O si no, al descomponerse, los líquidos que emite —lixiviados— se filtran en la tierra hasta contaminar algún cuerpo de agua.
La deficiente gestión en el manejo de la basura es un problema que no se ha atendido y que lleva décadas de discusión; sin embargo, en el último año ha cobrado relevancia debido a la contaminación del río Motagua a la que Honduras culpa por la contaminación de sus playas y por lo cual ha amenazado con denunciar a Guatemala a nivel internacional.
A inicios de este año, el mal manejo de la basura también cobró notoriedad cuando se desató un incendio de grandes dimensiones que tardó semanas en ser controlado en el vertedero del kilómetro 22 de la ruta al Pacífico. Este ocurrió mucho tiempo después de que ahí se dejaran de tratar los desechos.
Reglamento
El pasado 10 de agosto el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) publicó el Acuerdo Gubernativo 164-2021 Reglamento para la gestión integral de los residuos y desechos sólidos comunes, con el cual pretende —en un plazo de dos años— que todos los guatemaltecos hagan su parte para lograr un adecuado manejo de la basura.
Varios puntos destacan en esta normativa y representarán un cambio radical en la forma cómo se manejan los residuos sólidos hoy en día. Por ejemplo, habla de que todas las personas que produzcan basura deben separarla al momento de su generación.
Dicta especificaciones de primer nivel para vehículos que transporten basura, y para los espacios destinados al manejo, reciclaje y disposición final de la basura, así como para los vehículos que se dediquen a la recolección. Dice que estos deben tener espacios para la separación de residuos y ser construidos con materiales sólidos para evitar contaminación con los lixiviados.
También norma la instalación de plantas para la disposición final de los residuos los cuales tendrán que ser incinerados o reducidos de volumen mediante un proceso mecánico, y obliga a todo patrono a vacunar contra la hepatitis B, el tétanos y la rabia a todo trabajador que esté involucrado en el tratamiento de la basura.
Costos millonarios
Pero la implementación del Reglamento, desde un inicio se antoja cuesta arriba ya que requeriría de inversiones millonarias en los 340 municipios para las plantas de tratamiento de desechos sólidos, para su construcción y funcionamiento.
El reglamento también requiere un cambio de comportamiento de quienes se dedican al reciclaje, particulares o empresas, y de los ciudadanos, en cuanto a la forma como disponen de su basura.
Una de las dificultades más difícil de superar estará en las municipalidades, por ley las que tienen bajo su responsabilidad el manejo de la disposición final de la basura.
El 95 por ciento de las comunas del país no cuentan con recursos para la construcción de estas plantas, según estimaciones de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam). Con pocas excepciones, en los municipios se maneja la basura sin control técnico y prácticamente solo se deposita en los vertederos sin ningún tratamiento.
“Debe ser un compromiso de Estado y ahí el Ministerio de Ambiente debe marcar la ruta”, dijo Marlon de León, director ejecutivo de esa Asociación.
Por el momento algunas comunas ya notifican a sus vecinos que tienen que comenzar a separar sus desechos sólidos. De León confían en que cuando estos se habitúen a la práctica será más fácil para las comunas cumplir con el Reglamento.
Los problemas que desde ya se anticipan para poner en práctica esta normativa hacen pensar que sucederá lo mismo que con el Reglamento de las descargas y reúso de aguas residuales, aprobado desde el 2006, pero que no se ha podido implementar porque las comunas piden prórrogas para la entrada en vigor de la obligación que tienen todos los municipios de contar con plantas de tratamiento.
“Se hará el esfuerzo de implementarlo —el Reglamento— en el tiempo estipulado, pero si no, se pedirá una prórroga”, adelantó De León. “La esperanza está en que los vecinos puedan separar sus desechos y se entreguen más ordenados para su disposición final”, añadió.
Marlon de León, director ejecutivo de Anam
Marlon de León, director ejecutivo de Anam
“Debe ser un compromiso de Estado y ahí el Ministerio de Ambiente debe marcar la ruta”
Deficiencias
Pero aparte de si es posible hacer cumplir esta norma, algunos sectores dicen que este adolece de especificaciones técnicas y que si no es una ley aprobada por el Congreso puede ser derogado en cualquier momento, por las actuales autoridades del Marn o por las siguientes.
