En tanto, autoridades y entidades de socorro reportan decenas de comunidades en riesgo debido al desbordamiento de los ríos y otras ya inundadas por las fuertes correntadas.
Hace dos años, el Fondo Mundial para la Reducción de Desastres y la Recuperación (GFDRR, en inglés), utilizada para monitorear la vulnerabilidad de los países y brindar asistencia, colocaba en su informe para Guatemala que el primer factor de riesgo eran las inundaciones causadas por el desborde de ríos, seguido de terremotos, huracanes, erupciones volcánicas y deslizamientos de tierra.
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El mortal desborde de ríos que causó devastación en varias comunidades del país durante el paso de poderosos fenómenos como el huracán Mitch, en noviembre de 1998; la tormenta tropical y huracán Stan, en octubre del 2005; o la tormenta tropical Ágatha, en mayo del 2010, demostraron esa vulnerabilidad.
Sin embargo, los pronósticos ante estos eventos climáticos son desalentadores. Juan Carlos Villagrán, jefe de la oficina UN-SPIDER, de la Oficina de Asuntos del Espacio Intraterrestre de las Naciones Unidas, en Boon, Alemania, en su visita a Guatemala en julio último, advirtió de que Guatemala enfrentaría fuertes ciclones, pero también sequías.
“La vulnerabilidad es muy grande y entre las causas podemos citar la pobreza y la inexperiencia porque nunca hablamos de la cultura de prevención de desastres. Este tema nunca lo discutimos en la familia, los amigos y los parientes; tampoco forma parte de los programas educativos, incluso en las universidades”, advirtió entonces el experto.
“El Estado y las municipalidades tampoco lo mencionan mucho, entonces la prevención no aparece en la mente de la población y por lo tanto no se preocupa. Deberíamos de empezar a crear una cultura que eleve esta prioridad”, agregó.
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Villagrán, un físico experimental que ha trabajado durante más de 20 años en el tema de desastres naturales en Centroamérica, criticó también el poco alcance de los planes gubernamentales para prevenir estos desastres.
“Instituciones como la Conred (Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres) ya tienen planes de contingencia en época lluviosa, pero se deben implementar a nivel departamental, municipal y comunitario donde hay coordinadoras locales que deben ejecutar esos planes”, recomendó.
“En cuanto a desarrollo los comités deben empezar a transformar sus localidades en sitios menos expuestos, para lo cual se va a requerir de planes de ordenamiento territorial. Lo que se necesita es que se incorporen esos planes al ordenamiento territorial”, enfatizó.
En tanto, los efectos de la falta de una reacción temprana para prevenir desastres siguen experimentándose. Según el último informe de las entidades de socorro, la temporada de lluvias ha dejado ocho personas fallecidas y una desaparecida, casi 736 mil personas afectadas, cinco mil 855 personas evacuadas, unos seis mil damnificados, mil 400 personas albergadas y 35 mil 300 personas atendidas.
En infraestructura los daños también son considerables: seis mil viviendas dañadas y casi un centenar en riesgo, 107 carreteras afectadas y una destruida, 10 escuelas con daños, 13 puentes afectados y cuatro destruidos.
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