Sin embargo, expertos en medioambiente alertan que esta situación puede derivar en problemas de gobernabilidad en un futuro no muy lejano.
Si bien es cierto la basura es un problema grave lo es igual de alarmante el tratamiento de las aguas residuales; es decir, toda el agua que ensuciamos los guatemaltecos y que regresa a los ríos y lagos sin limpiarse.
Hace 15 años, el 5 de mayo del 2006, fue aprobado el acuerdo gubernativo 236-2006, Reglamento de las descargas y reúso de aguas residuales y de la disposición de lodos, el cual en su artículo 24 especifica que las municipalidades deben contar con sistemas de tratamiento.
La entrada en vigor de dicho artículo se ha prorrogado en varias ocasiones, la más reciente en diciembre del 2019, que pone como plazo para que las comunas cuenten con plantas de tratamiento hasta el 2 de mayo del 2023. Mientras tanto, con pocas excepciones, los municipios siguen contaminando los recursos hídricos.
“El porcentaje de aguas residuales que se tratan en el país está entre el 20 y 25 por ciento, y eso es preocupante”, subraya Félix Aguilar, director General de Investigaciones de la Universidad de San Carlos.
La solución pasa obligadamente por millonarias inversiones no solo para la construcción de las plantas —cada una se estima que podría costar Q1 millón 500 mil—, sino también por la asignación de recursos para su mantenimiento y sostenibilidad, algo que debería implicar el pago por el servicio de saneamiento, un tema espinoso políticamente hablando para los alcaldes.
Aguilar, también ingeniero civil y experto en ciencias de ingeniería sanitaria, señala que a la hora de pensar en sistemas para el tratamiento de las aguas residuales deben ponerse sobre la mesa diversos aspectos.
Por ejemplo, el socioeconómico puesto que gran parte de la población aún vive en pobreza y pobreza extrema y no sería capaz de pagar cuotas por la limpieza del agua, por lo cual habría que analizar las mejores opciones tecnológicas.
El experto dice que tampoco se trata solo de construir una planta de tratamiento, sino también de pensar en su sostenibilidad y cómo funcionarán a través del tiempo.
Esto significa fortalecer las capacidades técnicas y el conocimiento de quienes estarán a cargo de dichos sistemas, tanto en el sector público como en el privado, ya que, si se dejan a cargo de cualquier persona sin los conocimientos apropiados, lo más seguro es que dejen los proyectos abandonados.
En seguida hay que trabajar en la voluntad de pago de los entes contaminantes, prácticamente toda la ciudadanía, ya que “hay mucha renuencia, por la falta de confianza en las autoridades o por el desconocimiento de para qué va a servir” el dinero que se paga.
Lea también: Lo que las mujeres deben saber sobre las vacunas contra el covid-19
Aguilar considera que el impacto de ciertas plantas de tratamiento no se ha alcanzado porque las inversiones no son sostenibles, sino reactivas a la sanción de las autoridades y de hecho hay muchos sistemas, tanto en el ámbito público como el privado, que no cuentan con la calidad mínima para funcionar.
Sin embargo, la falta de disponibilidad de espacios adecuados es otro problema puesto que cada vez hay menos y no todas las poblaciones están dispuestas a que se construyan plantas de tratamiento cerca de sus comunidades por cuestiones sanitarias.
Debe ser prioridad
Juan Carlos Rosito, ingeniero agrónomo en recursos naturales, recordó que más del 95% de las aguas superficiales están contaminadas, lo que interrumpe los procesos biológicos e impacta en la biodiversidad y en la disponibilidad del recurso.
Rosito dice que el problema de la contaminación de los cuerpos de agua “deber ser abordado con la mayor prioridad, pero no se hace porque no se cuentan con los elementos políticos, legales e institucionales” que gestionen los recursos hídricos.
Lea también: Cuánto dinero y en qué gastará el Ministerio de Cultura para celebrar el Bicentenario
Al hablar del financiamiento para tal fin, señala que “sale mucho más caro” el daño económico, ambiental y en la salud que terminan pagando los guatemaltecos que construir sistemas de tratamiento de aguas residuales.
