Los disturbios en Nimajuyú se acrecentaron el pasado 1 de marzo y los vecinos y un grupo ajeno de personas se enfrentaron a piedras, palos y golpes.
El joven de 20 años residente del lugar que resultó con una herida de bala en la espalda sigue internado en el Hospital Roosevelt, luego de 15 días de atención médica.
Mientras su recuperación avanza, la CDP declaró solucionado el problema, sin embargo, las personas que viven en esta colonia, ubicada al sur de la capital, dicen que las amenazas persisten.
“Ese problema se solucionó”, dijo Rodolfo Silva, comisionado presidencial para el Diálogo, al explicar que las personas que tenían la intención de ocupar esos espacios desistieron de sus acciones.
La CPD fue convocada por el Ministerio de Gobernación los primeros días de marzo, cuando la violencia escaló en Nimajuyú después de un mes de que los vecinos denunciaran intimidaciones por personas que querían ocupar las áreas verdes del módulo uno.
Según el grupo invasor que denunciaba no tener vivienda, esos terrenos son propiedad del Estado, mientras que los vecinos respondían que esos campos pertenecen a las áreas verdes de la colonia.
Estas personas botaron el muro perimetral dos veces. En ese momento llegaron las Fuerzas Especiales Policiales (FEP) para separar a los dos bandos.
La mesa de diálogo estuvo conformada por representantes de ambos grupos, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), el Ministerio de Gobernación, Municipalidad de Guatemala, el Fondo para la Vivienda (Fopavi) y la Unidad para el Desarrollo de la Vivienda Popular (Udevipo).
Según explicó Silva, cuando se hizo la urbanización, en 1987, nunca se pasó el título de esas tierras a los vecinos ni a la Municipalidad de Guatemala, por lo que eso terrenos aún pertenecen al Estado y están bajo la administración de Udevipo.
Aún se sienten amenazados
A pesar de la insistencia por ocupar esos espacios, Silva indicó que las personas señaladas como “invasores”, nunca se instalaron en el lugar porque los vecinos no se los permitieron, por lo que accedieron a no seguir insistiendo si las instituciones de gobierno se hacen cargo de facilitarles una vivienda.
Ante esta solicitud, el Fopavi indicó que podían ayudar a las personas a otorgarles un subsidio para que puedan adquirir una vivienda propia.
El subsidio que entrega el Fopavi son de Q35 mil por familia y es un trámite que tarda entre dos y tres meses.
Adonías Mazariegos, representante del Fopavi en la mesa de diálogo, explicó que los requisitos para que puedan optar a un subsidio es presentar copia del DPI para verificar que no haya sido beneficiado anteriormente y la persona que lo solicita no debe ganar el equivalente a más de cuatro salarios mínimos -Q.2,825.10, para actividades no agrícolas-.
Mazariegos indicó que al momento no han recibido ninguna solicitud de subsidio de parte de estas personas, “dijeron que se iban a organizar y ver cuántas personas son”, dijo. Mientras tanto, los vecinos de Nimajuyú indicaron que pese a esto aún no bajan la guardia.
A decir de uno de los consultados, aunque el gobierno declare “resueltos” los conflictos, la tranquilidad no regresa al lugar.
“Seguimos montando vigilancia porque todavía seguimos bajo amenazas”, dice.
Según explicó, han recibido mensajes que buscan cansarlos para que bajen la guardia.
La CPD indicó que harán una visita al lugar el próximo 20 de marzo para establecer que los campos en disputa no están siendo ocupados y así poder declarar, bajo un acta oficial, el cese de los conflictos. Además, la Municipalidad de Guatemala también se comprometió a hacer los trámites correspondientes para que esta área sea utilizada para instalaciones deportivas.
Udevipo denunció
La Unidad para el Desarrollo de la Vivienda Popular (Udevipo) interpuso una denuncia en el Ministerio Público el 3 de marzo ya que las ocupaciones ilegales en Nimajuyú violaban el artículo 256 del Código Penal que establece que las áreas de equipamiento social para uso de la comunidad, ya sea en educación, salud, deportes, cultura y recreación, no podrán ser utilizadas para vivienda.
Según el marco legal, quienes no cumplan con esto serán sancionados con prisión de uno a tres años.
Josué Raymundo, asesor legal de Udevipo, explicó que la denuncia la interpusieron porque esos terrenos todavía son propiedad del Estado. Sin embargo, están haciendo las gestiones para trasladar la propiedad a la Municipalidad de Guatemala, quien deberá hacerse cargo de la administración de esos campos.
Cuando se construyeron los edificios de Nimajuyú, el Banco Nacional de la Vivienda (Banvi) destinó esos espacios para área verde y la municipalidad deberá respetar su uso.
Raymundo explicó el traslado de los terrenos se debió hacer cuando desapareció el Banvi en el 2003. “Desde el año 2009 empezamos con la gestión para trasladar esas áreas a la Municipalidad”, indicó.
Sin embargo, por la pandemia, agrega, los plazos administrativos se suspendieron y es hasta este 2021 que esperan que estos terrenos ya sean de la Municipalidad de Guatemala.
Mientras tanto, dijo que se le había instruido al alcalde auxiliar de zona 21, Jorge Mario García que resguardara el área y evitara que fuera utilizada para otros fines. Sin embargo, García dejó su puesto semanas antes que se salieran de control los conflictos reportados en el lugar.
