Para Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, es un error creer que la pobreza es el único factor que motiva a hombres, mujeres, niños y niñas a migrar y abandonar sus hogares.
Las personas huyen de gobiernos que violan derechos humanos, que se niegan a proteger a su ciudadanía del crimen organizado. La migración se explica en el menoscabo a las comunidades indígenas y en las múltiples agresiones contra defensores de derechos humanos, perpetradas por los mismos agentes estatales con
total impunidad, explica Guevara Rosas en entrevista con Prensa Libre.
Desde 2018 al menos nueve caravanas de migrantes de Honduras, Guatemala y El Salvador han partido a EE. UU. en busca de mejores oportunidades, ¿Cómo se interpretan estos desplazamientos en bloque?
Particularmente en Centroamérica las personas han encontrado esta nueva forma de migrar. Lo que busca es mitigar las graves violaciones a derechos humanos a las que se enfrentan en el tránsito a sus países de destino. En México hemos documentado gravísimas violaciones a los derechos humanos que van desde la desaparición forzada hasta las ejecuciones cometidas en colusión con autoridades del Estado que, durante muchos años, han cobijado a los grupos del crimen organizado que se benefician del drama humano de la migración.
Si los índices de desarrollo humano no mejoran habrá más caravanas migrantes en el futuro, ¿Qué medidas deben adoptar los Estados para atender estas movilizaciones?
Es importante reconocer por qué las personas salen de manera masiva de los países centroamericanos, particularmente del Triángulo Norte de Centroamérica. Se debe a la falta de protección de sus Estados. Huyen de la violencia. Hay niños y niñas que viajan porque sus familias prefieren que se vayan a que sean reclutados por el crimen organizado.
Y esto no tiene que ver únicamente con el desarrollo económico. Sería un error pensar que solo se trata de personas en situación de pobreza. La pobreza es el resultado de la violación de derechos humanos con total impunidad. En el caso de Honduras no existen investigaciones expeditas e imparciales contra la violencia a defensores de derechos humanos, ni de cómo el gobierno protege intereses económicos de unos cuantos en menoscabo de los derechos humanos de las grandes mayorías. Se propician proyectos de desarrollo a través de empresas extractivas que comenten graves abusos a comunidades en pueblos indígenas o afrodescendientes.
Esto demuestra la necesidad de garantizar la rendición de cuentas y justica en los países de origen. Ese es un primer paso para prevenir la migración forzada y masiva.
¿Existen esfuerzos genuinos de los gobiernos para revertir las causas que promueven la migración?
Los esfuerzos son insuficientes, hay negligencia. El mundo se ha enfrentado a una pandemia sin precedentes y hay un contexto de tragedia en los países centroamericanos. No hay políticas para la protección a los derechos de la vida y a la salud. Al contrario, se reprimió a las personas usando como pretexto los contagios. En El Salvador, durante los primeros meses de la pandemia, se detuvo a personas por, supuestamente, romper el confinamiento forzado del gobierno y se les encerró en condiciones inhumanas, donde algunas se contagiaron. Lo mismo sucedió en Guatemala y Honduras.
No ha habido esfuerzos para revertir estas violaciones a los derechos humanos que obligan a las personas a abandonar sus hogares.
Algunos sectores priorizan la facultad soberana de los Estados para detener la migración por encima del derecho que tienen las personas a migrar, ¿Cómo pueden ejercer los Estados su soberanía sin violentar derechos humanos?
Hay que entender que la soberanía y el respeto a los derechos humanos no son dos cosas contrarias. La soberanía tiene que ver con cómo los Estados disponen de las legislaciones para garantizar que se cumplan las obligaciones internacionales y nacionales en materia de derechos humanos, entre otras cosas. Ese uso retórico de la soberanía, de la seguridad nacional por encima de los derechos humanos, es una narrativa errónea que muchos líderes políticos utilizan para alentar a su población a rechazar a estos grupos de personas que requieren ser atendidos y de protección especial.
Los gobiernos suelen justificar que las caravanas son impulsadas por pequeños grupos con intereses políticos, ¿Cómo califica esa narrativa?
Esa narrativa la utilizan para explicar todos los fenómenos. Cuando vemos protestas multitudinarias que exigen rendición de cuentas es el mismo discurso: “están organizados por un grupo o el otro”. Y dependiendo del espectro político, culpan a la izquierda o a la derecha.
Esa narrativa es constante de los gobiernos que han perdido la capacidad de diálogo con su ciudadanía y también capacidad de entender que los derechos humanos no pueden ser violentados y se tienen que respetar sin discriminación.
