David Gaitán, representante de la organización, expresó que la denuncia penal que presentaron se dirigió contra las autoridades del IGSS y de la Droguería Pisa, por los delitos de homicidio culposo, incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y fraude.
“Este es solamente uno de tres contratos que han sido suscritos por el IGSS para la atención de pacientes renales y según análisis jurídicos, los otros reportan anomalías”, afirmó Gaitán.
En otras reacciones, el Banco de Guatemala apoyó a Julio Suárez, y similar postura adoptó personal médico del IGSS zona 9, al aducir que los empleados son obligados a participar.
Personal médico del Igss de la zona 9, también se pronunció a favor de los tres capturados en ese hospital y exigió su liberación.
Los trabajadores asegura que son elegidos para las juntas de licitación y si no participan son sancionados.
Sector empresarial
El Cacif a través de un comunicado manifestó su complacencia por las acciones encabezadas por el MP y la Cicig, sin embargo solicita que las pesquisas se profundicen para “determinar quiénes son los efectivamente responsables de los hechos que se señalan”.
El Cacif reiteró la necesidad de juzgar y sancionar a quienes se ven envueltos en hechos ilícitos que se cometen en la administración pública y a la administración de justicia “actuar en forma pronta y cumplida, resguardando el debido proceso y en estricta aplicación del Estado de Derecho”.
