El incremento de casos de desnutrición aguda, sumado a la falta de datos oficiales de desnutrición crónica desde hace más de siete años, contrasta con un presupuesto que se ha duplicado para este propósito en los últimos dos años del mandato del presidente Alejandro Giammattei: el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Poasán). De manejar Q5.2 mil millones en el 2020, aumentó a un presupuesto vigente de Q11 mil 344 millones hasta octubre de este año, de acuerdo con el Sistema de Contabilidad Integrada del Ministerio de Finanzas (Sicoin). Este monto se reparte entre 17 entidades del Estado: ocho ministerios, cuatro secretarías y cinco descentralizadas.
Hasta esa fecha, los casos reportados en las 29 direcciones departamentales de redes integradas en servicios de salud dan cuenta del notorio aumento de un año para el otro en todos los departamentos. Destacan Escuintla, Sacatepéquez e Izabal, pero también hay señales de alarma en Zacapa, Guatemala Sur y Retalhuleu.
Las muertes confirmadas por desnutrición aguda se registran en 13 departamentos. Alta Verapaz suele tener el mayor número de casos, con 10. Le sigue Huehuetenango, con ocho, mientras que Escuintla y Suchitepéquez reportan seis casos cada uno. Dos decesos corresponden a San José Pinula y San Pedro Ayampuc, de acuerdo con los reportes de Salud.
Los altos niveles de desnutrición en el país están asociados con la inseguridad alimentaria, que este año afectó a cerca de 4.2 millones de personas, el 24% de la población, que incluye a 1.6 millones de menores, según Oxfam. Esto ocurre en un contexto en el cual los precios de los alimentos siguen al alza, y fenómenos climáticos como El Niño han diezmado las cosechas de granos básicos, indispensables para la subsistencia de las familias.
A pesar del incremento en el presupuesto la desnutrición también aumentó, lo cual saca a la luz una de las metas incumplidas del gobierno saliente. ¿A qué se debe este fracaso? Un cúmulo de factores explica el fenómeno, comparten analistas consultados.
Desnutrición crónica
La desnutrición crónica, identificada como desequilibrios nutricionales sostenidos en el tiempo, que relacionan baja talla en relación con la edad y dificultades cognitivas, afecta al 46.5% de los menores de 5 años en Guatemala, expone Unicef. Es el porcentaje más alto de América Latina y el Caribe, y el quinto o sexto país con la tasa más alta del mundo, señalan informes sobre el flagelo.
Una de las metas de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición, impulsada por este mandato, fue reducirlo en un 7%, dando prioridad a 114 municipios de 10 departamentos del país.
Sin embargo, el incremento de casos en desnutrición aguda, además de la falta de datos certeros en desnutrición crónica, parecería poner de manifiesto de falta de interés del gobierno por recopilar datos, manifiesta el diputado Jairo Flores, coordinador del Frente Parlamentario contra el Hambre. “Hay un posible subregistro e información desactualizada que no permite dimensionar lo alarmante de la situación”, añade.
La desnutrición crónica es un indicador rezagado que no se actualiza desde la VI Encuesta de Salud Materno Infantil: Ensmi 2014-2015.
Se vieron esfuerzos durante el año pasado para que se llevara a cabo la VII Encuesta, pero después de la fase de planificación y diseño, “a diciembre de ese año no hubo evidencia de la continuidad del trabajo”, según reporte del Procurador de Derechos Humanos (PDH), Alejandro Córdova.
Un presupuesto arbitrario
El Poasán del 2023 muestra, hasta octubre, un presupuesto vigente de Q11,344 millones, equivalente a un aumento del 116% comparado con el 2020, aunque aclara que las cifras se modifican de forma constante.
Dentro de las 17 entidades involucradas en el Poasán, la cartera de Salud es la más representativa, y pese a que contaba con una asignación de Q2 mil 383 millones, se le restaron Q285.7 millones, con lo cual su presupuesto quedó en Q2 mil 097 millones 959,900.
La segunda afectada fue la Secretaría de Seguridad Alimentaria (Sesán), que redujo su presupuesto en Q600 mil.
En tanto, otras dos poco relacionadas con el combate a la desnutrición se reforzaron con las transferencias: el Ministerio de Comunicaciones (CIV), con un presupuesto de Q1 mil 17 millones, tuvo una ampliación de Q76.4 millones para este año.
La segunda favorecida fue el Comité Nacional de Alfabetización (Conalfa) entidad descentralizada que tuvo un incremento de Q80.4 millones para reportar en octubre un total de Q268 millones, según datos del Sicoin, desglosados por el diputado Flores.
Otros dos programas puntuales a los que se destinaron más recursos fueron el de atención integral al adulto mayor, con Q1 mil 170 millones, y los servicios de alimentación escolar en educación inicial, preprimaria, primaria y media del Ministerio de Educación, con Q3 mil 261 millones vigentes.
El año pasado, el titular de la PDH también encontró irregularidades en el presupuesto del Poasán. Refirió que a pesar de duplicarse el presupuesto respecto del año anterior, se mantuvo el mismo número de beneficiarios, aunque no especificó el dato.
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) elabora un análisis propio del presupuesto del Poasán con una metodología que incluye a las 12 entidades de Gobierno. Hasta septiembre, el VI Informe de Monitoreo ascendió a Q11,572 millones, que incluye programas de agua y saneamiento. Esto equivale al 1.5% del producto interno bruto y el 9.8% del presupuesto total, con una ejecución del 70.5%.