En ese sentido, señala que el país mantiene altas tasas de mortalidad infantil por diarreas causadas por la contaminación del agua. Aparte, las personas también pueden desarrollar padecimientos por desechos tóxicos que se utilizan en la industria o la agricultura.
Voluntad
Otros consideran que hace falta voluntad política para echar a andar proyectos de saneamiento del agua, como el director del Instituto de Investigación y Proyección sobre Ambiente Natural y Sociedad (Iarna) de la Universidad Rafael Landívar, Raúl Maas.
“El primer paso es que los gobiernos municipales tomen la decisión de erogar parte de sus recursos para el tratamiento de sus aguas”, dijo.
Maas añadió que el tema también debe abordarse desde la perspectiva de que no todas las comunas tienen las mismas capacidades financieras y muchas tienen sus presupuestos muy limitados.
Es un problema nacional no solo municipal
Mientras tanto, Miguel Ovalle, alcalde de Salcajá, Quetzaltenango, y presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), afirmó que más que buscar responsables de la contaminación de los cuerpos de agua lo que hay que hacer es hallar soluciones.
Aunque reconoció que a las comunas les corresponde proveer agua apta para el consumo humano, de acuerdo con el Código Municipal, refirió que la problemática de la contaminación debe ser abordada no solo por alcaldes, sino por todo el Estado, la iniciativa privada y la academia.
Lea también: Volcán de Pacaya: “Lo que sea que vayan a decidir lo tienen que hacer ya”
“No hay espacios para plantas de tratamiento. Los vecinos tendrían que aportar, pero mucha gente ni siquiera paga por el agua que consume. ¿En qué momento se les va a cobrar por el agua que ensucian?”, refirió Ovalle, durante un seminario organizado por el Centro de Estudios Urbanos y Regionales (Ceur).
“Es ilusorio pensar que solo las municipalidades van a resolver el problema”, expuso el jefe edil, al hacer referencia a que el acuerdo gubernativo 236-2006 endilga a las comunas la responsabilidad de tratar las aguas. “Se nos delegó la responsabilidad penal, pero no los recursos”, dijo.
“A los alcaldes nos carga todo, hasta denuncias penales y no se van a resolver las cosas así. Las municipalidades son importantes, pero tiene que haber un apoyo regional y nacional”, señaló.
Pero Aguilar piensa que, si bien es cierto es un problema que concierne a toda la sociedad, “cada uno tiene su responsabilidad y no hay que quitársela”. En tal sentido, subraya que tanto el Código Municipal como el de Salud dicen que las comunas son las responsables de tratar las aguas.
“Ellos —las municipalidades— no pueden desligarse de eso y creo que han fallado porque no han invertido en capacitar sus unidades o no las han creado. Muchas veces tienen a un fontanero que está olvidado en una oficina”, remarcó.
Escenarios
Los expertos ambientales coinciden en que el mal tratamiento de las aguas residuales puede derivar en escasez del líquido lo que agravaría los problemas sociales. De hecho, cada vez son más recurrentes la falta de este bien principalmente en las áreas urbanas. Antes era fácil perforar el suelo y hallar agua, pero la realidad hoy en día es distinta.
Lea también: ¿Pueden las empresas contribuir a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible?
Mientras que Maas, director del Iarna, teme que pueda generarse una crisis no solo porque cada vez hay menos agua, factor en el cual ya incide el cambio climático, sino también por la calidad de esta, algo que se agudizará en la medida de que no existan plantas de tratamiento.
“De no tomarse medidas urgentes, con la seriedad que amerita, la situación se tornará muy crítica y eso complicará grandemente la calidad de vida de los ciudadanos”, advierte Maas.
Aguilar señala que las aguas contaminadas podrían causar epidemias en el país y “hasta que eso no suceda no se le pondrá atención al tema”.
