En el portal Guatecompras figuran 51 pagos que van desde los Q616 hasta los Q5.1 millones; sin embargo, hasta el momento no están registrados todos los pagos puesto que este medio centenar de publicaciones suman Q16 millones 890 mil, cuando solo para la construcción del Libramiento de Chimaltenango fueron necesarios Q30 millones, según el exviceministro del CIV, José Fernando Morales.
Para la ampliación a cuatro carriles de la ruta CA9 Norte que va de Sanarate a El Rancho, se ha pagado, según Guatecompras, Q6 millones 389 mil, mientras que para la ampliación de la CA1 Occidente, desde Nahualá hasta Cuatro Caminos, hay un pago de Q433 mil.
También se registran pagos por la construcción del Libramiento de Salcaja, obra del 2014, por Q5.1 millones, para la construcción de una de las tres rotondas sobre la Ruta Nacional 14, Q1 millón 996 mil. Además, para el remozamiento de un tramo de la ruta al Pacífico se pagó Q60 mil 318.
Problema histórico
El conflicto por derechos de vía ocurre cuando un proyecto de infraestructura necesita atravesar por un área privada; sin embargo, en Guatemala también se da cuando uno de estos tiene que pasar por un área pública que ha sido ocupada o invadida.
Un ejemplo de los casos mencionados al principio puede ser el Libramiento de Chimaltenango, proyecto que estuvo paralizado durante varios años debido a que la ruta pasaba por áreas privadas.
La resistencia a vender los terrenos por parte de algunos propietarios fue tal que el Congreso tuvo que aprobar una legislación declarando el proyecto de beneficio social e interés público para expropiar esos terrenos que al final fueron comprados por el Estado.
Problema resuelto
En carreteras como la ruta al Atlántico el problema se ha dado porque pobladores construyeron propiedades a la orilla de la ruta sin respetar lo que dice el Reglamento sobre el Derecho de Vía de los Caminos Públicos, vigente desde 1942.
La normativa señala que en las carreteras nacionales el Estado es propietario de 25 metros desde el arriate central o sea 12.5 metros por cada lado. En las rutas departamentales es de 20 metros, y en las carreteras municipales es de 15.
Además, en los caminos vecinales está legislado que el derecho de vía será de seis metros, tres de cada lado.
También, el artículo 5 de ese Reglamento señala que “en la faja que comprende el derecho de vía no es permitido a los particulares hacer nuevas construcciones, cultivos o siembras”.
Sin embargo, para la ampliación de esa carretera a cuatro carriles de Sanarate hasta El Rancho se han tenido que desembolsar varios millones de quetzales porque distintas corporaciones municipales de las jurisdicciones por las que pasa la ruta se dedicaron a autorizar construcciones e incluso hasta les dotaron de servicios básicos.
Para concretar la ampliación el CIV tuvo que resolver 46 conflictos por derechos de vía de los cuales 10 fueron críticos. El más complicado correspondía a un terreno ubicado a un costado del kilómetro 58.2 al 58.4 en donde los propietarios eran cuatro hermanos, de los cuales dos querían vender o los otros no.
El lugar es imprescindible porque se utilizará para construir un retorno a la aldea Agua Salóbrega y no hay otra área técnicamente adecuada para hacerlo.
Morales aseguró que este problema ya fue resuelto con lo cual la ampliación deberá estar lista a más tardar en abril próximo.
Constante
Toparse con problema de derechos de vía es algo recurrente, lo cual se debe, según expertos del tema, a que no se respetan las leyes vigentes ni el Reglamento sobre Derechos de Vía ni el Código Municipal. Ambos son claros en que no se pueden autorizar construcciones a orillas de la carretera.
En otros casos también ha sido problema de planificación. Por ejemplo, aparte del Libramiento de Chimaltenango, se recuerda viaducto en Salcajá, cuya parte final estaba en un terreno privado que el dueño se negaba a vender. Las autoridades habían llegado a un acuerdo verbal con la propietaria, pero después de que murió uno de los hijos pedía una cantidad mayor.
Para la inauguración del proyecto debieron pasar 10 años.
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