Factor Méndez, integrante de la comisión de libertad de prensa de la APG, señaló que esta fecha sería para celebrar, pero al contrario, están denunciando los ataques sistemáticos que de parte de sectores oficiales del gobierno y de los tres poderes del Estado han iniciado para atacar a medios de comunicación, a comunicadores sociales, a periodistas y en general a los integrantes de la prensa nacional.
Añadió que lo anterior se da seguramente porque las informaciones, las investigaciones periodísticas y la labor cotidiana de los medios de prensa en informar a la población les incomoda.
“Por esa razón la ofensiva en contra de la libertad de expresión, de pensamiento, de prensa y de información se ve seriamente amenazada por la actitud intolerante de las autoridades de gobierno y de los tres poderes del Estado”, manifestó Méndez.
Por medio de un comunicado, la APG manifestó que “la seguridad de los periodistas y las garantías para el libre ejercicio periodístico continuaron deteriorándose durante el segundo año del gobierno de Alejandro Giammattei”.
Señaló que del 1 de enero al 31 de octubre de 2021, el Observatorio de los Periodistas de la APG registró 116 casos de ataques y restricciones de distinta índole contra medios de comunicación y periodistas, una cifra apenas menor a la reportada en el mismo periodo del 2020, cuando se contabilizaron 124 casos.
En el mismo lapso de este año, la Fiscalía de Delitos cometidos en Contra de Periodistas del Ministerio Público (MP) recibió 73 denuncias, mientras que la Defensoría de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) conoció 120 casos contra medios y comunicadores.
La APG señaló que “las autoridades estatales son las principales responsables del incremento alarmante de los actos en contra de la prensa. Solo durante este año, el Observatorio de los Periodistas identificó 48 actos en los que están involucradas autoridades y empleados de distintos niveles del Estado. De estos, 39 están relacionados con miembros de la Presidencia, Congreso, Organismo Judicial, MP, Corte de Constitucionalidad y Tribunal Supremo Electoral (TSE)”.
A estos se suman otros hechos que se desconocen sus autores, pero se sospecha fuertemente de la responsabilidad de funcionarios gubernamentales, como las campañas de acoso y difamación en plataformas digitales, los ataques a portales de medios de comunicación y la suspensión de cuentas en redes sociales de medios de comunicación y periodistas, por las denuncias masivas recibidas por esos sitios.
Afirma que también existen casos como las declaraciones despectivas y estigmatizadoras hacia los medios de comunicación, la negativa a brindar declaraciones o información por parte de los funcionarios, las restricciones injustificadas para que la prensa cubra reuniones donde estos participan o las respuestas coléricas a reporteros por parte de autoridades, para evitar responder preguntas que les incomodan.
La APG enfatizó que uno de los fenómenos que más se repitieron este año, como en los anteriores, son las campañas difamatorias en redes sociales. Solo en este periodo, el Observatorio de los Periodistas registró 19 de estos, las cuales son iniciadas y replicadas por netcenters que actúan con el beneplácito de las autoridades y muy posiblemente, se financian con dinero mal habido y malversado de las arcas públicas.
Censura en redes sociales
Otro de los preocupantes fenómenos que ha incrementado en los últimos meses es la censura en redes sociales por medio de la eliminación de contenido periodístico o la suspensión provisional de cuentas de medios y periodistas.
Esto ocurre no solo por el cambio de políticas de las plataformas digitales, sino también por las denuncias masivas que estas reciben cuando se publican noticias o investigaciones que hacen alusión al poder político, señaló la APG.
“Continuamos atestiguando también cómo el poder político o sectores vinculados a este prosiguieron empleando el derecho penal para arremeter en contra de la prensa, mediante denuncias espurias o allanamientos injustificados como los registrados recientemente en El Estor, Izabal, durante el Estado de Sitio”.
Advierte que “la cooptación del sector justicia por parte de Giammattei y sus aliados políticos acrecienta el temor que estos procesos culminen en el encarcelamiento, sentencias condenatorias a comunicadores o la imposición de exorbitantes multas a medios de comunicación, debido a sus publicaciones o investigaciones que involucren a funcionarios estatales o allegados, como familiares, amigos o financistas”.
También señaló que “el servilismo de la fiscal general, María Consuelo Porras Argueta, hacia el mandatario, congresistas y otros funcionarios de alto nivel, y su perverso interés de tomar represalias contra la prensa, podría ocasionar que reviva o continué acelerando las pesquisas contra periodistas, aunque estas carezcan de fundamentos y pruebas, y por el contrario, entorpezca investigaciones que se encuentren en la Fiscalía de Delitos contra Periodistas”.
