Cientos de campesinos maya ch’orti’ que habitan el Corredor Seco al este de Guatemala han atenuado los efectos del cambio climático en sus comunidades con técnicas de cosecha sostenible, de seguridad alimentaria y de economía familiar con un proyecto de investigación agrícola.
Son al menos siete comunidades aledañas al municipio de Olopa, en el departamento de Chiquimula, 220 kilómetros al este de la Ciudad de Guatemala, donde 175 familias participan desde 2019 en el programa de investigación “Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria (CCAFS, en inglés)” del Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional (CGIAR).
Los participantes, como Ángela Ramos Ramírez, de 40 años, casada con un jornalero y madre de siete hijos, implementan algunas de las 13 prácticas agrícolas en constante perfeccionamiento, como huertas de hortalizas con techo y riego por goteo, captación de agua de lluvia, rotación de cultivos de maíz y frijol y reservas para producción de peces y riego, entre otras, con ayuda de la Asociación Regional Campesina Ch’orti’ (Asorech).
“Hemos aprendido y nos ha ayudado bastante en la alimentación. Ahora ya sembramos y cualquier planta que encontramos, ya tenemos para comer”, dice Ramos Ramírez.
“Ya no es como antes que no sabíamos ni cómo preparar el cultivo, pero hoy ya sabemos, con las capacitaciones”, añadió Ángela, en referencia al programa “Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria”, liderado por la Alianza de Biodiversity International y el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT).
En su parcela, de 14 hectáreas, Ángela ha aprendido a cultivar yuca, quilete, chatate, acelga, cebolla y cilantro, además de captar el agua de lluvia, construir un estanque para peces tilapia y regar con la misma agua a sus hortalizas, así como experimentar con una red captadora de agua de la neblina.
Las prácticas son innovadoras, especialmente en el Corredor Seco de Guatemala, un país de 16.3 millones de habitantes, donde el 59 % de la población vive bajo el umbral de la pobreza y un 20 % lo hace en pobreza extrema.
Angela Ramos en su parcela, en Olopa, Chiquimula, donde emprenden proyectos productivos para contrarrestar los efectos del cambio climático. (Foto Prensa Libre: EFE)
La seguridad alimentaria
En la comunidad de Tuticopote, aledaña a Olopa, otras 25 familias cultivan repollo, brócoli, tomate, cebolla y cilantro, para que, con la variedad, se nutra cada núcleo familiar, pero también se vendan productos a terceros y así mejorar las condiciones de vida.
“Como nos capacitaron antes de la pandemia, nos enseñaron cómo consumir y no pasamos hambre. Todos los vecinos decían que cómo iban a comprar un tomate fino y nosotros se los vendíamos uno por quetzal (13 centavos de dólar). También vendimos cebolla y cilantro. El grupo en el que estamos trabajando no pasamos hambre”, contó Ángela.
Su vecina, Marta Julia Valdez Agustín, de 48 años y madre de ocho hijos, también ha vivido una grata experiencia con la agricultura sostenible y, principalmente, con la ilusión que le hacen los más de 100 peces que están próximos a estar listos.
Valdez relató que vendió cilantro en junio y obtuvo Q150 (19.3 dólares, aproximadamente) y en el último viaje que hizo en septiembre sumó otros Q100 (12.9 dólares), que en la zona y condiciones en las que vive, hacen la diferencia para subsistir.
Potencial en tierra seca
El investigador y coordinador del proyecto Territorios Sostenibles Adaptados al Clima (Tesac), de la Alianza de Biodiversity International y el CIAT, el colombiano Jesús David Martínez, explicó cómo los procesos implementados en las comunidades también han sido a prueba y error y por aprendizajes de otros espacios similares en otros países.
Un ejemplo es el desarrollo de las tilapias, precisamente, que pueden generar “mejores ingresos con su venta”, pues “es el pez que mejor se adapta a las condiciones climáticas” y se “puede cultivar con estanques sin oxigenación al bajar la densidad de población a diez peces por metro cúbico de agua. Y funciona”, enfatiza.
Martínez ve un fuerte “potencial para producir y vender cosechas y peces” a los habitantes del departamento de Chiquimula, la cabecera departamental de la región donde se encuentra Olopa, e incluso en la Ciudad de Guatemala.
El esfuerzo en el que trabaja Martínez constituye una colaboración estratégica de 15 centros de investigación, considerado como “el más integrador que se haya emprendido hasta la fecha para abordar las interacciones que hay entre el cambio climático, la seguridad alimentaria, los medios de vida de la población rural y el manejo del medio ambiente”, según indicó la comunicadora de la Alianza, Adriana Varón.
Por su parte, la directora regional para América Latina del programa CCAFS, Deissy Martínez Barón, aseguró que, aunque el proyecto concluye al finalizar el año, las “capacidades, propuestas y planes en curso tienen una continuidad garantizada como socios locales e iniciativas próximas a implementar en la región”.
El programa, en opinión de Martínez Barón, deja un legado de “fortaleza en las capacidades de los agricultores y las comunidades asociadas” y ahora los productores están “sensibilizados en la relación clima-cultivo y así poder entender la información”.
Guatemala es el segundo país más vulnerable al cambio climático en América Latina y el undécimo del mundo en exposición y vulnerabilidad, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que pronostica, además, que para 2050 en la nación centroamericana las lluvias disminuirán hasta en un 12 % y para 2070 podrían caer hasta en un 28 %.