Salud, el más afectado
Salud fue la cartera más afectada en la reducción del Poasán, con números rojos en 11 renglones presupuestarios como el programa de fomento de la salud y medicina preventiva. Además, los de prevención de la mortalidad de la niñez y desnutrición crónica con reducción de gasto en los subprogramas: dotación de micronutrientes para menores de 5 años, dotación de micronutrientes a mujer en edad fértil, servicio de desparasitación, vigilancia del agua, atención por enfermedad diarreica aguda a menores de 5 años, diagnóstico y tratamiento de la desnutrición aguda y servicios de vacunación para este rango de edad.
En el programa de prevención de la mortalidad materna y neonatal los números rojos muestran menos actividad presupuestaria en servicios de atención prenatal oportuna, atención del parto limpio y seguro y planificación familiar.
Un fracaso anunciado
El fracaso en el combate a la desnutrición toma en cuenta múltiples factores. Flores enumera una serie de situaciones que pasan por criterios políticos, legales, discrecionalidad en la ejecución presupuestaria, programas clientelares y datos no actualizados, entre lo más relevante.
El parlamentario añade que la reducción de presupuesto afectó programas de Salud, como el subprograma 14 y algunos con baja ejecución, para trasladar fondos a carteras cuestionadas como el CIV. Asimismo, considera que la Sesán es una instancia sin fuerza política y legal para exigir el cumplimiento de metas del Poasán sobre los ministerios. “La ley no le da autoridad para cumplir con la asignación del presupuesto, mientras que el vicepresidente Guillermo Castillo, coordinador del Conasán, perdió poder político casi desde el inicio de su mandato”, expresó.
Jorge Pernillo, especialista en Seguridad Alimentaria y Nutrición, estima que una serie de eventos como la pandemia, la inflación por guerras, crisis políticas y el fenómeno El Niño han llevado a que familias y comunidades reduzcan las posibilidades de disponer y consumir alimentos nutritivos, a lo cual se suma la ausencia del Estado. Pone como ejemplo que comunidades inundadas en Chisec no tuvieron apoyo del gobierno. “Es un desprecio total por la vida de las personas afectadas”, opina.
A su criterio, la desnutrición es multicausal. Acciones como la Ventana de los Mil Días funcionan siempre y cuando el menor tenga las condiciones necesarias para no enfermarse o padecer hambre, una constante que no se ha logrado atender en Guatemala.
“Las estrategias, programas y acciones contra la desnutrición fueron propuestos con base en evidencia. Sin embargo, la administración pública ha sido incapaz de entregarlos con la calidad y cobertura necesarias y no se cuenta con sistemas de monitoreo y evaluación adecuados. Las acciones específicas contra la desnutrición que tienen presupuesto en el programa 14 de Salud no llegan a todos los niños, menos las demás acciones como asistencia agrícola, transferencias y otros, precisa. Sugiere que las propuestas de Incopas —instancia de sociedad civil que forma parte del Conasán— sean vinculantes a los programas y propuestas contra el hambre, y para ello “hace falta reformar la ley”.
El economista Enrique Maldonado valora dos aspectos más: la ineficiente ejecución presupuestaria con escasos resultados, debido a que en muchos casos las unidades ejecutoras son incapaces de gestionar, por desconocimiento. “Algunos empleados públicos no saben usar los mecanismos de contratación, por lo que se pierde el financiamiento”, puntualiza.
Por otra parte, hace énfasis en la creencia de que la desnutrición se combate solo con dar alimento a las personas, pero las causas estructurales permanecen como resultado de un modelo económico basado en la explotación laboral.
La Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos 2022 del Instituto Nacional de Estadística (INE) revela que el 34.2% de las personas se dedica a la actividad agrícola, y el jornalero tiene un salario promedio de Q1,337. Hasta junio, el costo mensual de la canasta básica era de Q3,735.73.
“Si no cambiamos esta realidad, el presupuesto de seguridad alimentaria continuará siendo solo una ambulancia que recoge a los heridos de ese modelo. Al final, a las autoridades no les interesa resolver nada, porque los niños no votan”, concluye.
Promesa de más de tres décadas
Girar la mirada hacia esta problemática ha tomado tiempo, sin mayores resultados. La primera Encuesta Nacional de Alimentación y Nutrición se llevó a cabo en 1965. Esta concluía que “durante los primeros tres meses de vida, la talla y el peso de los niños guatemaltecos son normales comparados con los estándares apropiados”, detalla Pernillo.
Pasaron más de 20 años para que se efectuara la I Encuesta de Salud Materno Infantil, en 1987. Desde esa fecha hasta el 2015 el combate a la desnutrición ha sido una promesa de campaña de cada presidente de turno.
“Solo se ha logrado una disminución del 16.7% en esta cifra, lo que equivale a un promedio de 0.50 puntos porcentuales por año, expone el consultor.
A menos de 40 días para entregar el cargo, la desnutrición registra cifras más elevadas que a inicios del mandato de Giammattei. En su discurso de toma de posesión dijo: “Los niños malnutridos son el gran fracaso de nuestro país. Son, ni más ni menos, que el espejo que nos muestra nuestro rostro más terrible. Ellos son el primer objetivo de este gobierno por los próximos cuatro años. No me voy a detener hasta que acabemos con la desnutrición de nuestros niños”.
