La sentencia del amparo presentado por la paciente incluye una sanción económica para los miembros de la Junta Directiva del IGSS, quienes deben pagar Q2 mil cada uno debido a que no han cumplido con garantizar el derecho a la salud de sus afiliados.
Valenzuela aseguró este lunes que desde noviembre del 2015 le negaron los medicamentos, necesarios para mantener su salud y su vida, y que tienen un valor de entre Q350 y Q1 mil 900, pero cuando fue notificada de la sentencia los recibió sin ningún inconveniente.
Según el abogado de la amparada, Esteban Celada, esta sentencia incluye en sus considerandos el papel del Estado en cuanto a garantizar la seguridad social de todos los habitantes del país. La CC evocó el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales que insta a los Estados a la creación de condiciones que aseguren a todos la asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.
Además, la CC dice que debe darse una atención integral como un mecanismo de protección a la vida.
Esto se suma a una resolución de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) que dice que el IGSS viola el derecho a la vida.
“Aunque el amparo es en favor de Lin Valenzuela, la CC y la PDH hacen un llamado al Estado porque no está poniendo atención a temas importantes como la salud, la vida y la educación”, afirma el abogado.
Afectados
Valenzuela señala que, del total de pacientes del IGSS, el 10 por ciento sufren enfermedades crónicas degenerativas y son quienes reciben negativas sobre sus medicamentos, lo que pone en peligro sus vidas.
La paciente tuvo apoyo legal de la organización Mujeres Transformando el Mundo, cuya representante, Paula Barrios, cuestiona que un enfermo afiliado al IGSS deba acudir a instancias legales para recibir los medicamentos que ese instituto está obligado a entregar.
La afiliada asegura que no menos de cien personas han recurrido a amparos para obtener el beneficio, pero, hay muchos otros que no pueden hacerlo por dificultades para movilizarse o por no tener disponibilidad financiera.
De enero al 3 de junio, la PDH ha recibido 244 denuncias por negación de medicamentos en el IGSS.
Descargo
La Sección de Comunicación Social del IGSS respondió en un correo electrónico: “En el caso de la paciente Lin Valenzuela Méndez de Paz, la Corte de Constitucionalidad desde enero de 2016 otorgó un amparo provisional por medicamento Ciclosporina de marca determinada”.
“Amparo que se ha cumplido a cabalidad desde entonces, según se comprueba al revisar el historial de las recetas que han sido despachadas a la afiliada por parte del seguro social”, detalla el correo.
La comunicación resalta que: “En este caso tenemos la sentencia definitiva la cual se continuará cumpliendo. Se ha verificado en bodegas de Autonomía y si hay existencia del producto, según nos confirmó la Directora de la Unidad”.
