De acuerdo con el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) del Ministerio de Finanzas, el Mides cuenta con una asignación de Q1 millón 275 mil para dichas transferencias, y al 25 de julio la ejecución era de 60.82 por ciento.
Es un presupuesto insuficiente para apoyar a las niñas que son abusadas y que se convierten en madres a temprana edad.
De acuerdo con la doctora Mirna Montenegro, del Observatorio de Salud Reproductiva (Osar), el programa Vida es necesario para atender a las niñas víctimas de violencia sexual y embarazadas, pero este no responde a las necesidades reales del país. Al ver los reportes, el año pasado cerró con 2 mil 124 niñas entre 10 y 14 años embarazadas, mientras que en el primer semestre de este año los casos suman 1 mil 106.
Las historias se centran en menores que viven en extrema pobreza, en el área rural, y el programa no prioriza los departamentos de Alta Verapaz, Huehuetenango, Quiché, los cuales acumulan la mayor cantidad de agresiones sexuales a niñas madres.
El presupuesto de Q1 millón 275 mil sólo alcanza para cubrir a una de cada diez de las víctimas que se registran en un año, lo lamentable es que dentro de esa cifra se ubican casos de años anteriores.
“No es suficiente si el objetivo es atender a las niñas embarazadas que viven en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, con ese presupuesto solo se podría atender al 10 por ciento por año, son como 270 niñas dando tres bonos al año de Q1 mil 500 en cada transferencia”, refiere Montenegro.
Para obtener esa ayuda, el periplo que las niñas madres deben seguir es de meses y hasta años, los requisitos y papelería que deben llenar son complejos. No es una opción para todas, pues una de las condiciones es que su caso sea judicializado -que tenga medidas de protección y seguridad-, lo que lleva tiempo. El programa puede demorar años para incluirlas como beneficiarias.
“Le estamos apostando a que de manera urgente se reforme el Programa Vida. Primero que la asignación presupuestaria por parte del Estado sea mayor, y luego que se establezca una cantidad específica para beneficiar a las menores. El manual dice que la transferencia monetaria debe ser de forma periódica, pero la interpretación de esa periodicidad es muy subjetiva”, dice Vicky Maldonado, coordinadora de programas en el Osar.
Caso impulsa iniciativa de ley
Tenía 12 años cuando fue agredida sexualmente. Angelina, una menor de origen q’eqchi’ fue abusada por el capataz de la finca en donde vive, en Alta Verapaz. Dar a luz gemelos sería el deseo de cualquier madre, pero para la niña sus sueños se quebraron por partida doble.
Su madre llegó al Ministerio Público para poner la denuncia y que dieran con el agresor, pero fue hasta un año más tarde que las autoridades lo capturaron. En el juicio no hubo quién representara a Angelina. Ni la víctima ni su mamá fueron convocadas, el Osar intentó intervenir para resguardar los derechos de la menor, pero el juez lo impidió.
El Código Penal establece que una violación ocurre cuando la víctima es menor de 14 años, pero el Código Procesal Penal dice que el agresor no recibirá libertad condicional si la menor es de 12 años.
Durante la audiencia tanto el MP como el juzgador establecieron que, por haber dado a luz a la edad de 13 años, Angelina no tenía 12 cuando fue violentada y por lo tanto el agresor obtuvo medida sustitutiva, quedó en libertad.
Lea también: Una línea telefónica recibe cada mes 11 denuncias de embarazos de niñas
La audiencia del juicio fue programada para el 2025. Mientras tanto, no hay nada que impida que el abusador conviva en el mismo territorio que ella, que la siga acosando y que afecté la paz de la familia.
El caso de la niña de Alta Verapaz se repite en otros escenarios del país y con otras víctimas. Para frenarlo, un grupo de diputados presentó en el Congreso de la República la iniciativa de Ley Angelina, por la justicia para las niñas sobrevivientes de violencia sexual, que busca proteger a los menores y que se prohíba la aplicación de la medida sustitutiva en casos de violación a menores de 14 años, según la legisladora Ligia Hernández.
Montenegro menciona que en febrero del 2020 Angelina ingresó al Programa Vida, la primera transferencia la recibió en junio de este año, por presión de Hernández, a la joven le entregaron Q3 mil, la llevaron a un supermercado para que comprara lo necesario, gastó Q1 mil 200 y tuvo que pagar Q200 al vehículo que la transportó hasta su comunidad.
En San Pedro Carchá, Alta Verapaz, una niña de 12 años dio a luz a un bebé de seis libras, lamentablemente el pequeño murió cuando tenía 4 meses, con un peso de cuatro libras. El caso fue transferido al Mides desde que ella estaba embarazada, y no avanzó. La menor es una de las víctimas que perdió su casa por el paso de las tormentas Eta e Iota.
De acuerdo con el Osar, en el primer semestre del 2022, en ese departamento hubo 145 nacimientos en niñas entre los 10 y 14 años. Alta Verapaz es el departamento con el mayor número de denuncias por violación a menores, sin embargo, las capturas y juicios son mínimos.
Según Montenegro, el Programa Vida no ha sido monitoreado para conocer el impacto en la vida de las niñas y sus bebés. Este carece de enfoque de derechos y de pertinencia cultural, “debe incrementarse el presupuesto a este programa para que responda a la realidad de las niñas (son 2 mil 400 embarazos anuales) y contener acciones de empoderamiento para ellas” y que tengan la posibilidad de continuar en la escuela.
Durante varios días se buscó que el Mides diera respuesta al por qué de la baja cobertura del programa y detalles del presupuesto, pero al cierre de esta edición la solicitud no fue atendida.
La justicia es lenta
En el 2021 según información del Osar y que ayudó a fundamentar la propuesta de iniciativa de ley, un total de 2 mil 124 niñas entre 10 y 14 años resultaron embarazadas, el Código Penal establece que estos casos son violaciones. Solo 253 agresores tienen prisión preventiva.
Para abril de este año las denuncias relacionadas de niñas que se convertirían en madres sumaban 712, hubo 271 órdenes de aprehensión contra los agresores, pero 199 de ellos lograron medida sustitutiva. El 73 por ciento quedó en libertad.
