La Franja Transversal del Norte son más de 300 kilómetros que unirían al país desde Izabal hasta Huehuetenango, con beneficios principalmente para el sector comercial. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
La compañía Solel Boneh, que construye la carretera Franja Transversal del Norte (FTN), explora la posibilidad de dejar fuera del contrato la construcción del tramo cuatro, debido a la conflictividad que se ha vivido en años recientes generada por comunidades de San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, informó el ministro de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (CIV) José Benito.
“Lo que están buscando es que se haga un decremento del contrato donde se retire el tramo cuatro, pero es una decisión que no es ministerial porque el contrato fue aprobado en el Congreso”, expuso el funcionario.
El que la aprobación de la construcción de la ruta tenga características de una ley, añadió Benito, es la razón por la cual no existe “viabilidad legal” para retirar ese tramo del contrato.
Benito indicó que de los cuatro tramos que abarca la carretera, en el uno y el tres se retomaron los trabajos recientemente, y en ellos hay un avance cercano al 95 por ciento. En el dos están pendientes siete kilómetros que atraviesan el Parque Nacional Laguna de Lachuá debido a que, por ser una zona protegida, están pendientes de aprobación algunos permisos y estudios de impacto ambiental.
Zona conflictiva
El titular del CIV reconoció que del último tramo hay 32 kilómetros pendientes de construirse, debido a “la negativa de la empresa de volver a ingresar con la maquinaria”, ya que en años anteriores hubo hechos de violencia que afectaron sus activos y al personal, por lo cual “no ha querido retomar los trabajos” que, de acuerdo con el plan inicial serían entregados en el 2011.
Prensa Libre intentó contactar con responsables de la construcción de la FTN de Solel Boneh, pero personal de esa empresa indicó que tenían terminantemente prohibido dar declaraciones acerca de ese proyecto.
El área es de alta conflictividad porque grupos de pobladores rechazan el funcionamiento de la hidroeléctrica Promoción y Desarrollos Hídricos (PDH) y, al parecer, relacionan la construcción de la carretera con aquel proyecto.
En mayo del 2014, una turba de pobladores de Ixquisis destrozó la maquinaria de la constructora y a raíz de los ataques se instaló un destacamento militar. En noviembre del mismo año, dos hombres murieron baleadas por un enfrentamiento entre vecinos en esa aldea.
En enero del año pasado, una persona fue herida de bala durante una protesta contra la hidroeléctrica. La Policía acusó a “grupos al margen de la ley” de las agresiones.
Benito añadió que en algún momento se habló de apoyo de Gobernación y Ejército para poder trabajar, pero la empresa manifiesta que tiene temor por los problemas que han ocurrido.
El titular del CIV manifestó que el tramo no se puede adjudicar a otra empresa ya que para hacer un nuevo evento de licitación y adjudicarlo mediante acuerdo ministerial el Congreso tiene que aprobar la modificación del contrato. Añadió que “es complicado” ejecutar las fianzas porque la empresa continúa trabajando y tiene documentadas las razones por las cuales está paralizado el trabajo en ciertos tramos.
Sería una irresponsabilidad
Ramiro Stuardo Barillas, gobernador de Huehuetenango, consideró preocupante una posible paralización definitiva de los trabajos en el tramo cuatro que atraviesa ese departamento.
“A mí me parecería una irresponsabilidad de parte de la empresa. Ellos tuvieron que haber investigado los riesgos que se podían presentar en algún momento”, añadió Barillas. El funcionario expuso que a la población no le interesa saber qué empresa está a cargo del proyecto, sino que éste se termine cuanto antes.
Respecto a las condiciones de seguridad, aparente excusa de Solel Boneh para pedir la supresión del tramo cuatro del proyecto, Barillas indicó que estas han mejorado, como ejemplo citó la apertura del Centro de Administración de Justicia en Santa Eulalia y el reforzamiento de la Policía en el área.
Agregó que para retomar el proyecto la empresa debe tener acercamientos con las comunidades, pero a la fecha, en lo que él lleva en el puesto no se han acercado. “Me atrevería a decir que la mayoría de la población está de acuerdo con seguir los trabajo”, puntualizó.
