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La desigualdad de género comienza desde el momento de dar vida. La mortalidad materna es un riesgo elevado en el país, pues por cada cien mil nacidos vivos mueren 103 mujeres debido a complicaciones durante el embarazo, según cifras del Ministerio de Salud.
Tan solo en las dos primeras semanas del 2020 se registraron 12 decesos de mujeres por problemas durante el embarazo y el parto, casos que fueron atendidos en el sistema de salud pública. Nueve eran del área rural, la mayoría indígenas y con nivel de educación bajo, lo cual comprueba que las limitaciones socioeconómicas y demográficas son determinantes en este tema.
Los riesgos de muerte materna también están relacionados a la corta edad de las madres, pues en Guatemala las cifras de embarazos de niñas no dejan de alarmar. El año pasado el Ministerio de Salud reportó 2 mil 154 embarazos en menores de 14 años. El subregistro no se descarta, pues hay casos que no llegan a los servicios de salud, lo que pone en mayor riesgo la vida de las niñas.
Estos embarazos, según está tipificado en el Código Penal, son producto de una violación sexual, donde el 89% de los agresores resulta ser un pariente de la menor, lo que hace más difícil para la víctima denunciar el abuso, que las condena a una maternidad forzada.
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) realizó durante el 2019 un total de 7 mil 854 reconocimientos médicos por violencia sexual, de estos, cuatro de cada diez fueron practicados a niñas menores de 14 años.
La solicitud de dichas evaluaciones fue hecha por el Ministerio Público (MP), que recibió 10 mil 811 denuncias por delitos sexuales a mujeres, la cifra no especifica edad.
Por cada día de enero que recién pasó, el MP reportó 231 denuncias por delitos en contra de mujeres, niños y adolescentes. De estas, siete de cada diez están relacionadas con violencia de género, y dos de esas víctimas eran menores de edad.
Guatemala es considerado como uno de los países más inseguros, y ocupó el puesto 118 de 127 países en el Índice Internacional de Seguridad y Policía, detalla el informe Entre el suelo y el cielo desarrollado por Oxfam y la London School of Economics. No es de extrañar, entonces, que la violencia contra las mujeres llegue al punto de cegarles la vida. El MP ya conoció 74 casos de femicidio durante el primer mes del 2020.
A esto se añade que cuatro mujeres desaparecen diariamente. Los reportes de la Alerta Isabel Claudina acumulan 7 mil 460 casos desde el 2018, cuando se activó este mecanismo de búsqueda inmediata, y el 20% de los casos siguen sin aparecer. Siete de cada diez víctimas oscilan entre los 18 y 30 años.
Poco espacio para brillar
La desigualdad esta arraigada en la sociedad, que le restringe a ellas el derecho a la educación. El Censo Poblacional 2018 mostró que la cantidad de mujeres que no saben leer y escribir superan a los varones por seis puntos porcentuales.
Esta condición condena a su descendencia, pues según el informe de Oxfam y la London School of Economics, seis de cada diez niños cuyas madres nunca estuvieron escolarizadas padecen desnutrición crónica, una condición que frena el desarrollo de cualquier país.
Durante el período 2017-2018 se estimó que 141 mil 337 menores no estaban dentro del sistema escolar, de ellos, cerca de 92 mil eran niñas. Para la fecha, el panorama no ha cambiado, pues las mujeres, especialmente en las áreas rurales, son relegadas a las labores en el hogar.
El estudio de Oxfam menciona que las mujeres realizan cinco veces más tareas domésticas y de cuidado que los hombres.
Cuando logran ubicarse en el mercado laboral, ocho de cada diez se dedican a actividades de bajo nivel de productividad, señala el Informe Anual 2018 de ONU Mujeres. Ellas representan tan solo la tercera parte de la población económicamente activa del país.
Por si fuera poco, su condición de género las pone en un escenario de desventaja al momento de devengar un salario. Los ingresos mensuales de las mujeres corresponden al 67% del ingreso promedio de los hombres, agrega el documento.
Aunque ser indígena marca más la brecha. “Las desigualdades de ingresos no son el simple resultado de diferencias de productividad o del lugar que se ocupa en la empresa o la actividad económica, sino que están condicionadas por la discriminación étnica, de género y políticas públicas que marginan el área rural”, dice el estudio Entre el suelo y el cielo.
De esa cuenta, la mujer indígena rural en promedio recibe tres veces menos de salario que un hombre urbano mestizo.
La condición de la mujer en Guatemala es un panorama desafiante que debe cambiar y todos los sectores de la sociedad deben involucrarse para poner un alto a la violencia y discriminación hacia su género.
