“Agarraban un número y lo buscaban replicar e imprimir varios para vender espacios. Hay personas que pagaban hasta Q500 por un lugar”, indicó Mena.
La funcionaria dijo que los tramitadores llegan desde las tres de la mañana para “adueñarse del lugar” e incluso presionar a las personas para su propio beneficio y cobrarles.
“Eso sucede desde hace muchos años, pero el año pasado se dio la crisis más fuerte de abusos para la población”, añadió Mena.
La vocera de Migración abogó por la denuncia ciudadana porque, sin importar si hay desesperación por los usuarios, no deben pagar por trámites ilegales.
Los tramitadores podrían ser denunciados por estafa o algún otro delito. Los usuarios pueden denunciar ante Migración o ante el puesto de la Policía Nacional Civil (PNC) ubicado en donde se procesan los pasaportes.