La mayoría quiere la carretera
Líderes comunitarios consultados coinciden en que “los pequeños grupos” que se oponen a la carretera actúan al margen de la ley, y aunque reconocen que ha habido hechos violentos, consideran que se debe buscar una solución, pero no dejar abandonado el proyecto.
“No vamos a permitir que no terminen la carretera. Es poquita gente la que está molestando en el lugar. ¿Cómo la van a dejar tirada si ya está firmado el contrato?”, reclamó Mateo Alonzo, presidente de la Asociación 13 Democracia Desarrollo y Consenso.
De acuerdo con el líder comunitario quienes se oponen a la carretera, son “criminales” que “se oponen a todo”, por lo cual afirmó, están dispuestos a organizarse como comunidad para proporcionar seguridad a la empresa para que finalice los trabajos.
Bernardo González, residente de Bella Linda y quien representa a 23 comunidades, manifestó que los comunitarios reclaman la finalización del proyecto, y por lo tanto rechaza que la empresa desista de concluirlo.
Indicó que la vía de comunicación sería de mucha importancia para el desarrollo de la región puesto que hay muchos productores que, ante el pésimo estado de la carretera, se ven obligados a trasladar sus productos hacia México en vez de comercializarlos en Guatemala.
Aunque reconoció que hay focos de conflictividad, precisó que el rechazo es a la hidroeléctrica PDH. También los calificó de “delincuentes” a los que se oponen a la carretera y aseguró que no representan a las comunidades, cuyos habitantes han tenido que soportar por años el mal estado de la ruta.
González consideró que sí hay condiciones mínimas de seguridad para retomar los trabajos, ya que hay destacados al menos 280 agentes de la Policía Nacional Civil; además, sugirió a las autoridades ejecutar las órdenes de captura que tienen pendientes ya que esto disuadiría al resto de grupo opositor para que respeten a los trabajadores de la Solel Boneh.
Ambos líderes confían en que los trabajos de la ruta se culminan prontamente porque la carretera es de suma importancia para los pobladores del norte de Huehuetenango. Según el proyecto, en el 2011 se calculaba que 704 mil personas serían las beneficiarias por la carretera.
Ofrecen mediación
Para el alcalde de San Mateo Ixtatán, Andrés Alonzo Pascual, existe una falta de voluntad de la empresa para concluir el tramo, y aseguró que la comuna está dispuesta a llegar a un acuerdo para reiniciar los trabajos, para lo cual dialogarían con líderes comunitarios, alcaldes auxiliares y Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocodes) que se oponen para que permitan la continuidad de los trabajos.
Pascual sospecha que los comunitarios opositores han sido influenciados por terceras personas. “Muchas organizaciones les llegan a decir que la FTN les va a perjudicar a la población y que van a afectar el agua y a talar las montañas y la pobre gente les cree”, indicó el jefe edil. Añadió que el tramo abandonado se encuentra “completamente en mal estado”.
El obispo de la Diócesis de Huehuetenango, Álvaro Ramazzini, consideró que la solución pasa por un diálogo en donde los Cocodes expliquen a los comunitarios que se oponen, que la FTN no tiene relación con la hidroeléctrica, ya que “podría ser” que los pobladores relacionen ambos proyectos.
“A mí me ha extrañado muchísimo que no hayan continuado los trabajos, no creo que las comunidades no quieran la carretera porque les ayudaría muchísimo”, expuso Ramazzini.
“Yo creo que aquí lo que hay que tratar de hacer es entrar a una negociación, aunque haya algún grupo que no quiera, pero hacerlo porque los que sufren son los más pobres”, subrayó.
Sergio Flores, comisionado del Diálogo del Gobierno, indicó que el pasado martes recibieron una solicitud para abordar la problemática por lo cual hay una disposición “contundente” para retomar el diálogo.
Respecto al tema de la operación de grupos delincuenciales en la zona, se solicitó una postura al Ministerio de Gobernación, pero hasta el cierre no respondió.
