Calas acciona contra el MEM por no aceptar que “tres minas no cuentan con la licencia de explotación luego de que la Corte emitiera sentencias al respecto”.
El Ministerio afirma: “Las sentencias resuelven que la Dirección General de Minería debe dar trámite a las oposiciones planteadas dentro de los expedientes correspondientes, a las solicitudes de licencia de explotación identificadas con los nombres de Escolbal, Niquegua Montúfar y Sechol”.
En un comunicado, declara que las “sentencias no afectan la validez o vigencia de las licencias, ya que la CC no ordenó la suspensión o cancelación de los derechos mineros”.
Polémica
Rafael Maldonado, representante de Calas, enfatiza que “la CC confirmó la sentencia de amparo otorgado por diferentes salas de Apelaciones”, y que en los tres casos, comunitarios y Calas presentaron recursos de oposición al otorgamiento de la licencia minera, pero el MEM no los aceptó.
Luego de que la CC ordenó tramitar las oposiciones, amparada en el artículo 48 de la Ley de Minería, “el MEM deberá decidir si se otorgan o deniegan las licencias” y allí radica la duda de la validez de los permisos.
El viceministro Alfredo Gálvez reconoció que la CC emitió las sentencias, en las que ordena que se dé trámite a un proceso de oposición al otorgamiento de los derechos mineros de explotación de las tres empresas.
“El MEM lo que tiene que hacer es darle la audiencia a quienes fueron amparados. En ningún momento se desacata la sentencia de la Corte”, dijo.
Sobre la denuncia, indicó que Calas tiene derecho de petición y los tribunales decidirán.
Apelación sin lugar
El 5 de octubre último, los magistrados de la CC Gloria Porras, Mauro Chacón, Héctor Pérez y María Araujo declararon sin lugar el recurso de apelación del Director de Minería del MEM y confirmaron la sentencia de primer grado de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil Constituida en Tribunal de Amparo, emitida en 2013.
Esta suspende una resolución del 5 de marzo de 2013, con la que se rechaza la admisión de la oposición de licencia de explotación minera y ordena que dicte una nueva resolución, admita y dé trámite a la oposición planteada conforme a la Ley de Minería.
El magistrado Roberto Molina Barreto votó de forma disidente y argumentó que debía revocarse la sentencia apelada y denegarse amparo, tras apreciar que carece de efecto agraviante de derechos fundamentales la decisión emanada por la Dirección General de Minería del MEM.