Afirmó que caso similar ocurría con la Corte Suprema de Justicia (CSJ), electa de forma opaca hace más de 6 años y que continúa en el cargo de forma irregular dos años después, y la Corte de Constitucionalidad (CC), que con sus resoluciones buscarían castigar a miembros de la prensa, pero podrían salvaguardar a funcionarios o exfuncionarios involucrados en ataques contra periodistas, como en el caso de agentes de la PNC o uno de los casos más emblemáticos de un excongresista procesado por el asesinato de dos reporteros en marzo de 2015 en Suchitepéquez.
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La APG enfatizó que “es fundamental recalcar que estos depredadores de la libertad de expresión enquistados en el Estado no solo restringen este derecho a los integrantes de la prensa, sino también a la ciudadanía que manifiesta o muestra su descontento contra figuras políticas, principalmente contra el presidente Giammattei. Es usual que durante protestas públicas la ciudadanía sea víctima de acoso policial o sea individualizada por la policía, simplemente por manifestar su rechazo hacia las autoridades”.
El comunicado añadió que estas acciones contra periodistas y población continúan por los lineamientos del ministro de Gobernación, Gendri Reyes, quien continúa en el puesto y sin ser procesado por las violaciones a los derechos humanos y abusos cometidos durante las jornadas del 21 y 28 de noviembre del 2020-
Adviertes que el interés de Giammattei y demás autoridades estatales por menoscabar la libertad de expresión provocará que este gobierno se convierta en el período con más ataques hacia la prensa y que el ambiente de trabajo para los periodistas sea cada vez más difícil, lo que podría alcanzar niveles de intolerancia, violencia y censura como los experimentados en Nicaragua, con la dictadura de Daniel Ortega, y Honduras, con el régimen autoritario de Juan Orlando Hernández.
Periodistas marchan en la capital
Bajo el lema “Prensa contra la censura y no nos callarán” periodistas independientes marcharon este día desde la Plaza Central a Casa Presidencial para exigir respeto a la independencia y libertad de expresión y denunciar las diferentes agresiones y ataques que han existido en contra de los periodistas qué investigan y denuncian a los funcionarios públicos.
Héctor Coloj, coordinador del Observatorio de los Periodistas e integrantes de la comisión de Libertad de Prensa de la APG, señaló que aunque no ha culminado el segundo año del gobierno actual, es el periodo en el que más agresiones se han registrado y ha habido un retroceso en comparación con los antecesores.
“Lo cual nos hace temer que la libertad de expresión y las garantías para que los periodistas puedan realizar su labor sin ningún tipo de restricción, ni presión, ya sea por presiones del poder público, de sectores políticos o sectores económicos”, manifestó.
Marielos Monzón, periodista y columnista, señaló que el país entero atraviesa una regresión autoritaria. Añadió que “la democracia en Guatemala está en peligro y otros derechos y libertades como el de manifestación, como el del ejercicio de libertad de expresión. Se manifiesta este retroceso democrático”.
Añadió que actualmente se enfrenta una situación de ataques, “múltiples ataques de diferentes formas” contra medios y periodistas independientes.
Señaló que estos ataques van desde campaña de odio, campañas de hostigamiento en la redes sociales y el uso del derecho penal a través de demandas que no tienen sustento.
Dijo que ven en los departamentos y en lo local la persecución a periodistas.
“Estamos muy preocupados porque hay muchos ataques contra la libertad de expresión y contra el periodismo”, expresó Monzón.
Añadió que el MP persigue a periodistas y no le está prestando atención a las denuncias interpuestas por acoso a su trabajo.
Evelyn Blanck, coordinadora del Centro Civitas, dijo que este gobierno se convierte en un régimen opaco. Añadió que las agencias de la comunicación social y política del gobierno deberían trabajar arduamente para informar y no para monitorear o fotografiar periodistas, ya que esto afecta el derecho de la ciudadanía a ser informada de la gestión pública.
Lectura del comunicado de la @APG_1947 frente a Casa Presidencial por un periodismo libre de censura, acoso y hostigamientos#DíaDelPeriodista@prensa_libre pic.twitter.com/Gn9Qadz13u
— Mariajosé España (@mespana_pl) November 30, 2021
