El Sistema de Información Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Guatemala (Siinsan) reporta hasta el 16 de diciembre pasado 25 mil 237 niños con desnutrición aguda, con lo que se observa un incremento del 25.7% de casos comparado con los identificados el año anterior hasta esa fecha.
Pese a que el Ministerio de Salud no ha publicado la estadística del total de casos identificados en 2023, los datos que se tienen hasta mediados de diciembre pasado evidencia que la crisis fue mayor que la del 2022, que cerró con 20 mil 806 menores afectados, y la del 2021 que finalizó con 22 mil 40.
Los departamentos con las tasas de incidencia más altas por cada 10 mil menores de cinco años son Escuintla, Sacatepéquez e Izabal, en ese orden, tal como sucedió en 2022.
El aumento no solo se dio en el reconocimiento de casos, también en el reporte de niños fallecidos, pues para el 16 de diciembre se tenía registro de 54 muertes- cuatro más de las ocurridas durante todo el 2022-, y aún se investigan otras 76 defunciones para establecer si sucedieron por un cuadro de desnutrición aguda.
Fue mayo el mes en que más decesos hubo el año pasado, y los departamentos más afectados son Alta Verapaz y Huehuetenango, cada uno con una decena de casos.
Para el actual gobierno será un desafío reducir la desnutrición infantil en el país, un tema que ha sido abordado por las pasadas administraciones sin que haya un impacto mayor.
Pasos del nuevo Gobierno
En el plan de Gobierno de Bernardo Arévalo se plantea reducir en un 10% la prevalencia de la desnutrición en los niños menores de cinco años del país. El programa Protegiendo la Nueva Cosecha, que se dio a conocer durante la campaña electoral, busca atacar los problemas estructurales que originan esta condición en la niñez, como la falta de ingresos en los hogares, las precarias condiciones de vivienda, el saneamiento ambiental y el acceso a agua para el consumo humano.
El ministro de Salud, Oscar Cordón, mencionó en su primera conferencia de prensa el pasado 17 de enero que en los primeros 120 del gobierno se fortalecerán iniciativas sectoriales por la nutrición que involucran a distintos ministerios.
Se trabajará en tres etapas y en la primera se priorizarán siete municipios, y al final del año se incluirá otros 33 para llegar a 40, de los 110 que se han identificado en una situación crítica en cuanto a impacto de la desnutrición crónica y aguda, inseguridad alimentaria y falta de servicios básicos y saneamiento.
Puntos a tomar en cuenta
Jorge Pernillo, analista y catedrático de la Escuela de Nutrición de la Universidad Panamericana, plantea que para atender la situación de inseguridad alimentaria y desnutrición en Guatemala hay varios puntos a tomar en cuenta.
Menciona que en el país hay un aumento de inseguridad alimentaria “sin precedentes”, al igual que un incremento de casos de desnutrición aguda, como lo indica una evaluación realizada por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) el año pasado, en la cual se señala un crecimiento cercano al 26% de población afectada entre 2022 y 2023.
Por otro lado, debido a que no se han actualizado los datos de la Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil, pues la última corresponde al 2014-2015, no se tiene información que muestre el comportamiento de la desnutrición crónica infantil en el país. Aunque, dice Pernillo, que de 1986 a 2015 esta se ha reducido 16.7%, a un ritmo de 0.5% por año.
A criterio del analista, factores estructurales, como el hambre estacional, mantienen a la población en vulnerabilidad, a lo que se suman el efecto de eventos naturales, la recién pandemia del covid-19, los conflictos internacionales e inestabilidad política que han reducido los medios de vida de la gente, encarecido insumos agrícolas y alimentos. De esa cuenta, se hace necesario y urgente dar asistencia a las comunidades.
“La enfermedad y la falta de servicios es una de las causas inmediatas de la desnutrición y por lo tanto debe ser la primera línea de atención y prevención”, refiere el analista.
Además, de trazar un plan de asistencia de emergencia que priorice territorios para asegurar y entregar de forma inmediata servicios de salud a todos los habitantes, para ello, los censos tienen que estar actualizados y buscar rehabilitar la participación comunitaria en el proceso.
En dicho plan, menciona, se debe considerar la asistencia alimentaria para las familias que sean identificadas en inseguridad alimentaria aguda o moderada y que estas sean atendidas inmediatamente, con acompañamiento de los programas sociales de gobierno, que deben ser monitoreados para medir su avance e impacto en las familias.
“Los recursos para ejecutar el Plan de Emergencia tienen que ser extras a lo programado para las actividades habituales de los ministerios. En el caso del Ministerio de Salud el presupuesto asignado para las ‘brigadas nutricionales’ debe ser reorientado a fortalecer las redes de servicios para que lleguen a toda la población”, señala.
Para atender las causas determinantes y estructurales que provocan la desnutrición crónica, Pernillo dice que hace falta rescatar los servicios públicos y ampliar la cobertura y calidad de atención.
“Las propuestas del plan de Gobierno de Semilla son compatibles con las acciones que tienen evidencia para reducir la desnutrición crónica, sin embargo, reducirla en 10% no será posible, pero se puede marcar un camino para que en 10 años tengamos niños y niñas mejor nutridos”, agrega.
