Al mapear dónde están localizadas estas empresas y cómo operan, el OIR ha detectado un patrón en las solicitudes que presentan los diferentes proyectos para la obtención de licencias y la falta de rigurosidad de las entidades a cargo que no cumplen los tiempos en ley o las exigencias para otorgar licencias.
Guadalupe García, directora del observatorio explica cuáles han sido los principales hallazgos en estos tres años de estudio.
¿Cómo ha sido la expansión minera en los últimos 10 años?
Del 2010 para acá ha habido un ciclo de intensificación del extractivismo, tanto en términos del otorgamiento de derechos mineros como en el avance de las solicitudes. Nosotros estudiamos las licencias ya otorgadas y las solicitudes en trámite y hemos visto un patrón de acaparamiento de tierras a través de solicitudes de polígonos. Entre el 2010 y el 2020 se han hecho 233 solicitudes de licencia de exploración, explotación y reconocimiento. Las de reconocimiento son las más grandes porque tienen hasta 3mil km cuadrados para solicitarla según la ley de minería, las de exploración son de 100km2 y las de explotación son de 20 km2 lo máximo. Pero vemos que esta limitación no se respeta porque en el caso de la CGN tiene 247 kilómetros cuadrados otorgados para la explotación, es un terreno más grande que el de la ciudad de Guatemala que es de 220 km2.
¿Cuál es la región donde más se concentran estos proyectos?
Es el oriente del país y la principal razón por la que ahí se concentren es la geológica porque en esa parte interceptan tres fallas, además que son zonas volcánicas y eso hace que haya mucha concentración de minerales como oro, plata, zinc y niquel. Todas las licencias y solicitudes mineras en la región ocupan 12 mil 618 km2 del territorio nacional donde intervienen 18 municipios ubicados en Chiquimula, Santa Rosa, Jutiapa, Jalapa, Zacapa y se están expandiendo las solicitudes hacia el nor-oriente, del lado de Izabal y el Polochic. Las empresas que lideran esto son CGN con cinco licencias mineras y Minerales Sierra Pacífico que es la empresa con más solicitudes en la región con 36 solicitudes que concentran 2,329 km2.
¿El acceso a la información pública para analizar estos proyectos ha sido un obstáculo o una ayuda?
Es un reto. Nuestra intención es ordenar y sistematizar todo pero en ese proceso nos hemos dado cuenta que muchos de los documentos se presentaron de forma discrecional. Cada quien presenta la información como quiere y aprueban los proyectos con la información incompleta. Por ejemplo, hay un proyecto minero en Cerro Blanco donde el Ministerio de Energía y Minas rechazó el estudio de impacto ambiental porque había inconsistencias tan grandes como que no tenía un diseño de la mina, tenía muchos vacíos de información y aun así el Ministerio de Ambiente y después el MEM les otorgó la licencia. A pesar de que existe términos de referencia, los estudios de impacto ambiental varían mucho por la forma en la que se presentan y el detalle. De los expedientes que hemos visto casi todos están llenos de irregularidades. También hemos visto que los tiempos que están en ley tampoco se cumplen, tardan años en aprobar una licencia, pero de la nada llega el momento en que la hacen exprés.
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¿Cuál ha sido el papel que han tenido las entidades del Estado?
De parte de las entidades rectoras nos topamos en que no están cumpliendo ni siendo rigurosos con los proyectos que ya están operando y que han sido aprobados con irregularidades en el proceso. Por ejemplo, el proyecto minero El Porvenir lleva 5 años desde que la Unidad de Fiscalización del MEM lo ha querido clausurar porque no cumple con la ley y aun así sigue funcionando y continuó con la explotación de una forma ilegal. En teoría éstas son las instituciones rectoras que deben velar porque se cumpla ley, pero terminan siendo más facilitadores para ceder el territorio. Hay puestos políticos que están ahí para facilitar ciertos permisos, pero también reconocemos que hay muchas direcciones que no tienen los recursos para darle seguimiento a los procesos y un silencio administrativo que provoca que existan solicitudes presentadas hace 20 años que aún siguen esperando una respuesta. Es un tema del diseño burocrático de las instituciones.
¿Cómo ven el futuro de la industria en el país?
En el futuro, la extracción de los bienes naturales seguirá siendo intensiva. En Guatemala el Estado es débil y el interés por los recursos puede generar prácticas antidemocráticas, represivas, corruptas y de menor participación ciudadana. Queremos que las personas aprendan y se interesen en el tema generar la rendición de cuentas y la auditoría social y que el Estado fortalezca sus capacidades para recopilar y brindar información a la ciudadanía.