La Comisión de Ambiente del Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala (Cofaqui) considera que la mayoría de los vertederos no podrían cumplir en dos años con los requerimientos técnicos que exige la nueva normativa.
“El reglamento establece normas mínimas, pero que, para la situación del país es muy general y optimista”, dijo en un comunicado emitido el día que se hizo oficial el Acuerdo Gubernativo.
En ese sentido el Cofaqui cuestiona si las autoridades saben cuántos de los vertederos y vehículos recolectores de basura podrían cumplir con las exigencias de la norma o si los entes involucrados estarían dispuestos a invertir sin afectar el bolsillo de los guatemaltecos.
También señala que el Reglamento no identifica corresponsabilidades por sector emisor y que el sistema de sanciones y multas “no es acorde al nivel del daño ambiental que pueda generar un ente”.
El Cofaqui también critica que dicho Reglamento se constituyó en “un instrumento perverso” para derogar el Acuerdo Gubernativo 189-2019 que prohibiría el plástico de un solo uso a partir de septiembre de 2021, y urgió la restauración de dicha prohibición que debe ser “parte integral de la gestión de desechos y residuos sólidos”.
Empresas
La iniciativa privada, que desde el día de la publicación del Reglamento lo celebró, considera que esta normativa es un paso importante para lograr el tratamiento adecuado de los desechos sólidos, y aunque podría representar inversiones adicionales, dice que muchas empresas ya desarrollan prácticas responsables para el manejo de desechos.
Muchas de estas son hoteles, restaurantes y colegios, puesto que toda actividad económica, para operar, tiene que contar con un instrumento ambiental donde se especifica su obligatoriedad para tratar la basura, afirma Mellany Díaz, directora ejecutiva de Comisión Guatemalteca del Plástico (Coguaplast).
La Gremial de Recicladoras de Guatemala estima que las inversiones adicionales podrían estar en empresas pequeñas que incluso puede que no estén registradas en el Marn. Para las que ya están inscritas Reglamento solo será para formalizar lo que ya hacen en la práctica.
Una de las inversiones fuertes será la construcción de infraestructura para mejorar las condiciones de los “recolectores base”, afirma Jorge Pablo Obregón, vicepresidente de la Gremial, ya que estas empresas tienen que facilitar condiciones laborales adecuadas para quienes se dedican esa función.
Estos recolectores base son los que extraen los materiales reciclables y las entregan a las recicladoras, que forman parte de la Gremial, y quienes al final los procesan, explicó Obregón. “Vamos a tratar de buscar recursos para capacitar a estas personas y guiarlos hacia donde tienen que ir”, agregó.
El reglamento también demandaría inversiones adicionales para la compra o adecuación de los vehículos recolectores.
Un propietario de estas empresas que emplean a recolectores base y que prefirió no se citado, aseguró que nadie les ha informado sobre el nuevo Reglamento y que, por lo regular, les avisan de los cambios cuando queda poco tiempo de que entren en vigor.
“El Ministerio de Ambiente solo emite regulaciones, pero no conoce la realidad de los problemas que nosotros como recolectores enfrentamos”, señaló.
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Problemas
Obregón cree que donde pueden ocurrir los mayores inconvenientes es con las personas que en medio de la informalidad y para sobrevivir se dedican a recolectar materiales reciclables por su cuenta, conocidos como “pepeneros”, puesto que no dependen de ninguna empresa y, en teoría, según el nuevo Reglamento, tendrían prohibido ingresar a los vertederos.
El vicepresidente de la Gremial dijo que una solución implementada en Costa Rica fue la reubicación de estas personas bajo la responsabilidad de una cooperativa que los emplea y garantiza sus condiciones de seguridad y salud, pero es un proyecto que tendría que trabajarse con las municipalidades.
Obregón dice que el reto es grande y debe haber incentivos y una inversión tanto público como privada para llegar a los lugares donde, incluso, la gente ni siquiera paga por el servicio de recolección, por costumbre o porque no tiene los recursos para hacerlo.
