Un reporte del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (Sicoin) revela que, hasta julio, la dependencia ya ha ejecutado el 48% de su presupuesto Q846.4 millones del total para este año de Q1 mil 767 millones, que incluyen traslados Q40 millones que se le hicieron entre marzo y junio.
Sin embargo, el CIV no dispone del resto de recursos puesto que, de acuerdo con el mismo reporte, ya tiene comprometidos Q883.7 millones. En otras palabras, ya solo dispondría del 3% de sus recursos.
En una citación en el Congreso este miércoles 21 de julio con la bancada de la UNE, el ministro Javier Maldonado, que recién asumió el cargo el pasado 1 de julio, reconoció que los proyectos por los que Covial ha desembolsado sus recursos este año corresponden a deuda de arrastre del 2019 y 2020, que llegaría a Q831 millones.
Los legisladores afirmaron que, como Covial ya ha adjudicado concursos este año por Q262 millones, su presupuesto está sobregirado por Q170 millones.
El artículo 26 de la ley Orgánica del Presupuesto prohíbe la adjudicación de proyectos nuevos si estos no cuentan con una constancia de disponibilidad presupuestaria, conocida comúnmente como CDP, por tal razón los legisladores creen que se pudo haber cometido una ilegalidad y que las nuevas autoridades del CIV deben hacer la denuncia.
El viceministro de Infraestructura, Carlos Quiñónez quien también acudió a la cita, reconoció que Covial hizo una reprogramación de recursos por Q176 millones de eventos que ya contaban con CDP para utilizarlo en proyectos nuevos.
De acuerdo con Guatecompras, además del posible sobregiro de su presupuesto, este año Covial todavía tiene 33 concursos pendientes de evaluación y adjudicación pero que no contarían con presupuesto por lo cual, Maldonado afirmó que hacen un análisis para determinar si se anulan dichos procesos y si se hacen denuncias penales en contra del exministro Josué Lemus y del actual director de la referida unidad ejecutora.
¿Habrá recursos para el inverno?
El problema para el CIV es que Covial no tendría recursos para adjudicar nuevos concursos y es el ente responsable del mantenimiento de las carreteras. Legalmente no puede transferirse fondos de la Dirección General de Caminos (DGC) ni del Fondo Social de Solidaridad (FSS) o cualquier otra entidad cuyos recursos estén destinados a la inversión.
De necesitar más presupuesto tendría que solicitar al Ministerio de Finanzas recursos de otros ministerios o bien sea, pedir fondos de emergencia a través de un estado de calamidad, aunque esa medida tendría que pasar por el Congreso.
Maldonado se comprometió a elaborar un informe sobre Covial que indique qué concursos se adjudicaron y causaron el sobregiro, si son legales y qué acciones judiciales se podrían adoptar.
La preocupación crece porque la segunda parte del invierno está por comenzar.
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Históricamente la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) registra que en la segunda parte de la temporada de lluvias se registra la mayor cantidad de emergencias, gran parte de las cuales se trata de derrumbes en carreteras o socavamientos.
“Estadísticamente tenemos mayor registro de incidentes en septiembre y octubre”, expuso David de León, portavoz de Conred. En esa época coinciden la saturación de los suelos por la lluvia de la primera parte del año y el que se registra mayor actividad ciclónica.
En los inviernos del 2018 al 2020 se produjeron 5 mil 350 emergencias por la lluvia, el 83% ocurrió en la segunda parte del año. Del total de incidentes, el 25%, mil 367, se produjo en carreteras.
Rescindirán contrato
En la citación, los diputados también señalaron que hay un escaso ritmo de ejecución presupuestaria de la Dirección General de Caminos que llega al 40%, pero que corresponde a proyectos de otros años.
En la reunión, el titular del CIV dijo que están por rescindir el contrato para la construcción del viaducto de San Lucas Sacatepéquez, cuya construcción se iba a comenzar en abril pasado, pero que se detuvo por conflictos con la comuna de Mixco por el uso de una de las rutas alternas.
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Según Maldonado, “el diseño no sirve” y no va a “solucionar el problema”. “Vamos a rescindir ese contrato, porque ya analizamos el diseño y no sirve, entonces no vamos a seguir con algo que nos puede acarrear problemas solo por ejecutar el presupuesto”, enfatizó el ministro.
Ahora deberán comenzar desde cero un proyecto que es esperado con ansias por la industria turística del occidente del país y Antigua Guatemala desde hace más de dos años, ya que muchos capitalinos prefieren no visitar destinos en esa región porque los embudos en San Lucas Sacatepéquez pueden tardar hasta dos horas.
Por el manejo de Covial y de Caminos, Barrera calificó la gestión del anterior ministro como “un desastre”, porque este año podría terminar sin proyectos de inversión adjudicados porque si un proceso de adjudicación se sube en agosto, apenas se darían los primeros anticipos a finales de año.
Crítica
El ingeniero Julio Galicia, miembro de la Asociación de Ingenieros Jubilados de Guatemala, atribuye el letargo para la construcción de proyectos a la “cooptación de la clase política en las instituciones del Estado encargadas de hacer infraestructura”.
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“Ponen a dirigir ahí a personas que no tienen que ver con el tema, sino porque fueron candidatos a diputados o amigos de los políticos de turno, ese desconocimiento del tema es fácil que conduzca a la corrupción”, subrayó Galicia.
Lemus, el anterior ministro, participó en las elecciones generales de 2019 como candidato a diputado por el partido Vamos y ganó una curul por Quiché, al ser relevado a inicios de julio asumió la diputación.
La inexperiencia, añadió Galicia, deriva en falta de planificación y que se comienzan proyectos sin tener los terrenos o los derechos de vía.
