguimiento cuando ellas tienen niños y niñas que se quedan en la orfandad. La mayoría se queda donde los abuelos, pero esto duplica un costo, porque son personas que están arriba de los 60 años criando niños a los que les tienen que garantizar la educación y la salud”, expone.
A la pregunta de cuáles son los casos en donde hay niños de por medio, Hernández responde: “Siempre hay niños”. Pero, ¿cuántos son?
El Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM) registra 12 mil 494 muertes violentas de mujeres del 2000 al 2020. Sin embargo, desde la creación de la Ley contra el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer, aprobada en 2008, hasta diciembre de 2020, el Ministerio Público (MP) registra 3 mil 702 femicidios.
“Casi siempre hay niños”, coincide en señalar Édgar Gómez, fiscal de Femicidio, luego de una pausa y evaluar que de los 388 femicidios registrados solo durante el año recién pasado, esta situación se dio en la mayoría de los casos.
Lo anterior, pese a que ni la fiscalía a su cargo ni el Ministerio Público cuentan con cifras concretas que reflejen la magnitud del problema. Gómez explica que ellos solo se encargan de la persecución penal, por lo que desconocen qué pasa con esos niños después.
El MP solo les da seguimiento cuando los menores presenciaron el asesinato de su madre, pueden aportar evidencias o dar su testimonio para condenar al sospechoso, que muchas veces es su padre.
“Vi a mi papá que le disparó a mi mamá y tengo miedo que le dispare a mi tía”, declaró un niño en un testimonio recabado en la cámara de Gesell y con el que se logró la condena de su padre, refiere Maricel Godoy, abogada de FS. “Muchos niños han sido testigos y llevan ese trauma consigo”, puntualiza.
En el caso de Luz María López Morales, la investigadora del MP que fue localizada en un drenaje a pocos metros de su oficina en la zona 2, resuena el llanto de su hija de 1 año y tres meses.
La abuela de Luz María relató que en un audio que le enviaron por WhatsApp se escuchaban los gritos de su nieta y al fondo el llanto de la bebé. Aunque la pequeña estaba en el lugar cuando asesinaron a su madre, es posible que el recuerdo que le quede de ella sea a través de las fotos que le muestren.
“Siempre hay niños”, razona a su vez Godoy. “En la mayoría de casos de femicidio tenemos una persona que perseguir y se ha demostrado que son los esposos, la pareja o el conviviente los que matan a la mujer y dejan a los niños en soledad”, explica.
Tras insistir en la búsqueda de datos más precisos al respecto, la Fundación Sobrevivientes indicó que de los 85 casos de femicidio que llevan, hay 58 niños que quedaron huérfanos. FS es de las pocas organizaciones que dan seguimiento a las familias que sufren la pérdida de una hija por femicidio.
Hernández dice que a través de empresas amigas han logrado llevar bolsas de alimentos a las familias que se quedaron con la tutela de los niños, como una forma de respaldarlos. También han asistido a los menores con terapia psicológica y les proporcionan una bolsa de útiles.
No obstante, hace ver que la responsabilidad de dar seguimiento a estos niños es de la PGN o la Secretaría de Bienestar Social (SBS).
“Se les debe atender a través de programas del Estado, pero el apoyo también debe ser al tutor que asume el cuidado. Las becas de estudio son importantes, así como el acompañamiento psicológico”, subraya Hernández.
La Procuraduría de la Niñez y Adolescencia de la PGN es notificada por la Policía Nacional Civil (PNC) cada vez que les toca atender la muerte violenta de una mujer, y si sospechan que se trata de un caso de femicidio, indicó uno de los encargados de recibir las denuncias.
Cuando hay niños en la escena del crimen, un equipo de la PGN integrado por un psicólogo, un trabajador social y un investigador deben movilizarse de inmediato al lugar para asegurarse que los menores de edad queden bajo protección. En caso de que el padre sea el sospechoso del crimen, buscan que los niños se queden al resguardo de familiares idóneos, como tíos, hermanos o abuelos.
Sin embargo, esto se determina tras una investigación y el caso se traslada a un juzgado de la Niñez y Adolescencia, para que el juez dictamine con quién se queda el menor. El proceso puede tardar una semana.
Los femicidios en Guatemala ocurren casi a diario. Del 1 al 23 de enero de este año, el MP ya registraba 39 muertes violentas de mujeres, pero son muy pocos los casos en los que la PGN se hace presente para atender al menor de edad.
El último fue en agosto del 2020, cuando la Procuraduría fue alertada de un homicidio en el patio de una casa en zona 18. Sin embargo, cuando el equipo de Niñez y Adolescencia llegó al lugar, los niños ya se habían ido con un tío.
Según el trabajador de la PGN, esto es muy común y por eso no tienen el registro de cuántos niños quedan en situación de orfandad tras el asesinato de su madre, porque cuando llegan al lugar los niños ya no están. “Esto no puede pasar, siempre nos tienen que avisar, pero muchas veces mientras llegamos, un familiar se presenta antes a la comisaría y luego de demostrar que tiene vínculos con el niño, la Policía deja que se lo lleve. Se da muy seguido, pero no es legal”, reconoce.
Al consultar a la SBS, indicaron que no tienen programas enfocados en atender a estos niños.
Cómo romper los patrones
“Es importante trabajar la confianza y el proceso de duelo con los niños, no solo por la muerte, sino cuando el padre fue el responsable y eso los lleva a vivir en otro núcleo familiar”, puntualiza Brenda Rosales, psicóloga de Mujeres Transformando el Mundo (MTM) otra de las organizaciones que dan seguimiento a estos casos.