De cualquier forma, considera que dos años no serán suficientes para implementar el Reglamento por lo cual es posible que sufra cambios o incluso que sea derogado para ser sustituido por otro.
Es una oportunidad
Díaz, de Coguaplast, dijo que la norma debería constituirse como una oportunidad para construir la infraestructura necesaria y avanzar en el problema del mal manejo de la basura.
El Reglamento debe constituirse en un “despertar de los gobiernos locales” para que cuenten con la infraestructura y tecnificación necesaria, indica Díaz.
Dijo que otro reto será el conocimiento de la norma por parte de todos los guatemaltecos, y en ese sentido, recordó que la norma dicta que desde ya en los hogares se debe comenzar a hacer una separación primaria de los residuos entre orgánicos e inorgánicos, y después de dos años una secundaria donde ya se separará el vidrio, el cartón y el plástico, por ejemplo.
¿Quién pagará?
La implementación del Reglamento implicaría, como ya se dijo, inversiones sustanciales. Ante esto surge la pregunta de si será el consumidor final del servicio de extracción de basura el que va a pagarlo mediante un incremento del valor de este. La Gremial de Recolectores ve inminente que se incremente el valor del servicio.
En ese sentido, cabe resaltar que solo el 41.86% de los guatemaltecos paga por la extracción o utiliza el servicio municipal, según el Censo de Población y Vivienda 2018. La gran mayoría —41.79%— opta por quemarla y otro porcentaje la entierra u opta por lanzarla al mar, un río o lago, o simplemente en cualquier lugar.
Es decir, en primer lugar, habría que obligar a todos los guatemaltecos a que paguen por el servicio de extracción de basura, algo muy difícil en un país donde el 82.7% de su población vive en pobreza o pobreza extrema. Es aquí donde expertos sugieren que debe haber un apoyo del sector estatal.
El director ejecutivo de Anam dice que actualmente cuesta que los vecinos paguen por el servicio de agua entubada y que cuando algún alcalde intenta subir el precio inmediatamente la población se manifiesta en contra.
Por esa razón considera muy difícil que los habitantes sean quienes deban pagar por el tratamiento de la basura que generan para hacer de los rellenos sanitarios proyectos autosostenibles. Aunque es lo más lógico, dijo, “en nuestra idiosincrasia no estamos acostumbrados a pagar por los servicios básicos”.
Sumado a esta idiosincrasia también está el hecho de que subir el precio de los servicios es una medida impopular que pocos alcaldes —tal vez ninguno— están dispuestos a tomar cuando hay puestos políticos y elecciones en juego cada cuatro años.
De León cree que una solución es hallar un equilibrio entre subsidios estatales para las personas de escasos recursos y un ajuste paulatino de las tarifas de los servicios, pero que esto no se puede hacer de la noche a la mañana.
Elaboran estrategias
Mientras tanto el Marn asegura que desde ya han empezado con el proceso de divulgación del Reglamento, aunque por ahora aún elaboran las estrategias de comunicación relacionadas con la clasificación de los residuos domiciliares.
No obstante, recordó que también es responsabilidad de las municipalidades dar a conocer el Reglamento y organizarse con sus poblaciones para alcanzar su implementación “tal como lo manda la Constitución y el Código Municipal y el de Salud”.
Acerca de si existe algún cronograma para implementar el Reglamento, respondió que “nos encontramos elaborando un plan de acción para la coordinación efectiva con los actores que aborda” la normativa, y que se coordinará con las 340 municipalidades del país.
También destacó que para dar seguimiento al Reglamento recién se creó la Dirección para el Manejo de los Residuos y Desechos Sólidos dentro del Marn.
Dato
- Guatemala produce cerca de 2 mil 756 millones de toneladas de basura al año. Esto es 170 kilos o 370 libras por persona, según el reporte What a Waste 2.0 del Banco Mundial presentado en 2018.
- Guatemala está entre los primeros 10 países productores de desechos en América Latina.
- El mismo reporte indica que en el mundo se producen 2010 millones de toneladas de desechos y que si no se toman acciones para 2050 aumentarán un 70%.
