Pese a que la mayoría de pacientes fueron trasladados a la empresa  de diálisis anterior, un grupo de por lo menos 90 debió ser enviado a hemodiálisis, con el agravante de que deben viajar desde la provincia a la capital, tres veces a la semana para recibir su tratamiento.

La PDH identificó, desde el 10 de septiembre de este año a 34 pacientes de hemodiálisis en estado delicado, esto por la dificultad para viajar a la capital y solventar los gastos, pues el IGSS no se ha hecho responsable del pago de viáticos o transporte, pese a que su situación se debe al contrato anómalo firmado en diciembre de 2014.

La situación continúa, según Zulma Calderón, supervisora de Hospitales de la PDH, quien dijo este jueves que dos de estos pacientes murieron, sin embargo durante la última semana se recibió una denuncia más de un enfermo renal que no puede trasladarse con facilidad desde Retalhuleu.

Estos pacientes por lo general, deben invertir entre Q800 y Q900 en cada viaje, tres veces a la semana, para ser conectados durante tres a cuatro horas a la máquina, según la estimación de la PDH.

Proceso penal

El pasado 26 de mayo, en una maratónica diligencia, la jueza Silvia De León decidió enviar a prisión preventiva a Juan De Dios Rodríguez, presidente de la Junta Directiva del IGSS y otras 16 personas, por el fraude con la empresa Pisa.

La jueza resolvió la situación jurídica de los implicados y negó los pedidos de la defensa para que otorgara cualquier medida sustitutiva. En el caso de Rodríguez, De León precisó que hubo intento de evadir a la justicia.

Sin embargo, aceptó enviar a Rodríguez al cuartel de Matamoros, ya que la defensa había planteado que la trayectoria militar de su cliente ponía en riesgo su vida al estar en una cárcel común. Asimismo, las mujeres fueron enviadas a la cárcel Santa Teresa.

Entre los argumentos que dio la juzgadora están que la empresa contratada no tenía capacidad de cumplir con lo pactado en el contrato de diálisis peritoneal ambulatoria, por lo que violaba las bases de licitación; que era obligación de la Junta Directiva del Igss revisar toda la documentación que conformaba ese expediente de licitación, por lo tanto la función pública no es delegable y por ello la Junta no puede argumentar que únicamente se daba el visto bueno al proceso.