Rosales explica que cuando los niños son muy pequeños, su recuperación depende mucho del apoyo y abrigo que le den sus tutores. “Es importante que ellos puedan recobrar la seguridad, que no se sientan abandonados, que sepan que siempre habrá alguien que los va a apoyar y que estará atento a sus cuidados”.
Sin embargo, también es preciso que este apoyo lo reciba el tutor, quien debe asumir la responsabilidad del cuidado de los menores después de una experiencia traumática como un femicidio.
A criterio de Rosales, este tratamiento psicológico es fundamental para cerrar posibles círculos de violencia que se puedan replicar en un futuro. Se trata de evitar que al crecer, los niños hayan normalizado la violencia y terminen convirtiéndose en víctimas o victimarios.
Brenda Rosales, psicóloga de la agrupación Mujeres Transformando el Mundo, sobre el doble impacto en los niños con su madre asesinada y el padre -su victimario- en prisión.
El Ministerio de Salud cuenta con 148 psicólogos que atienden a la población a nivel nacional en los diferentes centros. Las agresiones sexuales, la violencia y el duelo patológico son sus principales motivos de consulta.
El centro de salud de San Antonio Suchitepéquez atendió a los cuatro hijos de Ingrid Saquic, asesinada el 15 de junio de 2019 por su pareja y padre de sus hijos, Raúl Cumpar López.
Ingrid sufría intimidación, control excesivo, insultos y golpizas por parte de su esposo. La familia vivía en un cuarto que alquilaban en la colonia Reformita, zona 12. El día de los hechos Cumpar le pidió a Ingrid que lo acompañara a hacer unos mandados. Según las investigaciones del MP, el hombre la estranguló en el vehículo y dejó tirado el cadáver a unas pocas cuadras de la vivienda.
El cuerpo de Ingrid fue reconocido de inmediato. Cuando llegó la Policía a la casa de la víctima, la hija mayor, que en ese entonces tenía 16 años, no pudo ocultar el miedo que le provocaba pensar en que se quedarían solos con su padre y no dudó en decirle a los agentes que Cumpar había tratado de abusar de ella.
“Los demás niños decían que él trataba muy diferente a la hermana mayor, que era muy cariñoso con ella, pero él solo les advertía que no dijeran nada, que se dejaran de meter novelas en la cabeza”, cuenta Floridalma Saquic, hermana de Ingrid y quien está ahora a cargo de los cuatro niños.
Floridalma cree que cuando su hermana se dio cuenta de que su esposo estaba tratando de abusar de su hija lo confrontó, y eso pudo haberle costado la vida.
Ella tiene tres hijos de 12, 9 y 5 años. Desde la muerte de su hermana se encarga del cuidado de sus cuatro sobrinos de 17, 14, 12 y 5 años. Puso una tortillería, para que junto a su esposo se pudieran hacer cargo de los siete menores.
“No solo fue duro perderla a ella, sino el haberme quedado sola. Somos ocho hermanos, pero solo yo me hago cargo de mis sobrinos. Para mí, ellos nunca han sido una carga, y aunque sea un pedazo de pan nos comemos todos”, asegura.
Los hijos de Ingrid tuvieron que afrontar la muerte de su madre, pero además separarse abruptamente de su entorno social, porque se pasaron a vivir a Mazatenango.
Días después de la mudanza, empezaron a recibir terapia en el centro de Salud de San Antonio. “Ellos saben lo que pasó con la mamá, están enterados de la situación y tienen miedo de que su papá salga de prisión”, dice Floridalma.
Su otra preocupación tiene que ver con la sobrina, que ahora tiene 17 años. Temen que pueda terminar en una relación de abuso, similar a la que mató a su madre. “Le hablamos claro las cosas para que ella no caiga en una relación así, le decimos que no está sola, que puede contar con sus tías”, revela Floridalma.
La directora de la Fundación Sobrevivientes añade que aunque los menores hayan recibido atención psicológica después del hecho, es primordial que se les dé seguimiento y sean observados. En especial, durante la adolescencia, ya que a medida que van creciendo pueden aparecer señales de que el episodio traumático que experimentaron no ha terminado de sanar.
“Se empiezan a poner muy agresivos, a veces caen en el consumo del alcohol y las drogas o no quieren seguir estudiando, y dependiendo del entorno en el que estén, esa agresividad o rebeldía puede favorecer a que se unan a grupos delictivos”, advierte.
El hijo de Mindy Rodas, la mujer de 21 años que fue mutilada por su esposo en 2009, tiene ahora 14 años y todavía se enfrenta a los fantasmas del femicidio, la estigmatización y la violencia.
Tenía 4 años cuando asistió al entierro de su madre, y aun así decía que ella no estaba muerta, que se la habían llevado a Estados Unidos “para arreglarle el rostro”.
El adolescente ya ha presentado problemas para estudiar y actitudes de rebeldía. “Vive con la abuela, pero las tías no lo aceptaban y en la comunidad lo recuerdan como el hijo de la mujer a la que le quitaron el rostro. Eso y que su padre esté en prisión ha provocado que ahora tenga conductas agresivas”, expresa preocupada.
Mientras el país continúa siendo azotado por los femicidios y la muerte violenta de mujeres que no han podido ser contenidos, hay una emergencia social detrás de estos casos que también va en aumento: todos esos niños que quedaron en el desamparo y de los cuales ni siquiera hay un registro.
Es una cara nueva, desesperanzada y alarmante de la violencia, que hasta ahora nadie se ha atrevido a ver.
