El informe detalla que hicieron siete visitas a las familias afectadas y han podido determinar que “sus medios de subsistencia son muy limitados y que la falta de acceso a la tierra condiciona en gran parte su futuro, mientras pone en peligro su seguridad alimentaria”.
Desde marzo del 2011
Los desalojos ocurrieron entre el 15 y 18 de marzo del 2011. Después, en octubre del 2012, la Oacnudh visitó a las familias perjudicadas y determinó que en ese entonces el 84 por ciento de estas vivian en casas alquiladas, 6 por ciento en casa propia, 4 por ciento en lugares prestados, y el resto no respondió.
En enero de este año, de nuevo la Oacnudh las visitó y se encontró con que la mayoría, “debido a sus bajos ingresos, no han podido pagar el alquiler y ahora trabajan para los dueños, para que les sigan permitiendo vivir en las casas”.
En el 66 por ciento de los hogares aseguraron tener trabajo, el 22 por ciento dijo que no, y el restante 12 por ciento no respondió. A eso se suma que no tienen tierras para cultivar, solo pueden emplearse como jornaleros, con salarios no mayores de Q30 al día.
El año pasado algunas familias señalaron que podrían alquilar tierra para cultivar, pero en enero último aseguraron que no tenían recursos para eso, por lo que deben trabajar en forma temporal, en chapeo, recolección de leña y pesca.
Hambre e inseguridad
La situación que afrontan esas familias genera inseguridad alimentaria y casos de niños con desnutrición aguda. Estos hogares no son priorizados para recibir beneficios de programas sociales ni en la estrategia del Plan Hambre Cero.
A la situación económica y de inseguridad alimentaria se suman las enfermedades psicosomáticas, por la pérdida de recursos para la vida familiar.
También viven en constante inseguridad, pues las organizaciones de derechos humanos han “tomado medidas precautorias, rotando su personal y reduciendo la intensidad de su trabajo, dejando a las comunidades aún más desprotegidas”, destaca el análisis.
El estudio añade que los afectados son objeto de amenazas, controles en la carretera, patrullajes de vigilancia y disparos en la noche.
Entre sus recomendaciones, el documento pide al Estado implementar las medidas cautelares, superar los obstáculos que paralizan la adquisición de tierra y cumplir con los compromisos con la “Marcha indígena-campesina”.
